CON LIBERTAD Y SEGURIDAD

                        Mientras el Gobierno de España intenta concentrar la responsabilidad en Junqueras, dando máxima importancia, si llega el caso, a la inhabilitación del Vicepresidente catalán tras haber asumido éste el mando de la ilegal consulta, la Generalitat garantiza que los Mossos no cumplirán la Ley (sorprendente proceder del Govern, institución democrática que ha de ser garante de la legalidad vigente), asegurando cínicamente el nuevo Conseller de Interior que los policías autonómicos permitirán votar en el ilegal referéndum “con libertad y seguridad”, cuando en un Estado de Derecho Democrático es precisamente el Imperio de la Ley y el sometimiento al mismo el que garantiza tanto la libertad como la seguridad de sus ciudadanos. Entretanto, hasta el propio letrado mayor del Parlament de Catalunya tumba la legitimidad del “procés” independentista, censurando que el secesionismo haya contrapuesto “el principio democrático y el principio de legalidad” para “relativizar las reglas del sistema constitucional” y sosteniendo que, ante la falta de una mayoría social el 27-S, el Govern “enfatizó el carácter unilateral del proceso” que ha logrado “escasa receptividad internacional”, con lo que, según el informe, “pretender que el Estado Español mantiene formas autoritarias es un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica”. Por su parte, mientras Colau cae del burro y rechaza ceder espacios para el referéndum, el Gobierno de Rajoy, que evitará de momento tomar el control de los Mossos, decide bloquear los gastos de la Generalitat para la ilegal consulta, por lo que Hacienda, que ya detectó en junio un desvío injustificado para procesos electorales, ya examina las partidas para evitar desvíos al respecto y controlará semanalmente los fondos advirtiendo que cortará la financiación si el Govern destina dichos fondos a sufragar la consulta. Por tanto, Moncloa impone un control semanal y retirará el FLA si se usa para pagar los gastos del referéndum ilegal, mientras, sorprendente e inexplicablemente, el “nueve PSOE” de Sánchez (no sabemos si por decisión directa de sus militantes o de él personalmente) y el PSC (tanto monta, monta tanto) se desmarcan de dicho control del gasto para evitar su mal uso porque “no sirve para resolver el conflicto” (estúpido argumento, ya que lo que se pretende es impedir una concreta ilegalidad inminente). Por su parte el Ejecutivo catalán dice que el Estado se atascará “si se corta el grifo” de la financiación, cuando ello sólo sucedería en caso de que la destinen ilegalmente para garantizar la ilegal consulta, por lo que serían responsables directos de la situación. Y, mientras el independentismo vuelve a caer en los sondeos, el Tribunal de Cuentas da el primer paso para que Artur Mas pague de su bolsillo los gastos del 9-N, en tanto que... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)