INMIGRACIÓN, UN PROBLEMA DE TODOS

 

                        Convendrán conmigo que el asunto de la inmigración es un problema de todos y, por tanto, entre todos hemos de intentar solucionarlo, lo que, de entrada, además de grandes dosis de sentido común (a veces el menos común de los sentidos), requiere grandes dosis de solidaridad y humanidad, pues precisamente los inmigrantes son las víctimas esenciales del problema ya que, como ellos, cualquiera de nosotros se vería obligado a buscarse la vida en otro país si en el nuestro no tuviera las condiciones básicas para sobrevivir con un mínimo de dignidad. Por tanto el peor de los remedios es utilizar el problema migratorio como arma política arrojadiza de unos contra otros, mientras la casa sigue sin barrer y, con altas dosis de demagogia, se favorecen perniciosos sentimientos de xenofobia culpabilizando a los inmigrantes de todos los males habidos y por haber, cuando ellos no son los culpables sino las principales víctimas de tan lamentable situación. En definitiva, un problema global de todos que excede el ámbito de las CCAA, de los Estados e, incluso, hasta de la propia UE (en otros lugares fronterizos con el subdesarrollo, también existe el conflicto con mayor o menor virulencia), aunque en Europa la UE sea la principal responsable de intentar poner remedio al conflicto o, al menos, suavizarlo. Por tanto, ciñéndonos a Europa, la UE es la que debiera ser la principal interesada en resolver el problema, que afecta, en mayor o menor medida, a todos sus países miembros, aunque obviamente quienes lo sufren con mayor intensidad sean los que conforman el flanco sur, fronterizo con África, y, entre ellos, obviamente España, cuyo gobierno, para empezar, debería exigir a las instituciones de la UE medios económicos suficientes, entre otras cosas, para albergar con cierta dignidad a los inmigrantes llegados a territorio europeo (sea español, italiano, griego o de cualquier otro país receptor), reclamar una legislación europea solidaria al respecto (en asuntos, por ejemplo, de reparto territorial de los migrantes llegados etc etc) y promover una política exterior europea común para paliar en origen las dificultades que tienen muchos países para contener el éxodo hacia Europa; y además acometer una feroz lucha sin piedad contra las mafias que trafican con seres humanos. Sin embargo esto, que sería el camino acertado para empezar a enderezar la situación, no es así, pues, al final, el marrón (por hablar en términos coloquiales) se lo come cada país fronterizo como puede y los gobiernos de cada uno de los del sur de la UE al final se limitan a parchear el asunto a duras penas y a reproducir en sus respectivos territorios los mismos esquemas de la Unión, haciendo insoportable la situación en aquellas regiones más próximas y accesibles al flujo migratorio irregular. Así las cosas, ciñéndonos a España, el problema de la inmigración irregular se convierte en un problemón morrocotudo, agravado por específicas circunstancias como la existencia de territorios españoles, pero geográficamente africanos (Canarias, Ceuta y Melilla) que forman parte del Estado Español, o como el flujo migratorio añadido de los países hermanos de Latinoamérica…. a lo que cabe añadir además nuestra estructura territorial en CCAA con competencias difusamente compartidas con el Estado en muchos asuntos, lo que complica a veces la solución de los problemas y favorece de alguna forma el escaqueo de responsabilidades sobre determinadas situaciones y la tentación de convertir los problemas en electorales armas políticas arrojadizas, relegando a un segundo plano la solución de los mismos.

