UN ESTADO FALLIDO

                     En un Estado de Derecho democrático, lo he dicho decenas de veces, la base fundamental es que los ciudadanos, los políticos y las instituciones respeten y exijan que se cumplan las reglas de juego establecidas y, a ser posible, la independencia de los tres poderes del Estado, garantía para toda la sociedad de las libertades y derechos de todos, pues en caso contrario estaríamos en la antesala de un Estado de Derecho fallido. Y en España, lamentablemente, cada vez son más los indicios que apuntan a esta senda equivocada hacia un Estado fallido, especialmente con intromisiones de los partidos políticos, de las instituciones y, especialmente, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, considerado por unos y otros como arma electoral arrojadiza cuando su independencia debiera ser el objetivo primordial de todos los demócratas, estén en el Gobierno o en la oposición. La cruda realidad es que cada vez es más frecuente burlar por intereses políticos las sentencias judiciales, bien mirando hacia otro lado cuando las instituciones o los delincuentes las vulneran y no las cumplen, bien cambiando el sentido de las mismas por vía indultos (incluso cuando los indultados no cumplen los requisitos para ser depositarios de la medida de gracia) que, en todo caso, ha de ser siempre excepcional y justificada. O bien, bloqueando el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial aprovechando las deficientes normas de procedimiento que debiera ser lo prioritario en resolver de cara al futuro por parte del Gobierno en primer lugar y de la oposición democrática. Pero no es así pues en este preocupante contexto, incluso el Tribunal Constitucional, garante de que en caso de litigio se actúe con arreglo a la legalidad constitucional, se resiste a aclarar si el bloqueo del Gobierno del Poder Judicial se ajusta o no a dicha legalidad, pues su presidente, González-Trevijano, todavía no ha llevado al pleno los recursos contra la reforma que impide aprobar nueve nombramientos, mientras jueces relevantes se pronuncian públicamente al respecto de la siguiente forma: “el TC traslada una indeseable apariencia de manipulación política sobre esa decisión” (Mario Macías, vocal del CGPJ); “debería hacer su trabajo, decirnos ya si un poder del Estado puede estar atado de pies y manos” (Vicente Rouco, presidente del TSJ de Castilla-La Mancha); “el ministerio está estrangulando a los tribunales autonómicos al negarles los refuerzos necesarios” (Barrientos, presidente del TSJ de Cataluña); “lo grave es que ciudadanos y empresas pueden verse privados de una tutela judicial efectiva” (Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Supremo); “hay un bloqueo total, en la carrera ni se mueve nada, el CGPJ no está funcionando” (Reyes Vila, jueza de lo Contencioso de Sevilla); “como todo siga así, de aquí a dos años en el Supremo no queda ni un solo magistrado” (Núñez, juez de Primera Instancia de Vitoria)….. Son algunas de las advertencias, entre otras, de cualificados jueces y magistrados ante esta..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).