OSADÍA AUTORITARIA INFINITA

                         Cada día que pasa se pone de manifiesto la patológica osadía autoritaria de Sánchez y su Gobierno, que parece infinita, para mayor sorpresa de propios y extraños, pues muy pocos gobernantes democráticos se atreven personalmente a dictar sentencias anticipadas sobre asuntos que se están investigando en los tribunales de justicia. Sánchez, sin embargo, sí se atreve y, tras el varapalo que sus socios de Junts, ultranacionalistas de derechas, le acaban de dar en el Congreso rechazando la ley de amnistía que había pactado con ellos, nuestro osado presidente, como si tuviera el poder absoluto cuando ni siquiera tiene suficiente mayoría asegurada en el Congreso, declara solemnemente inocentes a los imputados por terrorismo, afirmando en plena investigación judicial que “todos” serán amnistiados “porque no son terroristas” (palabra de Dios), sentencia que, en todo caso, aunque finalmente llegara a ser cierta, habrán de dictar los jueces y no él, salvo que, confundiendo la gimnasia con la magnesia, él se auto-proclame juez supremo absoluto y entonces estemos hablando de otro tipo de régimen que poco tiene que ver con la democracia. Es más, ni siquiera pasando esta osadía autoritaria al capítulo de la opinión política tiene cabida semejante declaración, pues él, no opina ni dice que a él le paree así, sino que declara con rotundidad la inocencia de los investigados, mientras hay veinticuatro imputados en dos causas, entre ellos varios CDR ya en espera de juicio por preparar explosivos. Sánchez, como presidente del Gobierno democrático, debiera ser más prudente y más respetuoso con el trabajo de los jueces que instruyen las causas y no dictar sentencia judicial, que no le corresponde, por más que Fiscalía en el caso Tsunami, que no en otros, critique o discrepe del juez por “falta de argumentos” y tilde de “injustificada e inmotivada” la exposición del juez García-Castellón relacionando a Puigdemont y Rovira con el terrorismo, asunto que, en todo caso, habrá de dilucidarse cuando haya la pertinente sentencia en firme una vez agotados todos los recursos que las partes consideren oportunos. No cabe pues que todo un Presidente de un Gobierno democrático asegure y prometa (en este caso a Puigdemont, para que apoye su ley de auto-amnistía) que “todos los independentistas serán amnistiados” porque “no son terroristas”, y menos cuando en la definición del PSOE 153 terroristas presos no lo serían (en su mayoría se trata de etarras o yihadistas que no cometieron delitos de sangre) y con esta amnistía hecha “ad hoc” a la carta para el secesionismo pasarían a ser amnistiables, como si ser terrorista  sólo exigiera el requisito de ser un sanguinario y como si no hubiera en el terrorismo distintos grados de participación en el delito. Y, en todo caso, de ser las cosas como dice Sánchez, el prófugo Puigdemont nada tendría que temer, pues si todos los secesionistas no son terroristas, no se entiende su reticencia a apoyar la patética ley de amnistía si excepciona el terrorismo como rendija para que alguno pudiera no ser amnistiados…..¿es que tiene alguna duda de que la investigación judicial pueda probar que se cometieron actos susceptibles de terrorismo y alta traición a pesar de que Sánchez ya ha dictado sentencia en sentido contrario? Ya ven, la osadía autoritaria de Sánchez es rechazada hasta por sus impresentables socios, pues no vaya a ser que la democracia sea capaz de prevalecer a pesar de los ataques intolerables que está recibiendo la Justicia no ya por parte de quienes huyen de ella, que no debieran ser tenidos como socios y sí perseguidos por todos, sino también por parte del propio Ejecutivo. Así las cosas, tras haber intentado los socialistas colar en la Eurocámara una enmienda para blindar más aún al prófugo y mientras Sánchez y Puigdemont retoman de nuevo las negociaciones para ver cómo reconducir de nuevo la descarrilada ley de amnistía, letrados del Congreso cuestionan que dicha ley se vote de nuevo ya que no hay precedentes de que una ley rechazada por el Pleno, como es el caso, vuelva a tramitarse, con lo que el PP reclama a Armengol, otra que tal baila, que declare “decaída” la norma, mientras Sánchez defiende su controvertido proyecto desde Bruselas y Feijóo reclama un freno al Gobierno para evitar el anti-europeísmo en España.

            Entretanto Bruselas intercede para desbloquear el Poder Judicial en España con el Comisario Reynders convocando al socialista Bolaños y al popular Pons en Bruselas en una mediación inédita que acaba sin ningún acuerdo al respecto, salvo la impresión de Reynders de que hay “un claro compromiso de las partes de trabajar juntas”, mientras Pons se muestra “pesimista” y Bolaños afirma que “esta vez tiene que ser la definitiva”. Los intervinientes se emplazan de nuevo a otra reunión para el día doce de febrero y Bruselas impone a ambos como condiciones reformar y renovar el CGPJ, atascado ya demasiado tiempo por la falta de acuerdo entre PP y PSOE, dado que la normativa actual fía el asunto a la buena voluntad de que ambos se pongan de acuerdo y estos no están dispuestos a hacerlo, y menos aun cuando el CGPJ se dispone a...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).