jueves, 11 de agosto de 2022

AUSENCIA DE ECUANIMIDAD

                         Mientras siguen pendientes del regreso de vacaciones de nuestros políticos 23 leyes urgentes para su tramitación (el cierre veraniego del Congreso de los Diputados agrava el atasco legislativo de los 42 textos que el PSOE mantiene varados en la fase de enmiendas) Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo de la oposición, especialmente del PP, pues los populares respaldan a Ayuso y exigen la retirada del decreto de ahorro, con lo que la conferencia autonómica acaba sin el más mínimo atisbo de entendimiento. Al final el PP, como no podía ser de otra forma, acata cumplir el plan energético del Gobierno pero mantiene viva la batalla política y Ayuso anuncia que llevará el decreto al Constitucional por invasión de competencias, mientras la ministra Ribera se niega a aceptar ningún cambio en la norma y el Gobierno advierte a las CCAA de que no tolerará ninguna insumisión, aunque Moncloa asume que las autonomías no multarán por incumplir el ahorro, después de que los consejeros le trasladasen que no pueden vigilar la aplicación del plan energético, acordando que sea “de concienciación y no coercitivo”, pues los expertos avisan de la arbitrariedad de las sanciones y de su aplicación. En definitiva, el Gobierno no cambia el plan a pesar de la inseguridad jurídica y deja claro que “no va a haber ningún aplazamiento” y que “las medidas entrarán en vigor el miércoles”, es decir, ayer, mientras la Comunidad de Madrid anuncia que lo recurrirá al Constitucional y el consejero catalán califica la reunión con las CCAA de “pérdida de tiempo”, mientras Sánchez está dispuesto a llevar al Constitucional a las autonomías que no acaten el ahorro energético y la ministra Ribera amenaza a las regiones “insumisas” con acudir a los tribunales, en tanto que las autonomías gobernadas por el PP dicen que cumplirán el decreto pero piden los informes técnicos que lo avalan, y mientras el Gobierno pide a las administraciones que den “un margen” antes de sancionar y las empresas asumen con dudas el plan energético ya en vigor. Al final, un circo político, otro más, que pone en evidencia la ausencia de ecuanimidad en nuestros gobernantes que no obran con rectitud, justicia e imparcialidad por el bien común, arriesgando su credibilidad ante la ciudadanía. En efecto, Ayuso tiene toda la legitimidad en recurrir al TC sí así lo considera oportuno y Sánchez la tiene igualmente para obligarla a que se cumpla la ley, pues, supuestamente, ambos pretenden idéntico objetivo, que se actúe acorde con legalidad, y en efecto la Generalitat de Cataluña, por supuesto, es legítima para considerar que la reunión con las autonomías es una “pérdida de tiempo” ya que no ha resuelto ninguna de las dudas generadas. Lo ilegítimo, incoherente e indignante, por falta de ecuanimidad, es que Sánchez se muestre tan enérgico pretendiendo, como es su deber, imponer al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla la ley tajantemente y critique que se recurra, cuando, por intereses políticos personales, es tan laxo a la hora de obligar al Govern de Cataluña a que lo haga, a que cumpla la ley sí o sí, incluso cuando ya hay sentencias judiciales firmes, cuyo incumplimiento ya trasciende el ámbito político y sitúa a la Generalitat en el ámbito delincuencial, como sucede, por ejemplo, con el asunto de la enseñanza del castellano, tumbado por el Supremo y que Aragonés se salta a la torera mientras Sánchez sigue considerándolo su aliado y, a diferencia de lo que hace con Ayuso, mira para otro lado en vez de recurrir a los tribunales. Y lo patético por falta de ecuanimidad es que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

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