Tal como le venían
pidiendo últimamente los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), así
como las CCAA más afectadas por el coronavirus, como Madrid, Pedro Sánchez
decide finalmente decretar el “estado de alarma” en España con el fin de
afrontar la crisis del Covid-19 con mayor eficacia y unificación de criterios,
centralizando la gestión en el Gobierno de España para evitar la
descoordinación actual, pues con una Sanidad transferida entre las diecisiete
autonomías es casi inevitable que cada una de ellas vaya por su lado y,
pendientes de las recomendaciones del Gobierno central, adopte o no sus propias
soluciones para atajar la expansión del virus en medio de una confusión
competencial con limitaciones y dificultades manifiestas. Y lo grave es que el
coronavirus no espera y se sigue expandiendo de forma alarmante por casi todos
los territorios españoles. Acertada decisión pues por parte del Gobierno
(aunque para algunos tardía) que, a partir de ahora, y durante 15 días (si
fuera necesaria una prórroga del estado de alarma habría de ser avalada por al
Congreso de los Diputados), permite al Ejecutivo detentar las competencias,
entre otras, de Sanidad, Seguridad y Transportes, las cuales, mientras dure la
alarma, quedarán recentralizadas (vocablo maldito para el secesionismo) para
una mejor gestión de la emergencia a lo largo y ancho de todo el territorio
español. Los líderes de la oposición, tanto Casado como Abascal y Arrimadas, se
han apresurado a apoyar la decisión del Ejecutivo aunque censuran que haya ido
a la zaga de los acontecimientos y que haya cometido irresponsabilidades, como
la de alentar las multitudinarias manifestaciones del 8-M (la UE desaconsejó
permitir “multitudes” seis días antes) o haber actuado tarde contra lo que
ellos le pedían. Asimismo critican que Sánchez anunciara previamente la
decisión de decretar el estado de alarma con antelación, dando tiempo, como
sucedió en Italia, a que muchas personas se movieran de forma irresponsable
desde el interior a las zonas de playa como si de unas vacaciones se tratara.
No obstante, como dice Casado, ya habrá tiempo para críticas, y ahora toca
apoyar las medidas concretas de la alarma y la más que probable prolongación
temporal de la misma, ofreciéndole apoyarlo en el Congreso con sus votos si
fuera necesario. Esperemos pues que con el estado de alarma, la medida más
suave en circunstancias de excepcionalidad, ya que no suprime derechos
ciudadanos fundamentales sino que, a lo sumo, limita algunos de ellos como la
movilidad, sea suficiente para reordenar y unificar el actual variopinto
panorama en el que cada autonomía o ayuntamiento ha ido tomando decisiones
unilaterales, algunas excepcionales, con confinamientos incluidos. Así las
cosas Comunidades como Madrid, que pidió durante diez días medidas
excepcionales y el Ejecutivo se negó, o Galicia, entre otras, ya han decretado
su propia alarma con el cierre de todo tipo de establecimientos salvo aquellos
de primera necesidad (farmacias, supermercados, gasolineras y quioscos),
Urkullu en el País Vasco ya ha declarado la suya propia o alerta sanitaria,
Torra pide ayuda al Ejecutivo para confinar todo el territorio de Cataluña dado
que puertos, aeropuertos y ferrocarriles siguen siendo competencias del Estado,
etc etc. Además, progresivamente, las diferentes CCAA han ido cerrando
unilateralmente colegios, institutos y universidades, dejando a diez millones
de alumnos sin clase, mientras van extendiendo las restricciones a actos
públicos, se van cerrando lugares de ocio, como bares y restaurantes,
aconsejando a los ciudadanos que permanezcan en sus casas, que eviten
aglomeraciones y que guarden siempre la distancia de seguridad. En muchos casos ..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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