Y AHORA, EL FISCAL GENERAL

 

                        La degradación de las instituciones democráticas en España es un hecho indiscutible y muy preocupante, que puede llevar a daños irreversibles a nuestra convivencia pacífica, pues, desde que se configuró este minoritario gobierno filo-populista de Sánchez a trancas y barrancas, hilvanando todos los retales políticos de izquierdas o de derechas a base de chantajes y demagogia, es imposible no sólo la gobernanza del país sino también el ejercicio libre e independiente de la Justicia, cada vez más manchada de relativismos políticos y presiones de otros poderes del Estado y más alejada de la imparcialidad que requiere la aplicación de la ley al extremo de que los ciudadanos cada vez tenemos menos claro si una determinada actuación, con la ley en la mano, es “per se” delictiva o no pues al final todo dependerá de la conveniencia o inconveniencia política del momento, del lugar o de los afectados, generando con ello en la sociedad una inseguridad jurídica enorme y un desencanto progresivo del sistema. Por eso este país está patas arriba institucional y políticamente hablando, batiendo todos los records de ocurrencias y hechos insólitos, impensables hace bien poco tiempo, mientras ahora se están normalizando como algo cotidiano nada sorprendente, cuando en otros países de nuestro entorno serían totalmente inaceptables al margen del color político democrático que tenga el gobierno de turno. El último episodio de este caótico proceder lo protagoniza, nada más y nada menos, que nuestro Fiscal General del Estado, quién, ya saben que, según Sánchez, es el Fiscal General del Gobierno que lo propone y, en definitiva, lo nombra; ya de entrada craso error conceptual del Presidente del Gobierno, pues, en democracia, las cosas no funcionan así. El caso es que nuestro Fiscal General del Estado (o del Gobierno), García-Ortiz, acaba de ser imputado (o investigado) por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos al responder a un bulo del entorno de Ayuso, la presidenta madrileña, y el Jefe del Ministerio Público, tras su imputación, descarta dimitir mientras cuenta con el apoyo del Presidente del Gobierno, sus ministros y sus socios gubernamentales. Todo ello, en democracia, insólito e inédito, tanto la imputación del Fiscal General (cuya función, entre otras, es promover e impulsar la acción de la justicia y asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la misma) como el rechazo por parte del Ejecutivo a la decisión del Supremo (una vez más zarandeado y cuestionado en sus decisiones), que ya viene siendo habitual desde que por el asunto del procés el Ejecutivo le dejara con el culo al aire para intentar, como así ha sido, atraerse los votos del secesionismo a la causa sanchista-populista, generando un enrarecido ambiente que ahora agrava el Fiscal General con su negativa a dimitir apoyada por el Ejecutivo y sus socios, quienes, en vez de mantenerse neutrales para que fluya con normalidad el trabajo de los tribunales, empezando por el Supremo, arropan al imputado con todo tipo de mentiras, verdades a medias e interpretaciones torticeras, como decir públicamente que el Fiscal General ha sido imputado por “decir la verdad”, lo que es totalmente falso, pues se le imputa por una presunta “revelación de secretos” de datos confidenciales, en este caso, del novio de Ayuso, lo que puede entorpecer sus derechos y su estrategia de defensa que tiene como cualquier otro ciudadano, sea delincuente o no, un principio que Fiscalía debe proteger siempre en vez de divulgar la confidencialidad de los mismos. Y, para colmo, el Fiscal General, mientras Sánchez dice que “ha hecho su trabajo, todo lo que debía hacer”, manifiesta públicamente y en tono amenazante que, como fiscal, “si quisiera hacer daño, tengo información de sobra”, cuando sabe que esa información de la que habla no puede ser usada por él para hacer daño arbitrariamente a alguien pues su cometido como fiscal general es todo lo contrario ya que precisamente es él quien ha de custodiar dicha información y vigilar que se haga un uso adecuado y no fraudulento de la misma, que es lo que se investiga en este patético caso.

            En fin, tras la ristra de intromisiones improcedentes al trabajo de los tribunales, que sería interminable relatar, ahora es el Fiscal General quien mete la pata mientras el Gobierno lo blinda, porque “no hizo nada malo” (ya ven, lo malo lo hace el Tribunal Supremo por investigarle), mientras la carrera judicial pide su “inevitable e imprescindible” dimisión, pues su imputación culmina el progresivo deterioro institucional, mientras el aval de Sánchez a su negativa a dejar el cargo ahonda el desprestigio de una Fiscalía General cuyo Jefe pasa de “no idóneo”, según el CGPJ, a “imputado” por el Tribunal Supremo. Por su parte García-Ortiz, para explicar su decisión de no dimitir, convoca a la Junta de Fiscales, su principal órgano asesor, y al Consejo Fiscal, que muestran la división sobre el asunto: la Junta de Fiscales de Sala dividida respalda por los pelos la decisión de Ortiz de seguir en el cargo (gracias, según algunos, al refrendo de los ascendidos por él y por Dolores Delgado, quien le anima a que siga) y el Consejo Fiscal le pide mayoritariamente que dimita “por el bien de la institución”. Así las cosas, jueces y fiscales creen que su continuidad daña a la institución (ya bastante dañada por su trayectoria y la de su antecesora, la ex ministra Dolores Delgado, que pasó del Ministerio a la Fiscalía General en un santiamén) y erosiona su “credibilidad”, mientras el PP considera que García-Ortiz “no puede seguir ni un minuto más” y el PSOE le ofrece su “total respaldo”, cuando el Fiscal General ni puede revelar datos confidenciales de nadie, aunque fuera un delincuente, ni puede arremeter contra alguien públicamente con “notas de prensa” para disipar bulos pues, si sospecha que alguien vulnera la legalidad, lo que debe hacer es demandarlo en sede judicial y punto. Una Fiscalía que, por cierto, emite un duro alegato contra el recurso del Supremo a la Ley de Amnistía entendiendo que no se rompe el principio de igualdad.

