ARTUR MAS, INHABILITADO

                        Mientras sólo una decena de personas conocen los artículos del texto de la ley de ruptura de Cataluña con España, pretendiendo marcar los pasos jurídicos de la independencia catalana, y mientras la dirección del PDeCat se reúne ante la vinculación de Mas con el famoso escándalo del 3%, preparando la antigua Convergencia una operación para desbancarle, en tanto que el expresident, que se vio con empresarios de las mordidas cuando pujaban por una obra de 65 millones, avisa tajante de que “no me bajarán del tren”, mientras todo esto sucede, Artur Mas, junto a sus exconsejeras Ortega y Rigau, es inhabilitado por desobedecer a la Justicia. En efecto, así lo acaba de decidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, inhabilitando a Mas durante dos años para el ejercicio de cargos electivos y condenándole a pagar una multa de 36.000 euros, a Ortega durante un año y nueve meses y multa de 30.000 euros, y a Rigau durante un año y seis meses y multa de 24.000 euros. Todo ello por el referéndum ilegal del 9-N. El político independentista anuncia que recurrirá “al Supremo, al TC y a Estrasburgo” y, en todo caso, no podrá ser candidato salvo que en Cataluña se agote toda la legislatura, en tanto que el TSJC, que les absuelve del delito de prevaricación, asegura que Mas “pervirtió los principios democráticos” y, por su parte, su sucesor, Puigdemont, amenaza con que “lo que condena la Justicia lo absolverá el pueblo con un referéndum”, mientras, de momento, el PDeCat carece de un líder sólido para afrontar la próxima campaña. La condena, para algunos, benévola, ha levantado una polémica pues Fiscalía solicitaba más años de inhabilitación, aunque, en honor a la verdad, hay que decir que era por el delito de desobediencia y de prevaricación, pero al ser absueltos de éste, lo cierto es que a Mas se le ha impuesto la máxima pena que, por el delito de desobediencia, contempla el Código Penal (dos años de inhabilitación) con lo que el Tribunal deja claro la gravedad del asunto y lo deplorable es pues que nuestra legislación sea tan benévola con delitos de desobediencia a los tribunales de Justicia competentes por parte de cargos públicos y gobernantes, evidenciando la frágil protección legal con que cuenta nuestra democracia, caso insólito en otros países democráticos. Si el principal requisito de la democracia es el acatamiento y respeto a la Legalidad democrática, la desobediencia a las sentencias de los Tribunales competentes, que es por lo que... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)