MESURA, CORDURA Y RSPONSABILIDAD

                            La guerra abierta entre políticos y jueces por la sentencia de “La Manada” debiera hacernos reflexionar a todos, pues no podemos seguir así ni un minuto más, siendo urgente y esencial poner un poco de mesura, cordura y responsabilidad en nuestros actos y manifestaciones, salvo que queramos cargarnos progresivamente el Estado de Derecho democrático que tenemos. Mesura, cordura y responsabilidad son cualidades todas ellas que debieran adornar al común de los mortales, pero que se hacen esenciales en quienes ejercen un cargo público o tienen una dignidad legítima. Y, a la vista está, lamentablemente no es así. Tras la pertinente exigencia generalizada de todos los partidos políticos de reformar el Código Penal, manifiestamente mejorable y, por tanto, una necesidad evidente, la mayoría de sus dirigentes, en vez de ponerse a trabajar para ello y hacer una pública labor pedagógica al respecto (ni es la primera sentencia incomprensible, ni será la última, pero, como todas, ajustada a derecho con la legalidad vigente), se dedican a dar palos de ciego (como si se tratara de meras reivindicaciones electoralistas partidarias de unos contra otros) con desmesuradas, alocadas e irresponsables declaraciones públicas, enardeciendo las lógicas protestas ciudadanas (la verdad jurídica, que ha de probarse, a veces no se corresponde con la verdad percibida o real, que no requiere prueba alguna), cuando de lo que se trata es de mejorar uno de los poderes del Estado (en este caso el Judicial, encargado de juzgar las conductas con arreglo a la ley vigente y con todas las garantías procesales establecidas) y hacerlo desde el más absoluto respeto a la separación de poderes y a la independencia de los mismo (esencial en cualquier democracia), lo que obviamente es una responsabilidad de todos al margen de los colores ideológicos que cada uno tenga. Justo lo que no se ha hecho, causando, una vez más, un daño irreparable a nuestro Estado de Derecho democrático, pues, erigidos todos (políticos, gobernantes y manifestantes) en Tribunal Superior de Justicia, ya hemos enmendado la plana al Tribunal de Navarra por su decisión condenatoria en primera instancia (por tanto recurrible) y hemos decidido que el delito probado es el de violación y no el de abuso sexual y que, por lo tanto, la pena no ha de ser de nueve años sino de muchos más. Y, para colmo de los colmos, Catalá, el ministro de Justicia, que debiera ser el más mesurado, cuerdo y responsable, también arremete contra uno de los magistrados del tribunal navarro, ante su incomprensible voto particular pidiendo la absolución de los acusados, y sin apelar, en todo caso, al sistema sancionador o a la vía judicial (si considera que alguien ha prevaricado), manifiesta públicamente que “cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el CGPJ no actúe”, indignando a la judicatura con esta “temeridad” desde el Gobierno al extremo de que todas las.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)