            Pero, siendo gravísimo lo anterior, no es menos grave que el Presidente del Gobierno, ante casos de corrupción que afectan a su entorno personal o a su Gobierno, en vez de colaborar con la Justicia, que es lo que dice que hace, se dedique a todo lo contrario, arremetiendo contra los jueces y magistrados que simplemente hacen su trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de rechazar por unanimidad la querella interpuesta por Sánchez contra el juez Peinado, que investiga a su mujer, e incluso uno de los magistrados emite un voto particular pidiendo multar al Presidente por su “reiterado ejercicio abusivo de la acción penal” y actuar de “mala fe procesal”. El caso es que el TSJM tumba la “extravagante” querella de Sánchez contra el juez Peinado y descarta por unanimidad que prevaricase, viendo en la querella sólo “prejuicios y especulaciones”, pues el Presidente, que tiene todo el derecho a querellarse contra quien considere que comete algún delito (eso sí, con todo el asesoramiento que tiene debiera fundamentarlo impecablemente), ignora las “nociones elementales” de la separación de poderes, cuando el auto del TSJM deja bien claro por unanimidad que el juez del “caso Begoña” no prevaricaba al interrogarle como testigo en Moncloa y no hacerlo por escrito y por ello inadmite su “especulativa” querella contra el juez, dejando bien claro que citarle como testigo no es ningún “ataque” y reclamándole respeto a la independencia judicial y la separación de poderes. Y ante este varapalo judicial a Sánchez el Gobierno ataca el auto y discrepa de sus razonamientos jurídicos tomados por unanimidad.

            Entretanto Anticorrupción pide imputar a Ábalos por el “caso Koldo” y señala que la “trama” tenía influencia por ser el ex ministro el número tres del PSOE y de absoluta confianza del Presidente, quien ahora, por fin, pide disculpas por el “caso Ábalos”, pero evita dar explicaciones y contestar cuántas veces se ha visto con Víctor Aldama, “el conseguidor”. Por otro lado, mientras Marlaska recibe insultos homófobos de estudiantes en la Universidad de Navarra (lo que es totalmente inaceptable se mire como se mire), los juristas ven impugnable el aval del Congreso de los Diputados a la ley que libera a etarras, pues los letrados encuentran argumentos para que el Senado recurra al Constitucional, mientras la presidenta de la AVT denuncia que Marlaska “ha pasado de perseguir a etarras a abrirles las puertas”. En definitiva, este Gobierno que se alzó con la bandera de luchar contra la corrupción está, como ven, muy lejos de su propósito, mientras Feijóo asegura que la “agenda judicial” de Sánchez no ha hecho más que empezar, augura que habrá una “agonía judicial” para el Presidente y pide a los socios del Gobierno que revisen su posición porque, en tales circunstancias, “el cambio es irreversible”. Un gobierno atrincherado tras los escándalos que se empecina en “dar la batalla”, mientras atraviesa un momento muy delicado, entre otras cosas, por el “caso Ábalos”, la imputación del Fiscal General y el enfrentamiento con Ayuso, además de la asfixia en el Congreso de los Diputados donde no cuenta con mayoría parlamentaria. Y mientras algunos compañeros en la lucha contra ETA del hoy ministro Marlaska dicen que “ya no es uno de los nuestros, ha perdido el alma de juez”, en tanto que la UCO “calienta” el cerco político y judicial de Sánchez, el escudo del Presidente, cada vez más desprestigiado, reside en su equipo más fiel, en el silencio de su partido y en el apoyo interesado de sus socios y aliados, lo que, si no le permite gobernar, sí le permite al menos mantenerse en el poder aunque sea a trancas y barrancas.

            Por lo que respecta a otros asuntos, citar que el 14% de los jóvenes que se emancipan lo hace gracias a un piso cedido; que el Gobierno “oculta” a la UE el déficit del sistema de pensiones y obvia las inyecciones extraordinarias; que las listas de espera siguen en niveles record pero Madrid opera tres veces más rápido que el resto del país; que el BOE, pese al veto del Senado, publica la polémica reforma de la ley que beneficia a los etarras; y que el PNV exige al Gobierno bonificar el impuesto a las energéticas en el País Vasco (a las demás CCAA que les parta un rayo) como precio del apoyo peneuvista a los Presupuestos.

            Y del exterior, destacar que el ejército israelí mata al nuevo jefe de Hamás y cerebro de los atentados del 7-O, desencadenantes de esta escalada de violencia, y Netanyahu dice que “es el principio del fin de la guerra”, aunque acabará cuando los secuestrados regresen a casa, y Biden ve una “oportunidad para buscar la paz” en Gaza; y que la UE, contra sus valores fundacionales, endurece las políticas de inmigración con lo que el derecho de asilo se resquebraja, mientras los deportados a Albania por el gobierno italiano regresan a Italia tras anular un juez italiano las deportaciones de Meloni mientras cada vez hay más países que ven con buenos ojos la puesta en marcha de centros de migrantes en países terceros……y es que la inmigración ya es uno de los principales problemas no sólo en España sino en toda la UE, pues ambas carecen de una política migratoria eficaz lo que activa recetas populistas radicales en uno u otro sentido, soluciones demagógicas ante dos realidades indeseables que han de superarse, pues, de un lado, la inmigración no puede ser ilimitada e infinita por mero sentido común, y, de otro lado, los migrantes no pueden ser tratados como meras mercancías, bien con deportaciones a países terceros, bien con internamientos casi carcelarios y hacinamientos en centros dentro de los países de la UE.

Fdo. Jorge Cremades Sena