CONVENIENCIA POLÍTICA

                             Nada peor para los gobernados que su gobierno se mueva por espurios intereses de permanencia en el poder cómo sea y a costa de lo que sea, dejando a un lado, si es posible, cualquier principio ideológico, cualquier procedimiento de control establecido o un mínimo de coherencia que permita, entre otras cosas, saber de antemano si su proyecto es progresista o conservador, centralista o descentralizado, democrático o autoritario, europeísta o nacionalista, constitucionalista o antisistema. Es lo que sucede en buena medida con este gobierno social-comunista de coalición, mitad una cosa y mitad otra, que, al final, se mueve por mera conveniencia política de supervivencia en medio del desconcierto generalizado de los ciudadanos, que no saben a qué atenerse, y del progresivo deterioro institucional, social y económico, que nos conduce a un futuro incierto y preocupante. En efecto, llama la atención que Sánchez, tras la amarga experiencia de detentar todo el poder durante el largo primer periodo del estado de alarma a causa de la pandemia, pase “ipso facto” a delegar prácticamente cualquier responsabilidad de gestión en las CCAA, mientras se hace con el reparto de las ayudas europeas aprobando un decreto que refuerza su poder sobre todos los fondos de la UE que recibe España y montando veintidós ventanillas, una por cada ministerio de su macro-gobierno, para que repartan el ansiado maná de la esperanza, dando la sensación de que aplica la ley del embudo con las autonomías: lo bueno y fácil me lo quedo yo y lo malo y difícil para vosotros tras haber experimentado que no le conviene políticamente quedárselo. ¿Centralismo o descentralización, en qué quedamos?  Y lo preocupante es que, para proceder así, se salta todos los controles establecidos posibles, como, entre otros, el del Consejo de Estado, no sometiendo a dictamen de dicho órgano las medidas más polémicas que toma con la finalidad de eliminar cualquier obstáculo a su gestión, por lo que, entre otros, ni los decretos del Estado de Alarma, ni las controvertidas leyes de Educación o Eutanasia, ni la del CGPJ han sido examinadas por tan prestigioso y plural órgano consultivo, ni consensuadas con la oposición, limitándose a aplicar el pírrico rodillo parlamentario del que goza gracias al apoyo coyuntural de sus aliados secesionistas, radicales, populistas y nacionalistas ya sean de izquierdas como de derechas…… dando por zanjado el asunto con la improvisación de una comisión de nueve expertos (esperemos que no sean como la misteriosa comisión de expertos que le asesoraban durante la alarma), designados a dedo, para valorar si el Gobierno está cumpliendo su programa y hacer un balance anual de gestión. ¿Transparencia y control o no, en qué quedamos? Con semejante forma de proceder sale adelante por “vía exprés” en el Senado la Ley Celaá sin enmiendas por primera vez en 35 años, al aplicar el Gobierno, con ERC y PNV, el rodillo ignorando más de 4.000 aportaciones, tal como sucedió hace unos días con la aprobación de los Presupuestos; una ley, la educativa, que, a pesar de la sentencia del TSJC, destierra el castellano de las aulas y que Baleares, con un gobierno socialista de coalición con Podemos y Més, copia para blindar el catalán como única lengua vehicular en la Comunidad Autónoma y para atacar el modelo de la educación concertada. ¿Constitucionalismo o antisistema, en qué quedamos? Y mientras PSOE y Podemos aceleran por “vía exprés”, es decir, por atajos, la reforma del Poder Judicial, ante la presión de populistas y nacionalistas a Sánchez para que lo haga ya de una vez y que pase lo que pase, los fiscales del procés hacen un alegato político contra los indultos, que ya se ven venir, asegurando que la medida de gracia no puede ser “moneda política de cambio”, o pago político, para lograr “apoyos parlamentarios”, advirtiendo en un durísimo informe al Gobierno de que no hay “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que justifiquen la aplicación de dicha medida a los líderes del ilegal “procés” por lo que no se puede indultar por “pura conveniencia política” del Gobierno, máxime cuando ninguno de los condenados ha dado muestras de arrepentimiento sino más bien de todo lo contrario, pues salta a la vista que están deseando recuperar su libertad para continuar con su proyecto totalitario secesionista y aplicarlo, como ya pretendieron, de forma unilateral y antidemocrática desde las propias instituciones del Estado como son, en este caso, el Govern y el Parlament de Catalunya. Cierto que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)