Nuestro Jefe de Estado, el
Rey Felipe, porque así lo decidieron democráticamente los españoles en la
Constitución de 1978, manifiesta en un nuevo discurso (el enésimo), impecable
desde el punto de vista democrático y en el Congreso de los Diputados con
motivo de la apertura solemne de la XIV Legislatura, cosas tan sensatas y
razonables como que “España no puede ser de unos contra otros” y hace un
llamamiento a una “España de todos y para todos”, apelando a los partidos a
recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y a alcanzar
acuerdos, siendo ovacionado en el Hemiciclo por los parlamentarios durante
cuatro minutos mientras que los aliados independentistas de Sánchez, que no
asistieron al solemne acto en señal de protesta, le insultaban con un panfleto
plagado de inexactitudes y mentiras, y, alardeando de su totalitarismo rancio,
no le reconocían como Jefe de Estado. En definitiva, rechazaban las peticiones
de Felipe de “lealtad”, sus reivindicaciones de “fortaleza” de las instituciones,
y sus apelaciones de “concordia” y “generosidad” para afianzar esa “España de
todos y para todos” los españoles. En efecto, lamentablemente, ERC, Bildu y
BNG, claves, paradójicamente, para sostener al gobierno de coalición de
Sánchez, plantan al Jefe de Estado y lo llaman “franquista”, despreciando la
primera de las instituciones del Estado como es su Jefatura, y olvidando que,
al margen de la ideología democrática que cada uno tenga, ya sea monárquica o
republicana, las instituciones vigentes del Estado Democrático han de ser
respetadas y, muy especialmente, por aquellos que al amparo de la Constitución
desempeñan el alto honor de representar en las Cortes Generales a todos los
españoles y a su soberanía, como es el caso. No se puede estar en el Congreso o
el Senado sólo para cobrar los suculentos sueldos a final de mes y disfrutar de
los privilegios derivados de su alto rango, después de haber jurado o prometido
acatar la Constitución que, entre otras cosas, diseña la Jefatura de Estado que
tenemos, lo que no está reñido con apostar por otra forma de Jefatura, como la
República, por ejemplo, pero sí está y debiera estar reñido con el desacato a
lo legalmente establecido mientras esté vigente. Quienes apuesten por otras
opciones tienen todo el derecho a llevar en sus programas electorales la
reivindicación republicana e intentar convencer a la mayoría del pueblo para
convertirla en mayoritaria, pero, entretanto, tienen la obligación de acatar y
respetar lo establecido en la Ley, empezando por la Jefatura de Estado, salvo
que prefieran convertirse en meros delincuentes, como ya sucede a algunos de
ellos. Debiera tomarse nota y muy en serio del precio a pagar por el..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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