POR PURO SENTIDO COMÚN

                         Dicen que “el sentido común es el menos común de los sentidos” y a veces no cabe duda de que es así, como sucede con la amnistía que por mero sentido común habría de ser rechazada sin más en un Estado de Derecho libre y democrático, donde la esencial división de poderes establece que las conductas supuestamente delictivas se dirimen en los tribunales de Justicia tras los pertinentes procesos judiciales con todas las garantías procesales aseguradas, para, en caso de sentencia firme, como sucede en el famoso “procés”, los condenados cumplan sus respectivas penas, salvo que, en el mejor de los casos para ellos, el Ejecutivo de turno, es decir el Consejo de Ministros, les aplique individualmente un indulto o perdón, si así lo considera, con arreglo a lo establecido, pero jamás puede borrar colectivamente el delito cometido, como si no hubiera existido, que es lo que con una amnistía se pretende (borrón y cuenta nueva), pues el poder Ejecutivo carece de esa potestad. Así pues, por puro sentido común, en este caso democrático, la pretendida amnistía que exige el secesionismo totalitario debiera ser rechazada de forma contundente en España al tratarse de amnistiar delitos contra el Estado de Derecho, lo que trasciende lo estrictamente jurídico por las graves consecuencias que su aplicación acarrearía para la solvencia de nuestro sistema democrático. Al efecto, juristas de prestigio, eméritos del Tribunal Constitucional, vienen a ser unánimes en que borrar el procés, como se pretende, supone reconocer que la sedición fue justa y los tribunales de justicia no; en definitiva, que esta amnistía que exige el prófugo Puigdemont y que no descarta tajantemente el Presidente del Gobierno supone “la quiebra del Estado de Derecho”. Y a mayor abundamiento, desde su solvencia y probada autoridad jurídica, tan prestigiosos juristas rechazan la presunta amnistía con los siguientes argumentos: “significa la deslegitimización de la Constitución que la propia Carta Magna no puede soportar” (Rodríguez Bereijo), “la Constitución no lo prohíbe siempre y cuando estuviera motivado y tuviera como fin la convivencia” (Pascual Sala), “resulta disparatado poner en circulación un olvido de delitos que sin duda se cometieron” (Rodríguez Arribas), “ni tiene encaje constitucional ni tiene interés general” (Encarnación Roca), “sería contraria a la igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica y a la independencia judicial” (Manuel Aragón), “si lo que se pretende es eliminar la pena, la siguiente pregunta es porqué se castiga” (Ollero), “no es una amnistía para arreglar Cataluña, sino para sacar siete votos que necesita Sánchez” (Rodríguez Zapata)…. Argumentos todos ellos que en su conjunto avalan un rechazo total a la amnistía que, entre otras cosas, exige el prófugo Puigdemont a cambio de su apoyo a una investidura de quien sea, mientras Sánchez calla (y quien calla, otorga) pero anuncia que va a “buscar votos hasta debajo de las piedras” (más claro, agua), mientras  Feijóo rechaza la amnistía y defenderá “la libertad y la igualdad cueste lo que cueste” porque ”el PP es un partido de Estado” y así “quedará concretado próximamente”, y mientras Yolanda Díaz apuesta claramente por apoyar la amnistía (cuestión distinta sería qué diría si la otorgara un partido de la derecha) y trabaja para allanar a Sánchez el camino, que es el suyo propio, diciendo que hay tres tipos de amnistía (la de cambio de régimen, la utilitarista y la que resuelve conflictos), dándose curiosamente el caso de que, descartado obviamente el cambio de régimen, como sucedió en la Transición, ninguno de los otros dos supuestos se dan tampoco en la pretendida amnistía actual, salvo que se entienda como utilitarismo ceder al chantaje de Puigdemont para hacer presiente a Sánchez, ya que hay que rechazar también la resolución de conflictos pues los propios secesionistas consideran que con la amnistía nada se resuelve y dicen que volverán a intentar en el futuro repetir los hechos por los que fueron condenados. Es más, a pesar de que el Gobierno se moviliza indecentemente para pedir un gesto del prófugo, que haga menos despreciable ante la ciudadanía la ilegal amnistía, Puigdemont replica que “quien pide ayuda” no pone condiciones, ya ven, las condiciones las pone él, mientras Moncloa, como prepagos al secesionismo, aviva el autogobierno de Cataluña y País Vasco al cederles el 61% de los traspasos, al extremo de que ya asumen más competencias que incluso algunos estados federales.

            Y, hablando de prepagos, como prepago esencial de Sánchez a Puigdemont y al resto del secesionismo totalitario para conseguir su investidura destaca la concesión de un Congreso de Diputados “plurilingüe”,  que curiosamente el PSOE (junto a PP, Vox y Ciudadanos) rechazó tramitarlo en 2022 cuando al Presidente no le eran imprescindibles los siete votos del prófugo para mantener su cargo, que es lo único que realmente le interesa ahora. En efecto, el Pleno del Congreso esta semana comienza sorprendentemente con sus señorías hablando en lenguas cooficiales, aceptadas en el Reglamento del Senado pero no en el de la Cámara Baja, incluso antes de que se aprobara su reforma para permitirlo, que se aprobó después por 179 votos (incluido el de CC), obedeciendo así a las exigencias y prisas impuestas por..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)