Cuando nos movemos en el oscurantismo y la ambigüedad calculada en vez de movernos en la transparencia, puede pasar cualquier cosa y, en medio del turbio enredo negociador de cara a la investidura, emerge Urkullu con la propuesta de un pacto territorial para reinterpretar la Constitución reclamando más autogobierno con “capacidad de decidir” pactada para Euskadi, Cataluña y Galicia (a las demás CCAA que les den morcilla), y, sorprendentemente, ante semejante propuesta, el Gobierno sanchista en funciones destaca con la boca grande que lo considera “legítimo” aunque con la boca pequeña dice que no lo comparte, mientras el Ejecutivo catalán se desmarca del pacto territorial que propone el PNV. De esta manera, invirtiendo los términos, el Gobierno se sigue inclinando por el oscurantismo, pues, en todo caso, lo que tendría que destacar y aclarar es si rechaza o no la propuesta peneuvista (al igual que debiera hacer con otras que le exige el secesionismo) en vez de enfatizar sobre la obviedad de su legitimidad, pues “legítimo” es “todo lo que se hace o establece con arreglo a la ley o el derecho o que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable”….y, que yo sepa, la propuesta de Urkullu, como la inmensa mayoría de las propuestas que se hacen, no contraviene las exigencias del término y, por tanto, es legítima, siendo ocioso pues que se enfatice sobre lo obvio. El énfasis, en términos políticos, hay que ponerlo pues en la concordancia o no que con dicha propuesta tenga el partido que gobierna (y el resto de partidos) y su disposición o no para hacerla viable por los mecanismos legales establecidos, pues todo lo demás es engañar miserablemente a la ciudadanía. Lo que propone Urkullu, hablando alto y claro, es una especie de “convención constitucional” para ir a una España “plurinacional” privilegiando a Euskadi, Cataluña y Galicia, lo que, al margen de ser legítimo o no, atenta de entrada contra el elemental principio y derecho constitucional de la “igualdad” de todos los españoles y, obviamente, eso requiere de una reforma profunda de nuestra Carta Magna mediante una mayoría parlamentaria cualificada en vez de raras convenciones propagandísticas y, al efecto, al margen de que el Ejecutivo lo vea positivo, de que el PSOE se abra a un “debate constructivo” o de que el PP rechace la propuesta del lehendakari, lo honesto y transparente es que cada partido (y muy especialmente PSOE y PP al ser los mayoritarios, y por tanto imprescindibles para alcanzar la requerida mayoría parlamentaria cualificada) deje bien claro si asume o no la “legítima” propuesta peneuvista haciéndola como suya o rechazándola tajantemente para que todos los ciudadanos sepamos a qué atenernos y podamos decidir con conocimiento de causa. Y, dado que el pueblo español es el soberano, sería paradójico que un Gobierno que se autoproclama defensor de la igualdad, no tenga claro si en esa “igualdad” incluye también, además de la de género, la de todos los españoles, tal como éstos acordaron al elaborar la Carta Magna vigente, que ahora se intenta reinterpretar, mientras los juristas cuestionan que una convención sirva para ello. Quede claro pues que el debate no está en si la propuesta de Urkullu es legítima o no, sino en quienes, con idéntica legitimidad, están a favor o contra de asumirla y, especialmente, en si asumen o no los procedimientos para hacerla viable legalmente; y, de momento, hemos de reconocer, guste o no guste, que quien lo tiene más claro y lo expresa contundentemente es Feijóo instando a Sánchez a que defienda la “igualdad de todos los españoles” y a que no se someta al “chantaje” de Puigdemont y del secesionismo, diciendo bien claro que, como aspirante y candidato a ser investido, “os puedo asegurar que a esa presidencia no vamos a llegar por atajos en la igualdad de los españoles”. ¿Lo puede asegurar Sánchez con idéntica rotundidad? En caso contrario, no pasa nada si afirma rotundamente que el PSOE asume la oferta de Urkullu (o las de Junts, ERC o Bildu al necesitar a todos ellos para ser investido) para que sepamos a qué atenernos, pero lo que no puede hacer es mentirle a los españoles, aunque ya sabemos que, según el propio Sánchez, él no miente ya que simplemente cambia de opinión.
Y todo esto después de que varios ministros se tomen a pitorreo la propuesta que el candidato Feijóo hace a Sánchez para intentar salir del laberinto gubernamental en que estamos inmersos, propuesta que puede ser aceptada o rechazada con argumentos o con una alternativa mejor, pero que, en ningún caso, debe ser despachada y ridiculizada con argumentos mitineros, más o menos graciosos, como el de la Ministra Alegría, quien, frívola y alegremente, rechaza un asunto tan serio con la gracieta de que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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