Con más pena que gloria
se ha celebrado el ansiado Pleno del Congreso de los Diputados en el que Pedo
Sánchez iba a presentar su “plan de regeneración democrática” ya que, al final,
se ha evidenciado que ni había plan ni regeneración democrática, y que sólo hay
más de lo mismo, es decir, un espectáculo bochornoso de la anti-política que al
final nos llevará al caos antidemocrático. En efecto, tres meses después de la
profunda reflexión de Sánchez en su retiro espiritual, tras conocer que su
mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada judicialmente, el Presidente no
aclara ni concreta las medidas que tomará para combatir los “bulos” y, una vez
más, embarra el debate con una catarata de ataques a la oposición que, por lo
visto, es la culpable de todo lo que pasa. Sánchez se ciñe a las leyes de la UE
para combatir la desinformación, cuando por bastante menos de la mitad de lo
que aquí sucede cualquier gobernante europeo ya habría dimitido o, en caso
contrario (haciendo gala de la esencial transparencia que requiere la
democracia) habría aclarado con pelos y señales en el Parlamento, entre otras
cosas, las acusaciones judiciales sobre su propia familia al margen de quien
haya interpuesto las pertinentes denuncias, en vez de atacar a los jueces quienes,
mejor o peor como cualquier otro ciudadano, simplemente realizan su trabajo y,
en caso de incurrir en algún delito al ejercerlo, son susceptibles de ser
obviamente investigados como cualquier otra persona. Pero, ya ven, aquí en
España, no es así; Sánchez, sin haberlo pactado con nadie, simplemente adelanta
que los medios de comunicación deberán desvelar quienes son sus dueños y cómo se
financian, pues su Gobierno (eso sí, a su manera) quiere implicar en el asunto
a los partidos, a la prensa y a la sociedad civil en esta especie de control de
la verdad, olvidando que, al efecto, existen las leyes y los tribunales para
juzgar la desviación de esa verdad, pues al final ha de imponerse siempre la
verdad judicial, objetiva e imparcial, demostrando los hechos fehacientemente,
y no la verdad política, parcial y subjetiva que cada uno tengamos. No en vano,
ante este pseudo-plán de pseuda-regeneración que, por su cuenta y riesgo
plantea Sánchez, éste encuentra reticencias incluso entre sus propios socios y
sostenedores de su gobierno y además el rechazo total de la oposición, con lo
que dicho gobierno no cuenta de momento con la mayoría parlamentaria para llevarlo
adelante. En efecto, PNV, Bildu y ERC (por no hablar de Junts) rechazan el plan
para controlar los medios y, en todo caso, le obligan y exigen negociarlo punto
por punto, mientras Sánchez acusa al PP de “comprar tabloides” y propone regula
las audiencias y la publicidad, lo que muchos consideran un ataque a la
libertad de expresión mediante el objetivo de ampliar las competencias
burocráticas y sancionadoras de la CNMC (en medio de la pugna cruel por
controlar todas las instituciones nombrando a miembros afines en vez de
nombrarlos con criterios objetivos e imparciales). Y ante todo esto, hasta los
propios socios del Gobierno se muestran muy críticos y consideran que el plan
“parece una tomadura de pelo”, mientras Feijóo, el jefe de la oposición, acusa
a Sánchez de ser en sí mismo el “mayor bulo de España” y le pide que redacte
otra carta más, la de su dimisión, añadiendo que es “un especialista en parejas
con relaciones mercantiles”, mientras los ministros Bolaños y Urtasun se disponen
a negociar con los grupos en nombre de la minoritaria coalición gubernamental
para ver si, al final, aclaran algo sobre este inexistente “plan de
regeneración democrática” de Sánchez.
