GOBERNAR EN DEMOCRACIA

                     Es una obviedad manifiesta que gobernar en democracia es una tarea difícil y compleja que no todas las opciones políticas están dispuestas a afrontar, pues tienden a lo fácil, es decir, a imponer arbitrariamente sus propios criterios que, por loable que sea su finalidad, han de ser sometidos escrupulosamente al complejo entramado institucional democrático, al equilibrio e independencia de poderes y a una legalidad vigente que contempla todos los deberes y derechos de todos sin que estos puedan ser atropellados arbitrariamente por bondadosa que pueda ser su justificación e intencionalidad y por plausible que pudiera ser su finalidad, pues gobernar en democracia y libertad requiere que no se aplique en ningún caso el principio de que el fin justifica los medios, teoría a la que se acogen los regímenes totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas, para avalar las arbitrariedades y fechorías de sus gobernantes autoritarios. Así pues, la observancia escrupulosa de la legalidad vigente y el respeto y acatamiento a las sentencias judiciales es requisito sustancial en cualquier Estado de Derecho democrático que se precie, por más tentaciones que puedan tener sus gobernantes en salir del paso como sea en circunstancias complicadas. Siempre hay que actuar conforme a la legalidad constitucional y para ello los gobiernos cuentan con expertos funcionarios y con asesores, supuestamente cualificados, de los que, por cierto, el Gobierno de coalición de Sánchez bate su propio récord con 1.250 de ellos, elegidos a dedo, además de los funcionarios de los diversos ministerios que consiguieron su plaza por oposición, con lo que es complicado justificar desconocimiento de la legalidad cuando se mete la pata a la hora de tomar decisiones. Por ello no se puede entender que este Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas haya sido desautorizado frecuentemente por el Tribunal Constitucional que, por tercera vez consecutiva, le condena al dictaminar que también fue inconstitucional el segundo estado de alarma por el autoritarismo manifiesto de Sánchez impidiendo al Congreso de los Diputados ejercer su esencial labor de control sobre el Ejecutivo, consustancial con la democracia, y reprochándole además que con la “cogobernanza” se limitaron derechos fundamentales al dejar la gestión del covid en manos de las CCAA sin reservarse, como es su responsabilidad, ningún tipo de supervisión de las arbitrarias y dispares medidas adoptadas por cada gobierno autónomo. Un golpe del TC a la cogobernanza, que remata la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Sánchez y anula la prórroga del estado de alarma por impedir todo ese tiempo al Congreso su función de control, por lo que ahora el Ejecutivo tendrá que devolver 41.426 multas por las sanciones tramitadas durante ese periodo de excepción que alcanzaron los 69 millones de euros, en el que manifiestamente Sánchez gobernó de forma autoritaria y al margen de lo establecido en la legalidad constitucional vigente. ¿Le asesoraron mal sus asesores? ¿Se dejó llevar por sus socios de viaje, tendentes al autoritarismo? ¿Quién sabe? Lo que no cabe es justificar semejante autoritarismo arbitrario con el argumento de que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)