Mientras se van dictando
las pertinentes sentencias de inhabilitación por el simulacro de ilegal
referéndum del 9-N, vetado por la ley, a cuyo veto legal hicieron oídos sordos,
como ya es costumbre, los totalitarios dirigentes independentistas que
gobiernan la Generalitat catalana, va aumentando su osadía, que contrasta con
la tibieza de las referidas condenas, dando la sensación de que el Estado de
Derecho democrático español juega en desventaja ante semejantes personajes
ultramontanos. Ahora resulta (y suena a burla) que Artur Mas va a recurrir su
inhabilitación porque, según él, se ha vulnerado la Constitución, cuando está
acostumbrado a darle patadas a la misma siempre que le viene en gana (y ahora
le vale para apelar a quién sabe qué derechos personales contemplados se le han
vulnerado, según él). Entretanto el Tribunal Supremo avala la línea blanda
contra este proceso ilegal independentista y condena a Homs sólo a un año y un
mes de inhabilitación por desobediencia (él dice que es por sus ideas) y lo
absuelve, como a Mas, del delito de prevaricación, lo que, en todo caso
conlleva privarle de su escaño en el Congreso por incumplir las leyes, aunque
él dice que seguirá asistiendo a la Cámara a pesar de todo. Por otro lado, como
es lógico, el Gobierno rechaza por inconstitucional la vía escocesa, pues,
según la Vicepresidenta Santamaría, “diálogo no es exigir lo que no se puede
dar” (sustancial diferencia con el Reino Unido), en tanto que PP y PSOE invitan
a Puigdemont a un debate formal en el Senado sobre su plan de ruptura, que el
President rechaza, pues él quería y así lo había pedido que le dejaran
pronunciar una conferencia propagandística al respecto (pero no un debate) en
la Cámara Alta. No obstante Rajoy aprobará un paquete de infraestructuras para
Cataluña, que anunciará, entre otras medidas (entre las que está el Corredor
del Mediterráneo), en un acto en Barcelona la próxima semana, al que Moncloa
invita a Junqueras, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos, donde
el Gobierno quiere reflejar el lógico compromiso con los catalanes (como con el
resto de españoles), primeras víctimas de las irresponsables decisiones de sus
gobernantes independentistas totalitarios. Y entretanto el Parlament, que, por
cierto, paga cuatro veces más a los partidos que el Congreso (los subvencionó
con 15´8 millones el año pasado, 117.318 euros por diputado, frente a los
26.609 de la Cámara Baja, lo que Convivencia Cívica Catalana denuncia como una
“financiación encubierta” que multiplica las ayudas del resto de cámaras
autonómicas), desoyendo sus propios informes jurídicos aprueba partidas
presupuestarias para realizar el anunciado ilegal referéndum antes de que
finalice este año. En fin, o se... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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