Mientras, según
Metroscopia, la secesión catalana alcanza el nivel más bajo de apoyo popular, especialmente
al ilegal “procés”, (un 61% de catalanes se opone al plan de la Generalitat de
declarar la independencia de forma unilateral), la Generalitat da una vuelta de
tuerca más con su famosa “ley de ruptura”, que los juristas califican de
disparate, en tanto que Rajoy compara el desafío secesionista de Puigdemont con
“la peor de las dictaduras”. Y no le falta razón al Presidente, pues la peor de
las dictaduras no es la que se impone por la fuerza, sino la que se ejerce
haciendo creer al pueblo que el paraíso se consigue mediante la desobediencia a
la legalidad democrática, por lo que Moncloa ya fija un protocolo anti-consulta
para los funcionarios catalanes, instándoles a pedir las órdenes por escrito y
acudir a los servicios jurídicos para denunciar la ilegalidad, mientras el
President le pide por carta negociar el ilegal referéndum entre ambos
gobiernos, el español y el catalán, y Rajoy le contesta que no está en su mano
semejante negociación sobre un asunto que “amenaza la convivencia” y, por
tanto, le invita a que, en todo caso, comparezca en el Congreso de los
Diputados para discutir su plan. Así las cosas, el Gobierno, como es su
obligación, se dispone a todo para impedir el ilegal referéndum y asegura que
hará uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen
mundial de la presencia de urnas en Cataluña, cuya deuda, por cierto, ya está
en manos del Estado en más del 65%. Puigdemont, entretanto, invita a políticos
europeos a conocer la “tensión que vive Cataluña” señalando que es el momento
“imprescindible” de negociar el referéndum y organiza un viaje de
parlamentarios del 26 al 28 de junio para explicar las “graves consecuencias
para Europa”, cuando precisamente son las irresponsables políticas totalitarias,
al margen de la Ley, las que tensionan Cataluña y las que, en caso de
materializarse, acarrearían gravísimas consecuencias a todos los europeos. Por
su parte, al igual que Rajoy, las empresas catalanas piden a Puigdemont que se
explique en el Congreso, mientras los Mossos investigan a la Policía sin
autorización judicial alguna, intentando demostrar que un grupo de comisarios
está detrás del denominado "contubernio anti-catalán”, en tanto que la
Federación no ve “problema” alguno en ir con esteladas al Calderón, donde el
Barça disputará la final de la Copa del Rey frente al Alavés, diferencia
sustancial con la polémica del año pasado en las reuniones previas a la final
de la Copa al no tratarse el tema para nada con el club, recordando que en 2016
la Delegación del Gobierno prohibió ir con la bandera ilegal separatista al
campo pero un juez lo autorizó finalmente. En fin, menudo cesto estamos
tejiendo con... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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