UN TRAJE VIEJO

                     Tras la exhibición en el Día de la Constitución de la falta de consenso para hacer con normalidad las reformas que nuestra Carta Magna necesite, habría que concluir que, de entrada, lo que deben hacer las instituciones gubernamentales del ámbito territorial que sean es respetarla y acatarla, reformada o no, pues, en caso contrario, como está sucediendo, de nada vale hacer el mejor marco legal si luego los propios gobernantes se lo saltan a la torera cuando les conviene. De entrada no es de recibo que tanto Sánchez, Presidente del Gobierno, como Batet, Presidenta del Congreso (dos instituciones básicas que representan respectivamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado), utilicen el evento conmemorativo para cargar contra el Jefe de la oposición, en este caso Casado, al extremo de que Batet rompe la tradicional y esencial neutralidad de su cargo señalando al PP de no querer pactar el CGPJ, mientras los socios de Sánchez aprovechan para deslegitimar, una vez más, la Carta Magna. En efecto, la Presidenta del Congreso usa el discurso institucional para acusar a la oposición de “judicializar la política” y no admitir su derrota electoral, mientras Unidas Podemos, partido minoritario pero  cogobernante con el PSOE de Sánchez, tilda la Carta Magna de “traje viejo” y llama a que “la calle presione” para poder lograr la abolición de la Monarquía Parlamentaria, en tanto que ningún nacionalista acude al acto (sin que ello sea objeto de crítica ni mención por parte de Batet o Sánchez), mientras ERC aprovecha para reclamar una “Constitución catalana” y el PNV para pedir que se reconozca “la nación vasca”. Todo esto no tendría demasiada importancia si se tratara de líderes políticos que legítimamente actúan intentando atraer a sus proyectos de partido el mayor número de apoyos posibles, pero no es el caso, pues todos ellos tienen responsabilidades institucionales gubernamentales importantes, que la Constitución legitima y que, por tanto, obliga a sus líderes a cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente emanada de ella, comenzando por acatarla y respetarla, lo que, en caso contrario, supone una gravedad extrema para la higiene democrática de nuestro país. No extraña pues que, con este “traje viejo” y encima pisoteado y que desde las instituciones no se quiere limpiar y renovar, sino resquebrajar y tirar a la basura, la Generalitat se permita, sin que pase nada, arremeter contra un niño cuyo delito es que sus padres han exigido, en concordancia con lo sentenciado por el Tribunal Supremo, que, al menos, el 25% de las clases las reciba en castellano, la lengua oficial en toda España, por lo que los progenitores del menor se han visto obligados a pedir protección a la Justicia para su hijo mediante un escrito al TSJ de Cataluña solicitando medidas especiales para que se impida el acoso que está sufriendo y se preserve su integridad, mientras la portavoz del Govern, en vez de acatar y cumplir lo que le exige el Supremo, ignora los ataques que el niño recibe y se sorprende porque un solo alumno en Canet de Mar “obligue a cambiar la lengua al resto”, cuando no es de eso de lo que se trata sino de garantizarle al alumno y al resto de alumnos el derecho a recibir en castellano ese mínimo de clases que la Justicia dictamina. Y luego hablamos de...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)