JUICIO ORAL AL PROCÉS

                        El Supremo sienta en el banquillo a los líderes del “procés” (excepto a los prófugos encabezados por Puigdemont) y, tras la fase de instrucción por parte del juez Llarena, abre el juicio oral a Junqueras y otros diecisiete líderes independentistas que se sentarán en el banquillo un año después de que el Parlament de Cataluña declarara unilateralmente la independencia. A nueve de ellos se les acusa, entre otros, del gravísimo delito de rebelión, contra el deseo de Sánchez, insólitamente explicitado recientemente, cuando hace cuatro días, estando en la oposición, denunciaba rebelión en el 1-O y ahora lo cuestiona; una desconcertante metamorfosis de Sánchez que, de defender en la oposición, ante la investidura de Torra, que “lo que va a encontrar el secesionismo y la xenofobia que lidera las instituciones catalanas es la unión de los que defendemos el orden constitucional”, pasa ahora a romper este básico principio, cuestionando que sea aplicable el delito de rebelión al totalitario “procés”, con lo que todo apunta a que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, centrará la acusación en la malversación y, en todo caso, en la sedición. Es obvio que estas injerencias y presiones del Ejecutivo en el Judicial, insólitas hasta ahora, generan inquietud entre la ciudadanía, dando pie a las sospechas de que los peajes que el Presidente del Gobierno está pagando al secesionismo totalitario para que le sostenga en el poder es demasiado alto y peligroso. Obviamente el Tribunal Supremo, que da cinco días a Fiscalía y a la Abogacía del Estado para presentar su acusación, estalla, según se publica, contra semejantes presiones ya que “se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho”, mientras magistrados de la Sala Penal ven “de extraordinaria gravedad” que el Gobierno cuestione el delito de rebelión ya que supone “una erosión de la credibilidad de la Justicia Española y para decisiones que se pueden producir en el extranjero”. Que Moncloa considere ahora que “no hay rebelión” (lo que no le compete al Ejecutivo) como gestos a los secesionistas para que sigan apoyando al Gobierno de Sánchez es una manifiesta irresponsabilidad y una injerencia insólita en cualquier gobierno democrático de Europa. Por otro lado, el PSOE de Sánchez bloquea una serie de medidas para evitar otra Declaración Unilateral de Independencia como son reformar la ley del indulto para eliminarlo por sedición o rebelión; modificar la Ley de Acción Exterior para acabar con las falsas embajadas; tipificar un delito por convocar un referéndum de carácter ilegal; activar el artículo 155 de la Constitución para TV3 o los Mossos; implantar una norma que garantice la neutralidad de los espacios públicos; suspender o limitar la financiación de partidos condenados por atacar la unidad territorial…… en definitiva, una serie de medidas encaminadas a dificultar por vía legal los pulsos al Estado de Derecho por parte de totalitarismos indecentes, del signo que sean, tal como sucede en todos los países democráticos, pero que, por lo visto, en el nuestro no es bueno implantar. Y por si fuera poco, lamentablemente, el PSOE de Sánchez, además...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)