DINAMITANDO LA DIVISIÓN DE PODERES

                         La amnistía y el “caso Koldo” toman la agenda de las Cortes Generales, dos controvertidos asuntos que amenazan a Sánchez por lo que la oposición busca acorralarle, especialmente en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y, al efecto Aragonés, envalentonado frente al Presidente del Gobierno, comparece en la Cámara Alta para desgastar a Illa, su candidato socialista a presidir la Generalitat, y avisa de que el referéndum y la financiación singular a Cataluña llegarán “más tarde o más pronto” pues, aunque de momento Moncloa lo niega, está convencido de que sucederá como ha sucedido, entre otros, con los indultos, la sedición o la amnistía, negados reiteradamente por el Gobierno para luego aplicar  aquello de “donde dije digo, digo Diego”. Y es que, obviamente, la credibilidad de este apuntalado Ejecutivo está bajo mínimos….y la de nuestra democracia empieza a ir por el mismo camino si no lo corregimos urgentemente. No en vano cabe señalar que entre los pilares básicos de cualquier democracia que se precie de serlo está el respeto profundo a las instituciones democráticas y sus respectivas competencias, así como el escrupuloso acatamiento por parte de todos a la división de poderes y su independencia, tal como establece la Constitución, que ni puede ni debe ser zarandeada a conveniencia de nadie, tal como viene sucediendo lamentablemente en estos últimos tiempos. Dinamitar la división de poderes para conseguir objetivos políticos, por loables que fueran, es tan inadmisible como torpedear la línea de flotación de la democracia, tal como pone de manifiesto, con toda la razón del mundo, el informe contra la amnistía elaborado por la mayoría del Consejo Fiscal que, entre otras cosas, dice (y todo demócrata lo sabe) que “la amnistía obedece a razones de conveniencia y oportunidad política”, que “pretende concederse en un contexto político-jurídico que no está viviendo la transición de un régimen dictatorial o autocrático a otro democrático” y que, por tanto, con dicha ley “el poder Legislativo invade el ámbito propio de atribuciones del Poder Judicial sin que la Constitución le habilite a hacerlo”. Más claro, el agua; todo el mundo sabe que la ley de amnistía obedece a la necesidad del Gobierno de los siete votos del prófugo de la Justicia Puigdemont, quien exige ser auto-amnistiado a cambio de ellos; todo demócrata entiende que, a diferencia de 1977, no estamos en un contexto de transición democrática sino en plena democracia y, por tanto, en este caso son los tribunales de Justicia quienes, con todas las garantías procesales, han de dilucidar los presuntos conflictos o delitos que cualquier persona o institución cometa; y todo el universo democrático, debería saber y defender que el camino para una amnistía sería, en todo caso, previa reforma de la Constitución, pero no mediante atajos de dudosa legalidad en temas tan fundamentales, asunto al que en España no recurre el Gobierno y sus socios por no tener una mayoría cualificada para hacerlo ni en las Cortes Generales ni en la propia ciudadanía española. No extraña pues que la insólita guerra interna en Fiscalía se recrudezca a pasos agigantados ante los desprecios del Fiscal General García Ortiz y su sometimiento sumiso al Poder Ejecutivo, coincidiendo con ello con la pintoresca insinuación pública de Pedro Sánchez de que el Fiscal General está o debe estar al servicio del Ejecutivo que es quien lo nombra y, por tanto, de quien depende, en vez de asumir que debe ser independiente y estar al servicio del interés general y de la defensa de los intereses del Estado, que no del Gobierno de quien, por tanto, no debe recibir órdenes de ningún tipo, pues sólo depende de la legalidad. No cabe olvidar jamás que el Ministerio Fiscal “es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” sobre el que el art. 124 de la Constitución dice que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social”.

            Si nos olvidamos de todo esto procede y se entiende que la aparente sumisión de García Ortiz al Ejecutivo provoque la rebelión de los fiscales y el demoledor informe de la mayoría del Consejo Fiscal contra la amnistía que él negaba al Senado; procede y se entiende que las asociaciones pidan blindar la independencia del Ministerio Público antes de que Fiscalía asuma la instrucción penal a la que le urge Bolaños pero sin garantizar antes su autonomía, pues el borrador que verá el CGPJ (por cierto, pendiente de renovación por falta de acuerdo entre PSOE y PP) avisa de la necesidad de blindar primero la independencia de sus miembros, mientras el Fiscal General se apresura a convocar a las asociaciones de fiscales para abordar ya la reforma del Estatuto; y cabe y se entiende incluso que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el sector, baraje demandarlo ante el Supremo. Lo que no cabe ni se entiende ni procede, entre otras cosas, es que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)