Dice Carmen Calvo, la
nueva Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, que “un Gobierno para
tres días es tomar el pelo a los ciudadanos”; y lleva razón la Vicepresidenta.
Un gobierno ha de tener vocación de continuidad, pues, en tres días, nada es
posible hacer, aunque cada gobierno ha de enfrentarse a la realidad que le toca
vivir y, al parecer, ni PP, ni Podemos, ni Ciudadanos están dispuestos a dar
100 días de gracia a Pedro Sánchez y declaran ya la guerra a su gobierno en el
Congreso (es el papel de la oposición), donde explotarán la minoría
parlamentaria del PSOE, dado que el asunto catalán y la exigencia de no
empeorar ni un solo dato económico serán las bases principales de la oposición.
En efecto, al margen de la evolución de la Economía, el conflicto territorial
es el asunto más preocupante para los ciudadanos y, así las cosas, Sánchez
ofrece al supremacista Torra legalizar parte del Estatut que anuló en su día el
TC, fulminando así la unidad constitucionalista al anunciar una reforma
“urgente” de la Carta Magna con el aplauso del President catalán y las críticas
de PP y Ciudadanos, olvidando, en todo caso, que cualquier reforma
constitucional de calado requiere una mayoría cualificada en el Congreso de los
Diputados, con lo que Batet, la Ministra del ramo, vende en Cataluña una
reforma constitucional que necesita obligadamente al PP para ser posible; la
ministra dice que es “viable” y los populares sostienen que, en todo caso,
sería “sin concesiones”, mientras Sánchez y los moderados del PDeCat (faltan
los no moderados, ERC y la CUP) buscan sitio al diálogo, que, en ningún caso
podría ser un diálogo de sordos. Y en este delicado trance sobre el preocupante
conflicto territorial, Baleares crea, al mejor estilo fascista, una oficina de
denuncias a funcionarios que no usen el catalán (dicho de otro modo, que usen
el castellano, lengua cooficial con el catalán en la zona), mientras,
incomprensiblemente, los socialistas vascos piden transferir Prisiones en el nuevo
Estatuto (sólo faltaría que ni los presos tuvieran una igualdad de trato dentro
de España), en tanto que una cadena humana por el inexistente “derecho a
decidir”, al mejor estilo del secesionismo catalán de hace unos años, cruza
Euskadi, pues el PNV, al igual que la vieja Convergencia catalana, toma la
calle para exigir la vía soberanista en el País Vasco. En definitiva, los
chantajistas socios de Sánchez, le exigen ahora que el “derecho a decidir”
(eufemismo del derecho a la autodeterminación, perfectamente definido por
Naciones Unidas y sin cabida en Estados democráticos, como España) esté en la
Constitución y, mientras tanto, piden una Justicia y Agenda Tributaria propias,
entre los puntos del nuevo Estatut que el Gobierno propone debatir y, por su parte,
PP y Ciudadanos denuncian que .... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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