DESPENALIZACIÓN AL SECESIONISMO

                     El berenjenal en que se ha metido el Gobierno de Sánchez y en el que ha metido al PSOE es de consecuencias imprevisibles, incluso para el propio Estado de Derecho democrático que, a todas luces, queda más desprotegido contra los amantes del totalitarismo y contra los chorizos tras la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación como pago al apoyo de su gobierno que le dan los delincuentes del procés, quienes han recibido un balón de oxígeno y presumen de ello aunque, como buenos liberticidas, siguen insatisfechos y quieren mucho más, ya que la Justicia, a pesar de todo, sigue buscando que paguen ante la ciudadanía por sus conductas delictivas aunque el Gobierno se empeñe en borrar del Código Penal los delitos por los que fueron condenados, seguramente pensando miserablemente que “muerto el perro se acabó la rabia”. En efecto, el juez Llarena, obligado por la irresponsable decisión del Ejecutivo de Sánchez, retira la sedición (ya inexistente de nuestro Código Penal) contra el  prófugo Puigdemont, pero no la malversación, lo que, puestos a elucubrar, puede facilitar la entrega del fugado por parte de Bélgica que ya no puede alegar de forma torticera que dicho delito no existe en su normativa penal. Y es que Llarena (¡menos mal que, al menos, todavía tenemos la Justicia!), desde el Supremo, advierte al Ejecutivo de que el ilegal 1-O hoy quedaría impune y le reprocha en un duro auto que no se trató de “desórdenes públicos” (como quedaría ahora tras la eliminación de la sedición), sino que el Govern “desbordó el orden constitucional”, con lo que el juez frena, gracias a la malversación, la amnistía total que busca Sánchez para tener la fiesta en paz con los secesionistas de ERC, constatando la “despenalización” de un asalto independentista en España, pues el nuevo delito de desórdenes públicos, sustituto del de sedición, no es aplicable ya que, a lo sumo, se podría aplicar el de desobediencia (demasiado barato para la gravedad de lo acaecido el lamentable 1-O). Es como queda ahora la protección del Estado de Derecho con las reformas de Sánchez en el Código Penal, aunque, menos mal, que los errores en la reforma del Gobierno permiten a la Justicia mantener la malversación sin rebaja alguna, con lo que Puigdemont se enfrentaría a 12 años (salvo que el Gobierno, tras ser juzgado, le indultara, como ha hecho con sus colegas condenados), mientras la Sala se dispone a debatir si sigue el mismo criterio para no reducir la inhabilitación de Junqueras y compañía. Obviamente los secesionistas, con el fugado Puigdemont a la cabeza, no están conformes con la decisión y quieren más, al extremo de que el prófugo expresident manifiesta “no volveré ni esposado ni rendido ante un juez español” y arremete contra la Justicia burlándose de los tribunales españoles por acusarle de “unos delitos menores que no son ni siquiera eso”, retando al Estado diciendo “lucharé por volver libre”. Es el..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).