Vaya por delante mi más contundente repulsa y condena a cualquier tipo de violencia, la ejerza quien la ejerza, y mi más entusiasta apoyo al derecho que todos los ciudadanos, sean quienes sean, tienen a manifestarse pacíficamente para reivindicar o rechazar aquellas cosas que consideren oportuno. Dicho esto, entenderán que estoy totalmente a favor de las manifestaciones pacíficas convocada para rechazar la controvertida y polémica amnistía que Sánchez pretende otorgar a los condenados por sedición y a los prófugos de la Justicia para con ello, borrar el ilegal “procés”, como si jamás hubiese existido, a cambio de que los delincuentes aprueben su investidura y le permitan seguir en el poder tras haber perdido las elecciones. Y, por ende, entenderán mi más absoluta condena a quienes, por una u otra razón, intentan reventar con violencia dichas manifestaciones; así lo he hecho siempre, tanto sobre las algaradas callejeras en Cataluña por el procés, como en los acosos, escraches e insultos, más o menos violentos, que popularizó en su día Podemos con Pablo Iglesias defendiendo semejantes actuaciones con el argumento de que era una especie de “jarabe democrático”, mientras defendían que habían venido para acabar con la “casta” y acabar al final formando parte de ella. Pero, dicho todo esto de nuevo, entenderán que con lo que no puedo estar de acuerdo es con que ahora, tanto Podemos como el PSOE (y por supuesto, toda la caterva secesionista y populista) pongan el grito en el cielo diciendo que se trata de “violencia política” sencillamente porque se ejerce contra ellos, mientras, paradójicamente, pactan amnistiar, entre otras cosas, la violencia ejercida en su día por los CDR y por Tsunami Democratic. Es obvio que un poco de coherencia política no vendría nada mal ya que ese “jarabe democrático” que recetaba Podemos no puede convertirse ahora por arte de magia en una especia de veneno democrático por el mero hecho de que ahora tan balsámico remedio para la democracia otros se lo recetan a ellos. En fin, es el juego sucio de la política que cualquier persona decente debiera denunciar en todo momento y lugar, sobre todo, sabiendo que las recetas totalitarias radicales de los alborotadores, sean de la extrema derecha o de la extrema izquierda, sólo conducen al caos y al desastre, que seguramente es lo que algunos pretenden, pues cuanto peor, mejor para ellos. Los disturbios violentos ante las sedes del PSOE, como los anteriores ante las sedes del PP o de cualquier otro partido político y, más aún, los perpetrados contra el Congreso de los Diputados, el Sancta Sanctorum de la democracia, por el patético movimiento “rodea el Congreso”, han de ser siempre condenados con contundencia por los partidos políticos democráticos y no a conveniencia en cada momento de unos u otros. Pero las decisiones de dudosa cobertura constitucional protagonizadas por las instituciones del Estado, cuando están obligadas a defender nítidamente la Ley y la Constitución, también han de ser condenadas, pues no se entiende que miembros del Gobierno pidan a los partidos de la oposición que denuncien la violencia contra las sedes de los partidos gobernantes mientras ellos negocian la exoneración de la violencia por meros intereses de permanecer en el poder en vez de poner freno de una vez por todas a esta espiral antidemocrática de unos y otros. Por tanto, todo el derecho a convocar manifestaciones contra la polémica Ley de amnistía y toda la repulsa siempre contra quienes aprovechan las manifestaciones para reventarlas generando violencia, que sí es el veneno contra la democracia.
La cruda realidad es que la Justicia y la calle sacuden la oscura negociación de PSOE y Junts en Bruselas (Puigdemont está de momento reclamado por y fugado de la Justicia), mientras un juez, ejerciendo todo su derecho, implica al ex president y a Rovira en el “caso Tsunami” y mientras el CGPJ carga contra la presunta amnistía. En efecto, la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont por terrorismo atribuyéndole un papel clave en las graves algaradas de “Tsunami Democratic”, así como a Rovira y otras diez personas, mientras la Fiscalía, que según Sánchez depende de él y no del Estado, sólo ve un delito de desórdenes públicos (vamos, una especie de pelea callejera ocasional), en tanto que el juez de la Audiencia Nacional se dispone a llevar a la UE la amnistía a Puigdemont por terrorismo para que sea el Tribunal de Justicia Europeo quien decida al respeto, imputando al prófugo por montar Tsunami Democratic para desestabilizar el Estado mientras el fugado negocia con Sánchez su amnistía a cambio de votos, y recuerda que España está obligada a..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
No hay comentarios:
Publicar un comentario