HUMILLACIÓN INACEPTABLE

                         Con el indecente pacto Sánchez-Puigdemont se consumó la felonía contra el Estado de Derecho que queda sometido a una humillación inaceptable de consecuencias imprevisibles tal como muchos vaticinábamos desde el principio, dado que en dicho pacto lo que se trataba era la historia del desenlace de dos ambiciones irrefrenables: de un lado la ambición de Sánchez por permanecer en el poder a costa de lo que fuera y, de otro lado, la ambición de Puigdemont para burlar a la Justicia española y con ello evitar su condena y posterior entrada en prisión. Y con el pacto PSOE-Junts sendos objetivos quedan garantizados, pues, por un lado, Sánchez será investido tras ceder a todo lo que le exigen, además del prófugo el resto del variopinto elenco de personajes que posibilitarán su permanencia en el poder, y, por otro lado, Puigdemont, quien al estar fugado de la Justicia no ha podido ser condenado y luego indultado como sus compañeros de aventuras totalitarias y será amnistiado para que, borrado su historial delictivo, pueda presentarse a las elecciones catalanas y de nuevo reeditar un Govern ERC-Junts similar al que protagonizó el patético 1-O, pues tanto él como Junqueras tienen claro que no renuncian a nada y que volverán a repetir el experimento si llega el caso. Así pues, el confuso y escueto acuerdo PSOE-Junts, elaborado con lenguaje ambiguo para que, entretanto, cada uno de sus autores pueda venderlo como mejor le convenga, deja al Estado de Derecho a los pies de los caballos falsificando el pasado, avergonzando el presente y estremeciendo el incierto futuro ya que tira por tierra todos los valores constitucionales y muy especialmente el de la igualdad, la seguridad jurídica y la nación que, obviamente, quedan en entredicho. El acuerdo incluye todo lo que el Gobierno de Sánchez había negado hasta hace unos días, bien por inviable o bien por inconstitucional, lo que permite al prófugo jactarse de no haber “pedido perdón” mientras amenaza con más inestabilidad si Sánchez no cumple lo firmado. Y lo firmado es una amnistía total para todos los implicados en el “procés” y el “lawfare” para poder ampliarla a acusados por corrupción, una mesa de negociación con un mediador internacional que se reunirá fuera de España para negociar un referéndum y verificar que el Gobierno cumple lo pactado, condicionar la estabilidad de la legislatura a cumplir todo lo acordado, crear comisiones parlamentarias para investigar a los jueces por prevaricar contra los golpistas, negociar el “cupo” y ceder el 100% de los impuestos rompiendo así la solidaridad autonómica…..y todo ello sin renuncia alguna a la unilateralidad proclamando el prófugo que el único límite será lo que decida el Parlament de Catalunya (no el Parlamento español) y que sobre la estabilidad gubernamental Sánchez tendrá que ganarse sus votos “día a día”. Ya ven Sánchez asume sin matices el relato independentista, incluido el ataque a la independencia del Poder Judicial, y un eufórico Puigdemont advierte al PSOE que “el apoyo a cambio de nada ha ido a la papelera de la historia”…. Y todo esto sólo a cambio de los siete votos de la derecha secesionista catalana que le faltan a Sánchez para poder ser investido y conformar un gobierno al que llama “progresista”. En definitiva, el PSOE de Sánchez, siguiendo la estela de sus socios gubernamentales, abandona la Transición (ya sólo es defendida por la derecha moderada o radical) y los principios que la inspiraron en su día como son la igualdad entre todos los españoles, la solidaridad entre loa territorios y la independencia de los tres poderes del Estado, principios consustanciales de la democracia, con lo que, lamentablemente, lo pactado entre Sánchez y el prófugo Puigdemont supone un atentado a la convivencia de todos los españoles que por amplio consenso pactaron los españoles y plasmaron en nuestra Constitución, hoy herida de muerte con este humillante y preocupante pacto que da la razón a quienes por activa y pasiva apuestan por finiquitar lo que despectivamente llaman “régimen del 78”.

            Y ante esta inaceptable humillación al Estado de Derecho, las críticas y protestas no se han hecho esperar, pues es demasiado lo que nos estamos jugando los ciudadanos españoles con esta afrenta totalitaria. En efecto, todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto las conservadoras como las progresistas, rechazan las referencias al “lawfare” (guerra jurídica o judicial) en el acuerdo, denuncian que en él se permite a los diputados “perseguirles” y critican esta “quiebra de la separación de poderes”, un verdadero ataque a la justicia. Pero es que además de las asociaciones de jueces y fiscales, incluidos los de izquierdas, el pacto es rechazado y criticado por el CGPJ, los empresarios, los inspectores de Hacienda o la Seguridad Social, siendo ya más de cuarenta los colectivos que denuncian el ataque a la independencia del Poder Judicial con su Presidente Vicente Guilarte diciendo que “sería inadmisible que el Parlamento revise cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía” y señalando la escalada de interferencias del poder político en la actividad jurisdiccional. Ya ven, demasiados rechazos a la clarividencia de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).