Curiosamente durante la larguísima
sesión parlamentaria ni la más mínima mención por parte de Sánchez sobre las
investigaciones judiciales a su mujer, Begoña Gómez, en pleno silencio
sospechoso de los socios del Presidente (¡qué se estaría diciendo si en vez de
Begoña se tratara de la mujer de Feijóo y éste fuera el Presidente de
Gobierno!), salvo la nota discordante del peneuvista Aitor Esteban que le avisa
sobre su esposa diciendo “a mí lo que me sorprende es que nadie diga que hay
cosas simplemente que no se deben hacer,
no porque las prohíba la ley, sino que
no se deben hacer” pues “más allá de la ley” hay que guiarse por “el sentido
común” (totalmente de acuerdo, pero, de ser así, no cabe seguir apoyando el
sinsentido común). Entretanto, la Complutense pide actuar como acusación contra
Begoña si se halla perjuicio en su actuación, un nuevo frente contra ella al
pedir la UCM investigarla ya que pudo cometer “apropiación indebida” al hacer
uso personal de un “software”, por lo que pide al juez que indague si se causó
“perjuicio patrimonial” a la universidad, afeando a los implicados que no hayan
colaborado en las pesquisas internas al respecto, al extremo de que la UCM
denunció a Begoña ante su “falta de cooperación” ante los indicios de
“apropiación indebida”, dándose la paradoja de que la universidad de su máster
le requirió documentación y ella prometió aportarla pero un mes después no lo
ha hecho, cuando lo que pretendía el centro era averiguar si sus “conductas son
ajustadas a Derecho” y si “causaran daños al patrimonio”. Se publica entretanto
que la UCM evitó examinar las memorias de la cátedra de Begoña, quien le pidió
hace tres semanas renovar uno de sus másteres; que la UCM se negó a aprobar la
memoria del máster de Gómez, quien el 2 de julio tuvo una “tensa” reunión con
el centro en la que intentó recabar apoyo antes de declarar ante el juez y el
vicerrector respondió que no procedía y ella se negó a aportar los datos que le
reclamaban desde 21 días antes; que en 2018 se comprometió con el IE a que no
utilizaría sus “contactos familiares”; y que cobró por una cátedra que la UCM
no paga, pues percibió 20.000 euros al año pese a que la Complutense traslada
al Senado que no se retribuyen las direcciones y codirecciones….En fin,
demasiadas acusaciones, verdaderas o falsas, que no pueden ni deben ser
esquivadas ya que requieren explicaciones transparentes, pues de lo contrario
cabe sospechar que ni plan, ni regeneración…. ni transparencia.
Así las cosas, Begoña comparece de
nuevo en los juzgados para declarar ante el juez como imputada o investigada
(insólita situación en España) por presunta corrupción y tráfico de influencias
con su cátedra y sus dos cursos aun en vigor….y cuando la ciudadanía esperaba
que con su declaración se daría un paso importante en la transparencia y en el
esclarecimiento de los hechos, la esposa del Presidente se acoge a su derecho a
no declarar y nos deja todavía más en la sospecha de que hay algo más en el
asunto que una denuncia “fake” por parte de la maldita ultraderecha, sin que el
Presidente diga nada al respecto ni conteste a las lógicas interpelaciones que
la oposición le hace en el Parlamento y sus ministros más fieles salgan en
tromba a criticar el trabajo que realizan los jueces. Es más, Begoña rechaza
que testifique el vicerrector que supervisó su trabajo y se niega a declarar
ella misma ante el instructor, que, una vez más, es de nuevo diana de duras
críticas por parte de hasta cuatro ministros (insólito en Europa), haciendo un
flaco favor al esclarecimiento de los hechos. Con ello la esposa de Sánchez fía
todo a un cierre rápido del caso, mientras el juez, decide imputar al empresario
Barrabés que impulsó su máster, tras reconocer éste sus encuentros en Moncloa
con Sánchez y su esposa, mientras el vicerrector afirma que no hay precedentes
de directora sin estudios superiores y que ella sondeó ganar más dinero,
añadiendo ante el juez que el rector le dio la consigna expresa de “hay que
hacer una cátedra para Begoña Gómez”…. Y además se da la circunstancia de que
Barrabés logró varios contratos públicos a los que se presentó con 32 firmas de
apoyo, entre ellas, la insólita firma de la propia Begoña Gómez. No extraña
pues que, mientras el Congreso pone el cerco a Begoña con 33 iniciativas sobre
su peculiar actividad profesional, crezca el malestar en el PSOE y en sus
socios (cómplices con su sospechoso silencio) por el avance de las
investigaciones judiciales contra ella, al extremo de que dirigentes
socialistas piden más contundencia para hacer frente al relato de las acusaciones.
