TAN SENCILLO COMO CUMPLIR LA LEY

                     En un Estado de Derecho lo esencial es cumplir la ley y, muy especialmente, que la cumplan las instituciones pues, en caso contrario, estaríamos en la antesala de un Estado de Derecho frustrado o fallido. Ello supone que quien no cumpla la ley, ya sea particular o institución, ha de ser sometido a ella y apechugar con las sanciones previstas en los respectivos Códigos de legislación (penal, civil, administrativo….etc etc), una vez que los tribunales pertinentes, que para eso están, dictaminen al respecto. Desgraciadamente es justo todo lo contrario de lo que viene sucediendo en España desde hace algún tiempo, pues los intereses políticos prevalecen sobre los intereses democráticos, que atañen a todos y a la convivencia pacífica, poniendo en grave riesgo la propia estabilidad democrática y viabilidad del Estado de Derecho. El último de los episodios graves de este atentado a la democracia (hay muchos más que podrían servirnos de ejemplo) lo protagoniza la Generalitat y el Govern de Cataluña al saltarse a la torera una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a que en los colegios catalanes se imparta al menos un 25% de clases en castellano, la lengua común de todos los españoles, amparando así el derecho de un alumno en Canet de Mar, cuya familia había exigido a los tribunales que se garantizara dicho derecho a su hijo, cuando éste es atropellado e incumplido de forma casi generalizada no sólo en Canet sino en el resto de centros educativos catalanes. ¿Y qué hace la Generalitat y el Govern de Cataluña ante la sentencia del Supremo que da la razón a la familia de Canet? Pues bien, no sólo no se conforma con desacatar la sentencia, incumplirla y no hacerla cumplir sino que además arremete contra la familia y su hijo lanzando al secesionismo totalitario contra ellos y justifica dicho hostigamiento por el “ataque intolerable” a la inmersión lingüística, que, por cierto, en ningún momento dice que haya de impedirse la enseñanza en castellano y del castellano en las aulas, mientras Josep González, Consejero de Educación catalán, tilda cínicamente de “mentira” el conflicto y carga contra la Justicia, negándose a contestar en castellano a los periodistas durante su visita a Canet, donde, a pocos metros del colegio, decenas de personas se manifiestan contra la resolución judicial y aparecen carteles instando al niño y a su familia a que abandonen Cataluña. Sin duda “Canet es el eslabón de una cadena de linchamientos” y el acoso al menor y su familia una “estrategia para evitar la ejecución de la sentencia” a la vez que un intolerable aviso de la Generalitat a quienes se atrevan a reclamar el derecho a esas horas de castellano en las aulas, pues quién reclame castellano ya sabe a qué atenerse. “¿Quién se atreverá ahora a pedir más castellano después de lo del Colegio de Canet?” se preguntan los otros padres que reclaman ese 25% de clases en castellano tras sufrir estas amenazas, ataques de ansiedad, aislamiento social, boicot a sus negocios o tener que cambiar de ciudad….. sin duda, para la mayoría, ante semejante desamparo por parte del Estado, le es más fácil rendirse y someterse, aunque la familia de Canet, a quien obviamente le inquietan “las amenazas y los insultos” y manifiesta que “sólo queremos que nuestro hijo estudie en Canet en las dos lenguas”, está dispuesta a aguantar, mientras otras trece familias aguardan que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)