            Así las cosas, la Comunidad Canaria ya no puede soportar más el flujo migratorio y con toda razón reclama solidaridad al Estado Español, del que forma parte, para que, al menos, los inmigrantes menores llegados a su territorio sean distribuidos por el resto de las CCAA y entre todos les garanticemos una estancia digna con una atención sanitaria y educativa adecuada, así como una vivienda en condiciones donde, tutelados adecuadamente, puedan tener un futuro y ganarse la vida con su trabajo como cualquier otro ciudadano, pues hablamos de menores, que, en todo caso, son los menos culpables de nada. Pues bien, semejante situación, que debiera ser abordada simplemente por mero sentido común, provoca una esperpéntica crisis política plagada de demagogia de unos u otros, porque el Gobierno pretende hacer obligatoria la distribución de menores por todas las CCAA, que ahora es voluntaria, y, al efecto, propone modificar la actual Ley de Extranjería, para lo que necesita el apoyo parlamentario del PP en el Congreso, dándose la circunstancia de que el PSOE de Sánchez, que exige al PP la lógica colaboración mientras le tacha de xenófobo, nada exige a sus socios secesionistas catalanes, quienes se oponen a la obligatoriedad de que Cataluña acoja inmigrantes menores, lo que pone en evidencia el alto grado de utilización de tan grave asunto como arma política arrojadiza. El caso es que, como preludio de lo que vaya a suceder con la reforma de la Ley de Extranjería al respecto, las CCAA, menos Cataluña que se abstiene, pactan de momento en Canarias un reparto mínimo de 347 menores, cuando sólo allí ya hay miles, y, como el PP de Feijóo acepta la acogida en las CCAA que cogobierna con Vox, Abascal rompe dichos gobiernos autonómicos de coalición, que, en total, deberían acoger por el reparto poco más de cien migrantes,  y monta con ello un revuelo político de primera magnitud. En efecto, Vox dinamita los pactos gubernamentales con el PP en Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Aragón, mientras los barones populares activan planes para gobernar en minoría sin Vox y todas las CCAA, excepto Cataluña, gobernada por los socios de Sánchez, apoyan este mínimo reparto de menores en España (menos de 400), hasta ver qué pasa con la reforma de la Ley de Extranjería para que en el futuro el reparto sea obligatorio. El PP acepta este reparto coyuntural de menores y exige al Gobierno que declare la crisis migratoria, pide más fondos ante el colapso de las oficinas de asilo y el compromiso de contribuir más allá del primer año de acogida, mientras Moncloa quiere asegurar dicho reparto sin asegurar los recursos necesarios, y mientras Vox acusa al PP de “romper los pactos de Gobierno” por tragar con las condiciones de Sánchez. El gran lío está montado…..y la casa sin barrer.

            Obviamente, las reacciones no se han hecho esperar. Mañueco en Castilla y León se planta ante su socio y dice “no voy a perder mis principios” y acogerá a los menores que le correspondan porque “no hay nada más patriota que la solidaridad entre CCAA” y porque “el Gobierno de España juega una vez más a distraer y no cumplir con sus responsabilidades”; el valenciano Mazón se adelanta a las dimisiones y destituye a los altos cargos de Vox, pues “la España de Sánchez pasará y tenemos que estar a la altura”, dejando claro que “decir que hay colapso en los centros de acogida y reclamar recursos no es xenófobo”, que “pagamos 200 euros al día por cada menor migrante y el Gobierno sólo nos da 150” y añade “no temo por la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana”; el murciano López Miras estudia los “escenarios posibles”; la extremeña Guardiola se muestra “tranquila” ante la ruptura con Vox; y el aragonés Azcón reestructura su gobierno sin adelanto electoral. En definitiva, todos los barones del PP hasta ven con cierto alivio esta ruptura de Abascal que exonera a los populares del mantra de que son extrema derecha como Vox, aunque ahora desde el Gobierno español y sus socios, le reprochan que haya sido Vox quien rompa con ellos y no al revés, mientras en Cataluña el PSOE no rompe con Junts y nada le reprocha sobre inmigración, ya que Sánchez, como viene haciendo, siempre cede a las minoritarias exigencias de sus socios secesionistas, incluso si son inconstitucionales. Ya ven, este es el panorama en que los populares consideran que, al menos ellos, no han tragado con la propuesta migratoria de su minoritario socio, por lo que Abascal impone a Vox dejar los gobiernos autonómicos para pasar a la agitación política y, después de tres horas de intenso debate interno rompe la “fórmula de gobierno alternativa” al PSOE y acusa a Feijóo de sostener la corrupción de Sánchez y de imponer políticas de fronteras abiertas, manifestando que “si quiere estafar a sus electores, allá él” mientras los barones le amenazan con que “si nos tumba los presupuestos vamos a elecciones”…. se consolida así un cierto malestar entre los cargos de Vox que con la ruptura se quedan fuera de los mismos, mientras los populares les ofrecen seguir ya que “muchos quieren quedarse” (y alguno así lo hace). Entretanto nadie se cree que la ruptura de Abascal con el PP  sólo obedezca a no acoger a unos cien migrantes menores que tocaban en las CCAA cogobernadas, apuntando más bien a su necesidad de reafirmación ideológica, tras la aparición de “Se acabó la Fiesta” a la derecha de su ultraderecha, que va ganando adeptos.

