LA SEGURIDAD EN EL PRAT

                        Es obvio que no todos los trabajos son iguales, por lo que, en caso de huelga de los trabajadores, ésta no puede ser tratada igualmente debido al distinto impacto social que tenga al afectar distintamente a los derechos de los ciudadanos. Dicho de otra forma, garantizando obviamente el derecho de huelga de cualquier trabajador, no es lo mismo si lo ejercen los trabajadores de una fábrica de zapatos, por ejemplo, que si lo ejercen los trabajadores encargados de la seguridad de un aeropuerto. En el primer caso no hay colisión con otros derechos ciudadanos y, salvo que los huelguistas ejerzan la violencia, las autoridades no tienen por qué actuar; en el segundo caso, sí, para garantizar la seguridad y los derechos de otros ciudadanos, ajenos al conflicto laboral. Es lo que está sucediendo con los trabajadores de Eulen, la empresa contratada por Aena para garantizar la seguridad en el aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde, fracasadas todas las negociaciones y tras varios días de paros intermitentes temporales, los vigilantes de El Prat van a la huelga indefinida y en pleno puente de mayo (están lógicamente en su derecho de hacerlo), cuando las aglomeraciones en el mismo aumentan el riesgo de inseguridad, por lo que el Gobierno, obligado a garantizar la seguridad ciudadana y el tráfico aéreo con todas las garantías, máxime si estamos en cierto nivel de alerta terrorista yihadista, decide que unos 200 guardias civiles asuman desde hoy los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona, tal como había advertido en el periodo de negociación entre la empresa y sus trabajadores. Lo insólito es que, desde algunos sectores políticos y sindicales, semejante advertencia gubernamental y su posterior decisión se considere como una coacción e intromisión en el derecho de huelga con la intención de amedrentar a los trabajadores. Este Gobierno, como cualquier otro gobierno responsable, hace sencillamente lo que tiene y debe hacer al destinar “los guardias civiles necesarios” para garantizar la seguridad en el aeropuerto, mientras acelera la designación de un árbitro independiente que dicte un laudo para acabar con el conflicto laboral, mientras, por su parte, la Generalitat también ofrece a los Mossos d´Esquadra para reforzar la seguridad. ¿Acaso el Gobierno debía quedarse con los brazos cruzados ante el riesgo de inseguridad manifiesta? ¡No quiero ni pensar qué dirían estos críticos a las decisiones gubernamentales si... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)