No obstante, aunque los socios ven “cosas raras” en el “caso Begoña”, no lo
considerarán “cassus belli”, aunque echan en falta y le quitan hierro al asunto
con el argumento de que “no es lo de Juan Guerra”, mientras en las filas del
PSOE muestran “sorpresa” por el aluvión de noticias sobre la mujer del
Presidente, aunque se desmarcan de él porque “es un tema personal” por más que “para
él puede ser grave” y un sector reclama “explicaciones de algún tipo”, mientras
el Presidente emula cada vez más al populista Pablo Iglesias con discursos cada
vez más radicalizados, dando un paso más en el proceso de “podemización” del PSOE
sanchista, en tanto que Moncloa riñe a Yolanda Díaz, sucesora de Iglesias, por
su anunciada derogación “fake” de la Ley Mordaza ya que con ello la
Vicepresidenta populista “va más allá de lo hablado”.
Pero no acaban aquí las
tribulaciones del PSOE en asuntos de corrupción y conductas irregulares. El
hermano de Sánchez declara que “el absentismo laboral no es delito” (¡pues
venga, a ser enchufado en la gestión de lo público y que manden el suculento
sueldo a casa, que ya pagamos todos los españoles!), mientras la número dos de
Igualdad se enroca y abre otro cisma en la coalición gubernamental al exigir
Sumar el cese de la Directora del Instituto de las Mujeres por los contratos de
gestión de los “puntos violeta” bajo sospecha en varios ayuntamientos del PSOE.
Por otro lado Miguel Gracia, barón socialista de Huesca, fiel a Sánchez y
enfrentado a Lambán, y ex presidente de la Diputación investigado por
prevaricación, es nombrado senador comunitario (y, por tanto, aforado)… ¿es que
no había nadie que estuviera más limpio de polvo y paja?, en fin, sin más
comentarios. Y la guinda la pone Manuel Chaves que se abona al “lawfare” diciendo,
tras ver fulminada su condena por el TC, que el asunto de los ERE “ha sido una operación
política montada por el PP” y que todo el “caso ERE” fue un “bulo” de medios,
jueces y políticos….vamos, que no existió, cuando la realidad es que el TC no
ha rechazado los hechos probados por la Audiencia de Sevilla y ratificados por
el Supremo, pues lo que ha decidido es considerar que se vulneró la legalidad
penal y el derecho a la presunción de inocencia, sin que ello niegue el
indecente uso del dinero público por parte de la Junta de Andalucía, dirigida
por Chaves y Griñán (ya ven, siempre hay un resquicio para huir de la quema
desde la opacidad), pero borrar el “caso ERE” del mapa de la corrupción en
España nunca ha de ser la respuesta .
Por lo que respecta a otros asuntos citar
que la AIReF vigilará que los privilegios a Cataluña no generen “asimetrías”;
que la UE señala a España como el país en el que más sube la presión fiscal
desde 2019; que el PP busca en Valencia pactos con Compromís y el PSOE para
esquivar el bloqueo de Vox; y que no cesa el drama migratorio con la llegada de
cayucos a las playas de Canarias repletas de turistas. Y del exterior, destacar
que Israel bombardea Yemen como represalia por el ataque de la guerrilla de los
hutíes con un dron a Tel Aviv; que la candidata de Macron gana a la izquierda
la presidencia de la Asamblea francesa; que el Europarlamento reclama
represalias contra Orbán por visitar a Putin; que Trump es aclamado por la
convención republicana como candidato frente a un Biden debilitado y cuestionado
incluso por el partido demócrata; que la conservadora Von der Leyen es
reelegida Presidenta de la Comisión Europea por amplia mayoría y el apoyo del
PPE, PS y Los Verdes, pero no de Meloni; y que un apagón informático a nivel
mundial por una simple actualización de un antivirus bloquea servicios
esenciales en medio mundo afectando a aeropuertos, bancos, hospitales,
estaciones de televisión, hoteles y hasta gobiernos….un problemón que, sólo en
España, ha obligado a cancelar 105 vuelos, y es que este colapso tecnológico,
el mayor de la historia, evidencia la vulnerabilidad que nos amenaza a todos y
la dependencia tecnológica que la UE tiene de EEUU.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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