¿DISOLVER PARTIDOS?, NO

                         El PP propone disolver los partidos políticos que lancen consultas independentistas o promuevan referéndums ilegales y en su enmienda a la totalidad a la patética Ley de Amnistía, promovida a la carta para satisfacer al prófugo Puigdemont y al secesionismo en general a cambio de que el PSOE de Sánchez pueda seguir gobernando con Sumar, plantea incluir en el Código Penal nuevos delitos por “deslealtad constitucional”. Es lo que se plantea y yo, como demócrata, no puedo estar más en desacuerdo con la propuesta del PP de Feijóo, pues en democracia el camino para solucionar los problemas no es, ni debe ser jamás, disolver los partidos políticos por rechazables que sean o nos parezcan sus propuestas ya que por ese camino, al final, si hay suficiente mayoría (imaginen una mayoría absoluta tendente al totalitarismo) se llegaría al partido único y, si me apuran, a la eliminación de los partidos políticos; es decir, sería una ilegítima aberración democrática intolerable. No cabe pues, como pretende Feijóo, disolver Junts o ERC si preparan otro 1-O, pues por esa regla de tres cabría la ilegalización de otros partidos por otras razones que repugnan a la ciudadanía, ya que lo que cabe hacer es convencerla para que rechace en las urnas sus propuestas indeseables de forma masiva y que éstas queden reducidas a minorías testimoniales, pues en democracia no cabe perseguir penalmente ideas o proyectos sino hechos delictivos ya consumados y no propuestas por nefastas que éstas sean para la sociedad y la convivencia. Así pues, por mucha legitimidad que tenga el PP en querer ganar terreno a Vox y, al efecto, reclame “más dureza ante el vaciamiento del Estado de Derecho”, que es cierto y preocupante por el chalaneo mercantilista del actual Gobierno con secesionistas, prófugos y delincuentes convictos y confesos, y por más que el PP pretenda “rearmar” al Estado con una reforma penal, planteando penas de más de diez años a quienes declararan la independencia tras las cesiones de Sánchez al independentismo, la solución no es apelar al Supremo para avalar la disolución de dichos partidos, por más que el Alto Tribunal pudiera tener dicha medida como “reivindicación”, pues, con no pocas razones, los expertos ven trabas legales en semejante solución, cuando en España el problema no está en que no haya ya suficientes medidas penales para afrontar semejantes conductas sino que lo que hay es un incumplimiento manifiesto de las mismas por intereses políticos que incluye incluso la desautorización de las sentencias, incluidas las del Supremo, por parte del Poder Ejecutivo, que no sólo se permite el indecente lujo de desautorizar y anular sus sentencias firmes (como sucede en las del “procés”), sino que además, aliándose con los condenados o fugados de la Justicia, promueve en el Parlamento mínimas mayorías contranaturales para beneficiarles borrando o rebajando del Código Penal los delitos por los que fueron condenados con todas las garantías procesales o por los que son perseguidos, como el de sedición o la malversación, para que éstos delincuentes puedan volver a ejercer su actividad política y queden inmaculados penalmente como si no hubiesen actuado contra el Estado desde las propias instituciones, como es el caso, y todo ello después de haber hecho uso abusivo del “indulto” sin exigirles siquiera una muestra de arrepentimiento. Esta es la cruda y triste realidad, pues en España no hay un vacío legal penal para perseguir los delitos contra el Estado de Derecho (y no lo hay todavía, ni siquiera, tras las actuales medidas y rebajas penales diseñadas a la carta para favorecer a los delincuentes secesionistas a cambio de que éstos apoyen al Gobierno), pues lo que lamentablemente hay es una flagrante invasión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial invalidando las sentencias que no le vienen bien al primero y un chalaneo legislativo por el que delincuentes por un lado y quienes debieran ser garantes del orden constitucional por otro lado, se alían indecentemente para conformar coyunturales mayorías y allanar el terreno legislativo a los primeros para que sigan fomentando sus fechorías pasadas con mayor facilidad. Por tanto, un “no” rotundo a disolver partidos políticos, como propone el PP de Feijóo, pues ni siquiera la medida serviría de nada si, una vez aprobada, el Ejecutivo de turno, por intereses políticos personales, siguiera actuando impune y torticeramente contra las decisiones de los tribunales de Justicia cuando le conviene en vez de resolver las discrepancias escrupulosamente por la vía judicial, acatando las sentencias de los tribunales.

            Obviamente, con semejantes anomalías democráticas, sólo cabe esperar desencuentros e incongruencias político-institucionales sin precedentes como, por ejemplo, tener un Gobierno que defienda a la vez una determinada política y la contraria, sometido además a todo tipo de chantajes por minorías radicales que si no se salen con la suya tienen la capacidad de derribarlo cuando les convenga. Ya, para empezar, Junts, el partido del fugado y socio de Sánchez (algo insólito e indeseable), Puigdemont, anuncia que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)