VENGANZAS O REVANCHAS

                     Vaya por delante, para que nadie se lleve a engaño, que la concesión de indultos, totales o parciales, es una potestad exclusiva del Gobierno, discrecional pero no arbitraria, que, a juicio del Ejecutivo, se otorga a los presos en caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública que deberá valorar el Consejo de Ministros y, en caso de indulto total, requiere el preceptivo informe favorable del Tribunal sentenciador, no vinculante para el indulto parcial, por lo que el Gobierno de Sánchez, como han hecho los gobierno precedentes de cualquier signo político, es libre para, como pretende, conceder el indulto a los presos del “procés” o a los que considere oportuno. Es su prerrogativa y, por tanto, se ajusta a la legalidad como no podría ser de otra forma, tratándose al fin de una decisión política, más que jurídica, que, no obstante, tiene sus consecuencias como las tiene cualquier decisión política de cualquier gobernante en cualquier decisión importante que tome. Sánchez, por lo tanto, está en su perfecto derecho y es totalmente libre para indultar o no a los presos del “procés” condenados por el Supremo (e incluso elegir el momento más oportuno de hacerlo) siempre que su decisión sea razonada y sin menoscabo de las decisiones, en caso de recurso, que pudiese tomar el Supremo a quien obviamente no se le puede corregir su sentencia firme ya que supondría una clara intromisión por parte del Ejecutivo en la obligada separación de poderes, que queda fuera de la legal y excepcional medida de gracia. Pero, dicho lo anterior, lo que no debe ni puede hacer el Gobierno y su Presidente, como está haciendo, es defender los indultos como respuesta a “venganzas o revanchas” como si cumplir íntegramente las penas dictadas por los tribunales (en este caso por el Supremo) no fuera impartir justicia, cuando él mismo, hace apenas dos años, cuando estaba necesitado de conseguir votos de todos los españoles, defendía a bombo y platillo el “cumplimiento íntegro” de la condena de los políticos secesionistas, dictada por un Tribunal con todas las garantías procesales, y ahora, una vez lograda su investidura gracias a ERC, cambia su discurso, como ya es lo habitual en él. En efecto, en 2019 garantizó a “la sociedad catalana y al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se va a cumplir en su totalidad” pues “nadie está por encima de la ley” asegurando que el indulto no estaba “encima de la mesa”; y ahora, necesitado de apoyos de los secesionistas para mantenerse en el poder, da un giro copernicano y sin rubor alguno intenta vender los indultos como la panacea para Cataluña y el resto de España, diciendo demagógicamente que oponerse a ellos es ir “contra la concordia y el diálogo” y que no serviría para corregir errores, pues “la revancha no está en la Constitución”, movilizando así..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).