El primer objetivo de un
demócrata, al margen de la ideología política democrática que tenga, es, y debe
ser, tener bien claro que la democracia no es negociable, que no se negocia,
que, simplemente, se ejerce con todas las consecuencias y que, muy
especialmente, ha de ejercerse desde las instituciones democráticas
establecidas que tienen el deber de garantizarla, pues para eso cuentan con los
mecanismos legales y coercitivos necesarios, que, a tal efecto, el pueblo
soberano ha puesto en sus manos. Por ello el principal deber de cualquier
gobernante en democracia es y ha de ser el escrupuloso respeto y acatamiento al
ordenamiento jurídico e institucional establecido y, obviamente, con arreglo a
las competencias que cada uno tenga encomendadas, la aplicación estricta de la
legalidad vigente en su ámbito de poder, que es consustancial con el Estado de
Derecho. En caso contrario ya no está en juego, siendo muy importante, la
formación de un gobierno de un determinado color político u otro, sino que lo
que nos jugamos es la propia democracia y ante semejante peligro ni caben
componendas coyunturales, ni legítimos intereses, ni equidistancias calculadas
para conseguirlos; cuando un gobernante o su partido político, del ámbito
territorial que sea, no ejerce la democracia y actúa contra ella desde el poder
que la propia democracia le ha otorgado es pura traición y, por tanto, sólo
cabe su aislamiento político y su inmediata puesta a disposición de los
tribunales de justicia. En democracia caben todas las propuestas políticas, por
descabelladas que sean y por el desprecio moral que merezcan, siempre que se
formulen como objetivo lícito para hacerlas mayoritarias y que el pueblo
soberano las haga suyas para, democráticamente, incluso poder cambiar la propia
Constitución con los mecanismos establecidos, ¡faltaría más!, pero no cabe que
quienes gobiernan las distintas instituciones del Estado, actuando al margen de
sus competencias y contra el ordenamiento jurídico vigente, pretendan imponer su
proyecto de forma totalitaria por atajos antidemocráticos. Así pues, es
preocupante, aunque lícito y legítimo, propuestas radicales extremas de
cualquier signo o color político, por muy indeseables que sean y por mucho
rechazo que merezcan, pero es intolerable, ilícito e ilegítimo que pretendan
imponerse contra el ordenamiento jurídico-institucional establecido, y es
totalmente inadmisible, sin miramiento alguno, si se actúa en tal dirección
desde la propia gobernanza de las instituciones del ámbito territorial que sea
y al margen de las competencias que cada uno tenga encomendadas (nadie tiene la
encomienda de dar un golpe de Estado o gobernar al margen de la ley),
mereciendo entonces, además del reproche jurídico y legal, el repudio político
desde todo el ámbito democrático sin paliativos que valgan. Por todo ello es
peligroso e irresponsable que las legítimas aspiraciones de Pedro Sánchez de
presidir ese pretendido gobierno, que llama “progresista” (a la vista está que
no es lo que han decidido mayoritariamente los españoles y sí un gobierno
claramente moderado y constitucionalista), se sustenten en alianzas y apoyos de
partidos políticos que, apostando por un inexistente derecho de
“autodeterminación” y por la unilateral secesión territorial, ya han celebrado
un ilegal “referéndum” para imponerlo; que tienen a sus cúpulas condenadas,
encarceladas e inhabilitadas por graves delitos contra el Estado y les
consideran “presos políticos” cuando son políticos presos por los delitos
cometidos, es decir, delincuentes; y que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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