ALARMA ECONÓMICA

                        Inevitablemente a la alarma sanitaria, no sólo en España sino en toda Europa y más de medio mundo, se añade una alarma económica de envergadura que nos aboca a un futuro preñado de incertidumbres. Mientras empresas y sindicatos comienzan a tramitar un aluvión de EREs temporales (los famosos ERTEs) y el Ejecutivo adopta las primeras medidas parciales, los bancos y la CEOE exigen a Sánchez, tras el decreto del estado de alerta, un rescate record con “aval ilimitado del Estado” para mitigar los efectos perniciosos de esta caótica situación, en tanto que distribución e industria de la automoción mandan a casa a miles y miles de trabajadores (la industria del motor echa el cierre y deja ya en el aire más de 300.000 puestos de trabajo) y Moncloa calcula que se perderá un millón de empleos, por lo que la factura económica puede suponer una bajada de 125.000 millones de PIB si la crisis llega hasta junio. Así las cosas Pedro Sánchez, acertadamente, ha reaccionado ante este panorama sobrevenido y, al margen de las apreciaciones de unos u otros sobre su suficiencia y su oportunidad temporal, lanza un plan contra la crisis del coronavirus movilizando 200.000 millones de euros (117.000 millones de las arcas públicas y 83.000 millones del sector privado) que, de momento, ya ha frenado la vertiginosa caída de la Bolsa aunque sea sólo coyuntural y ha tranquilizado a determinados sectores económico-financieros. Sánchez en la presentación pública del Plan y tras pedir comparecer en el Congreso para explicarlo, así como su decreto de “estado de alarma”, no ha dejado de repetir que “no vamos a dejar a nadie atrás”, con este 60% de recursos públicos y el 40% restante con recursos privados, y que se trata de la “mayor movilización de recursos de la democracia” para intentar atajar el desastre económico que se avecina. Un plan de choque programado del que cabe destacar: para las familias que pierdan ingresos, una moratoria de un mes en el pago de las hipotecas de primera vivienda y prohibición del corte de luz, gas y agua a los consumidores más vulnerables; para las empresas, agilidad en los ajustes temporales de empleo, los ERTEs, que se resolverán en siete días y reducción de jornada; para los mercados, prohibición de compra de compañías españolas por inversores no europeos, blindando así el Ibex contra OPAS a las empresas estratégicas; para los desempleados, derecho a prestación incluso sin haber cotizado el mínimo; y avales masivos por un total del equivalente al 10% de nuestro PIB anual y el resto aportado por los bancos, y más fondos para sanidad. Un plan bienvenido, con mayor o menor entusiasmo, aunque su entrada genere cierta frustración en los trabajadores autónomos, más de tres millones y medio, que denuncian públicamente por boca de Lorenzo Amor (Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA) en el sentido de que “¡El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos! Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada”……Y es que países como Francia e Italia, con gobiernos no progresistas como en España, sí han tenido en cuenta esta circunstancia en sus planes de choque contra la crisis económica que se avecina. En todo caso, un oportuno..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)