En esta especie de
ruleta rusa para nuestros gobernantes en que se ha convertido la corrupción en
España, en estos momentos le toca el turno a Cifuentes, justo cuando ella ha
puesto en conocimiento de la Justicia informes sobre actuaciones irregulares
del “caso Lezo” y cuando hace gala de su lucha contra las prácticas corruptas.
Es más, hay quienes sostienen que, precisamente por ello, es víctima del fuego
amigo; pero lo indudable es que, como sucede siempre con cualquier gobernante,
la oposición arremete sin piedad ante cualquier atisbo de duda dando por hecho
su presunción de culpabilidad incluso si jueces y fiscales entiendan lo
contrario y no la imputan. Lo cierto es que informes de la UCO desvelan
financiación ilegal en las campañas de Aguirre y de Rajoy, destapando un
entramado de ingeniería contable para ocultar que instituciones y empresas
pagaban gastos electorales, pues, al parecer, el PP madrileño recurrió a
subvenciones de cursos de formación no impartidos, a facturas falsas y a
contratos públicos (¿les suena de algo esto?, seguramente a los andaluces sí),
para obtener fondos para sus campañas y, de paso, para llevarse crudo a casa
parte de ello. Parece ser que Francisco Granados conseguía las donaciones,
Ignacio González inyectaba subvenciones y Gutiérrez pagaba con la “cuenta B”
del partido, por lo que actualmente están siendo imputados y en prisión
preventiva. Pero como en el informe aparece Cifuentes, junto a otros miembros de
diversos partidos en la mesa de contratación que, con el aval de los técnicos y
los medios legales establecidos adjudicó por unanimidad la cafetería de la
Asamblea de Madrid a Arturo Fernández es, según la UCO, susceptible de ser
investigada, a pesar de que ni el fiscal ni el juez consideran pruebas
suficientes para hacerlo. Por tanto, ante el acoso de la oposición, Cifuentes
se cree víctima y acosada, afirmando “llevo 30 años en política, no creo en las
casualidades”, mientras Ciudadanos, su apoyo en el gobierno territorial, la
amenaza con romper el pacto si no da más explicaciones y Rivera le exige rendir
cuentas políticas en la Asamblea, al igual que la oposición exige a Rajoy
comparecer en el Congreso. Veremos pues en que queda este asunto, mientras el
magistrado Eloy Velasco por decisión propia deja su juzgado y se marcha
voluntariamente a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia, con lo que los
casos que más preocupan al PP, como “Lezo” y “Púnica”, habrán de ser
instruidos por otro juez, entre los que podría estar, si solicita la plaza, el
ex ministro... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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