FIELES A LA CONSTITUCIÓN

                        Como era de esperar, a medida que se acerca la fecha de celebración del esquizofrénico referéndum independentista, los funcionarios se rebelan ante su manifiesta ilegalidad, que reconocen hasta algunos partidos que lo apoyan, por lo que secretarios e interventores municipales subrayan que serán “siempre fieles a la Constitución Española”, mientras los sindicatos exigen garantías de que los empleados públicos “no tendrán que acarrear con las consecuencias del 1-O”. Por su parte los políticos, salvo quienes nítidamente se ponen del lado de la Legalidad y, por tanto, de la Democracia (como PP y Ciudadanos), andan enredados en demagógicas propuestas que van desde el apoyo incondicional al totalitario referéndum (como la CUP, ERC o PDeCat) hasta su rechazo con matices y ambigüedades calculadas sobre el “procés” (como el PSOE-PSC), pasando por quienes demagógicamente lo apoyan como protesta pero no como referéndum (como los populismos incardinados en IUPodemos, Compromís, Mareas, el partido de Colau y compañía). En efecto, Sánchez, que rechaza el referéndum, se dispone, para contentar a los soberanistas y sobre todo al PSC, a presentar el viernes más dinero y una reforma constitucional, seguramente a la carta para el acomodo del catalanismo separatista, en una oferta a Puigdemont en tres fases a “corto, medio y largo plazo”, que incluirá más inversiones, mejor financiación y abrir la Comisión de la Carta Magna, pretendiendo convencer al totalitario independentismo con el argumento de que Alemania y Bélgica tienen “naciones sin Estado”, cuando saben, en todo caso, que la pretensión del catalanismo es crear precisamente un Estado propio desgajado del Estado Español. Por su parte, Colau cede definitivamente a las presiones y colaborará con el referéndum, poniendo el Ayuntamiento de Barcelona a su disposición y comprometiéndose a dar “todas las facilidades para que el uno de octubre tenga el máximo éxito”, en tanto que Iglesias la respalda y llama a los ayuntamientos catalanes a “facilitar por todos los medios” la votación ilegal. Y, mientras Rajoy invocará el Estatut para frenar a Puigdemont (la Abogacía del Estado defenderá ante el Constitucional que la Ley del Referéndum vulnera el articulado de la norma institucional catalana y, obviamente, la Constitución de la que emana), éste quiere que su vicepresidente, Junqueras, sea máximo responsable de la consulta… Pero, amigo mío, ¿quién le pone el cascabel al gato? La respuesta es obvia, Junqueras rechaza la generosa oferta de Puigdemont para que coordine el referéndum y sólo aceptaría a condición de implicar a los consejeros del PDeCat, en tanto que a ls que se les ha consultado exigen garantías de que no está en peligro su patrimonio. Ya ven, “la pela es la pela”. Y entretanto la Generalitat trata de evitar además que Artur Mas, quien junto a tres exconsejeros se enfrenta a una responsabilidad de 5´1 millones de euros, pague el gasto del esperpéntico 9-N mediante un escrito al Tribunal de Cuentas por el que atribuye a los funcionarios la autorización del coste de la consulta. Ya ven la calaña de estos... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)