BURLAR Y HACER BURLAR LA LEY

                        Cuando el esencial cometido de cualquier gobernante de un democrático Estado de Derecho es “cumplir y hacer cumplir” la legalidad, en España sucede todo lo contrario, pues del cerril comportamiento de Puigdemont, anticipando que no acatará una hipotética inhabilitación por parte del TC si convoca el referéndum ilegal y llamando a los catalanes a la rebeldía civil frente al Estado, se evidencia claramente que su esencial cometido, como representante principal del Estado en Cataluña, es “burlar y hacer burlar la Ley”. En efecto, los actuales gobernantes de la Generalitat con Puigdemont a la cabeza, echados al monte del totalitarismo, tras el ultimátum del Gobierno del Estado ordenándoles identificar por su nombre en cuatro días a los interventores encargados de impedir gastos para el ilegal 1-O y advirtiéndoles de su “responsabilidad penal o contable” si mienten, si lo retrasan o si se equivocan conscientemente en su cometido, desafían al Ejecutivo de turno, en este caso al de Rajoy, a que culpe de la ilegal consulta a todo el Govern en pleno, según expresa su portavoz Turull, mientras el independentismo abre dos cuentas bancarias en busca de donativos ciudadanos para costear las posibles sanciones que reciban sus dirigentes insumisos. Entretanto, se genera un cierto estado de alarma en las empresas por semejante desafío secesionista (el 74% de los ejecutivos, según Deloitte, cree que el pulso en Cataluña afecta negativamente a la economía) y escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal: dice Serrat “yo no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría”, añade Eduardo Mendoza “es un proceso descarrilado, el tren corre fuera de las vías” y remata Juan Marsé “la consulta es rigurosamente incompatible con el Estado de Derecho”… y todos ellos son de indudable catalanismo. Pero, erre que erre, Puigdemont, como si dependiera de él, asegura, desafiando al Tribunal Constitucional, que, si se produce, no acatará su inhabilitación e, inhabilitado o no, seguirá siendo el mandamás en Cataluña, mientras planea “elecciones constituyentes” tras la ilegal consulta, pues, si las hiciera coincidir con el 1-O tendría que convocarlas antes del 8 de agosto… aunque, teniendo en cuenta la calaña totalitaria del personaje, se puede esperar cualquier cosa. Mientras tanto, Cataluña urge al Estado 1.760 millones antes de la consulta ilegal para evitar impagos, cuando ya Montoro prestó al Govern otros 1.351 millones para que devolviera deuda pública. Ya ven, la ruina... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)