            Por su parte desde el Gobierno de Sánchez, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dice que “es asombroso que la derecha se fracture por la respuesta a niños y niñas”, mientras Feijóo exige a Abascal que “no entorpezca la gobernabilidad en las CCAA” donde ha salido del Ejecutivo y mientras la dirección de Vox es cuestionada internamente por primera vez ante las decisiones de Abascal, que tanto en España como en Europa ha decidido apostar por un mayor extremismo ideológico todavía, lo que no pocos dirigentes del partido, ante la decisión tomada, consideran que “es un disparate y un tiro en el pie”. Los populares entretanto descartan adelantar elecciones en las CCAA afectadas pese a quedarse en minoría, como hace Sánchez en España, y Feijóo deja bien claro que “nadie me impone chantajes”, mientras reta al Presidente del Gobierno a romper con ERC y Junts por rechazar la acogida de menores. Por cierto, hablando de ERC y Junts, la líder republicana Marta Rovira, prófuga de la Justicia desde hace siete años, regresa a Cataluña tras el archivo del “caso Tsunami”, adelantándose a Puigdemont, quien todavía tiene asuntos pendientes a pesar del esfuerzo de Sánchez por blanquearlo, y, nada más pisar territorio español y en plenas negociaciones de ERC con el PSC para investir a Illa, la prófuga republicana deja bien claro a lo que viene, diciendo que es “para acabar el trabajo” iniciado cuando se fugó, y llama a la unidad del secesionismo para conseguir la independencia de Cataluña con un rotundo “vamos a acabar lo que empezamos”, es decir, el ilegal procés que la democracia atajó entonces y que hoy, por mero tacticismo político oportunista de Sánchez, sigue más fuerte que nunca para mayor escarnio de los demócratas españoles, incluidos los catalanes, pues a la vista está, por más que se nos quiera hacer ver lo contrario.

            Y así las cosas, cinco jueces del TC, que apuestan por rebajar los ERE, están bajo la sospecha de incompatibilidad, empezando por la ponente de las exoneraciones de altos cargos del PSOE ya que participó en 22 sentencias sobre el caso y fue premiada por gobiernos socialistas, lo que deja en evidencia la presunción de ciertas dosis de parcialidad justo cuando se dan sin precedentes anulaciones de sentencias del Tribunal Supremo por parte de este TC de Pumpido (otro que tal baila), mientras el propio TS se dispone a llevarle la amnistía por romper la igualdad y, al respecto, ya inicia los trámites para presentarle una cuestión sobre la constitucionalidad de la ley, que es el principal cometido del TC y no el de anular sentencias del Supremo. Sin embargo Moncloa no escarmienta a la hora de “colocar” afines destacados al frente de las instituciones y ahora se empeña en que el ministro Escrivá sea el Gobernador del Banco de España, propiciando con ello el bloqueo de la negociación ya que amenaza la autonomía de la institución.

            Por lo que respecta a otros asuntos citar que la Casa del Rey pasa el examen del Tribunal de Cuentas mientras la princesa Leonor supera con éxito su primer viaje oficial, en este caso a Portugal; y que se conoce que los diputados de Podemos fueron espiados por Interior en época de Rajoy, un asunto de inmensa gravedad que no cabe en democracia siendo intolerable un rastreo masivo sin aval judicial ni la existencia de una “policía patriótica” al servicio del Gobierno, lo que causa un grave deterioro a la higiene democrática, ya que en democracia todas las instituciones han de estar siempre al servicio del Estado, y por tanto de todos los ciudadanos, y no al del Gobierno de turno.

Fdo. Jorge Cremades Sena