AL BORDE DEL COLAPSO DEMOCRÁTICO

                         La temeridad antidemocrática de Pedro Sánchez para adecuar la ley de amnistía a los intereses personales de Puigdemont y de él mismo (como si no fuera ya suficiente sumisión haberle concedido una ley de amnistía) es de tal magnitud que pone a nuestro país al borde del colapso democrático provocando tal deterioro de nuestro sistema constitucional de incalculables consecuencias. En efecto, tras los cambios de opinión sobre si la amnistía cabía en la Constitución Española o no (Sánchez, cuando no se lo exigían para gobernar tenía claro que no cabía y ahora que se lo exige el prófugo tiene claro que sí cabe), el asunto es ahora si dicha amnistía abarca a algunos delitos o no, como puede ser el de terrorismo, la malversación o la traición, dado que en la UE son de difícil encaje legal; pero, como se está investigando judicialmente al respecto al mismísimo Puigdemont y cabe la posibilidad de que los jueces puedan probar que sí cometió alguno de dichos delitos, se trata de modificar en el Código Penal el concepto de terrorismo para darle satisfacción al prófugo y sacarle de la quema, viendo si entre los grados menos sangrientos del terrorismo pueden colarse como “desórdenes públicos”, lo que le permitiría ser amnistiado….y todos contentos, pues, en caso contrario, ya lo dijo Turull, “colorín colorado” el cuento de que siga gobernando Sánchez se habría acabado. Es así de fácil de entender. Pero lo preocupante y obsceno es que, mientras juristas y magistrados debaten sobre si en el procés se cometieron delitos de terrorismo o no, el Presidente Sánchez, autoproclamándose en juez supremo absoluto ya ha dictado sentencia pública diciendo que todos los secesionistas serán amnistiados porque no han cometido delitos de terrorismo, cuando entre los expertos hay todo tipo de dudas y opiniones dado que el Derecho y su aplicación no es una ciencia exacta y, por tanto, lo que procede es dejar a los jueces instructores trabajar para buscar las pruebas pertinente que corroboren o no la comisión del delito. Así las cosas, el Fiscal del Tribunal Supremo, en sintonía con Sánchez, no ve delito de terrorismo en el caso Tsunami y, por tanto, rechaza imputar a Puigdemont y al resto de investigados al respecto por el juez García-Castellón, dándose la circunstancia curiosa de que dicho fiscal había emitido previamente un informe en sentido contrario y cambió de opinión tras visitar al Fiscal General del Estado, quien, como todo el mundo sabe, es nombrado por el Gobierno y su presidente, Sánchez, tuvo el descaro de decir públicamente que, por tanto, dependía del Ejecutivo que es quien lo nombra, con lo que es bien fácil deducir que, según su criterio, el Fiscal General del Estado más bien se convierte en Fiscal General del Gobierno y por tanto, defiende los intereses del Ejecutivo y no los del Estado (una aberración conceptual inaceptable). En efecto, Álvaro Redondo defendió en un primer informe que había indicios para abrir causa contra Puigdemont y sostenía que “participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública” pero luego modificó su criterio e hizo un segundo informe en sentido contrario tras reunirse con García Ortiz, aunque ambos niegan que ello haya influido en el cambio de decisión, mientras PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía, de momento aparcada, y buscan una vía para reactivar la negociación y aprobar la ley tras el 18-F y, con total seguridad, desvincular a Puigdemont del posible delito de terrorismo sería el lubricante fundamental que desatascaría semejante bodrio político-judicial a la carta en favor del fugado, en el que no faltan todo tipo de acusaciones contra los jueces incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados sin que la Presidenta Armengol se inmute, en tanto que, ante semejante panorama, el CGPJ considera que la inviolabilidad parlamentaria no justifica la falta de respeto.

            Pero como los jueces, a pesar de las críticas, siguen instruyendo las causas en que Puigdemont está implicado, Sánchez ofrece ahora a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales a cambio de no tocar la ley de amnistía rechazada por Puigdemont porque no le protege a él personalmente, mientras los fiscales debaten el citado informe que no ve terrorismo en el “caso Tsunami”….otro despropósito inaceptable. En efecto, Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales y ofrece a Puigdemont cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de instrucción de los jueces a cambio de no tocar el texto rechazado de la ley de amnistía que ya está al borde de la constitucionalidad, si es que no la ha rebasado, y pone una sombra de duda diciendo que hay instrucciones judiciales “que se alargan en el tiempo”, como si los jueces lo hicieran adrede. Por su parte los fiscales del Supremo ven indicios de...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)