HARTAZGO POLÍTICO GENERALIZADO

                         Cuando en democracia no se gobierna con lealtad y respeto a las reglas de juego democráticas establecidas las frustraciones ideológicas de la ciudadanía se van amontonando al extremo de que, con el tiempo, van consolidando una especie de hartazgo político generalizado, no ya con este o aquel partido o con este o aquel gobierno, sino con el propio sistema democrático, que ya no les vale, poniendo así en grave peligro la libertad y los derechos de los ciudadanos que contemplan hastiados cómo se desvanecen sus ansias y esperanzas de una convivencia pacífica y segura, frente a quienes actúan con absoluta impunidad. Y esa añorada y frustrada seguridad pasa inevitablemente por imponer siempre las reglas de juego democráticas establecidas y respetar las sentencias dictadas en firme por los tribunales de Justicia que, con todas las garantías procesales, se dicten contra quienes las hayan incumplido, lo que, de entrada, invalida “per se”, o debiera invalidar, cualquier negociación, pacto o contubernio de favor con los condenados o con quienes huyen de la Justicia para eludir sus responsabilidades, especialmente si se trata de gobernantes de cualquier ámbito territorial ya que en ese caso no sólo tienen la responsabilidad y obligación de cumplir las leyes, como cualquier ciudadano, sino además de hacerlas cumplir al formar parte libremente del entramado institucional del Estado de Derecho. Por tanto, lo que de entrada tiene que hacer este o cualquier otro Gobierno, si quiere empezar a poner orden y rebajar el hartazgo generalizado de la ciudadanía española, es, tal como prometió su Presidente Sánchez, traer al prófugo Puigdemont diciéndole al entonces candidato del PP “a ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española” (exquisita promesa democrática), en vez de, como ha hecho y sigue haciendo, dedicarse a indultar a los colegas del prófugo condenados, eliminar del Código Penal alguno de sus delitos probados o rebajar las penas de otros y, por si no fuera suficiente tamaña arbitrariedad, en vez de, como prometió, traer al prófugo para que le juzguen los tribunales de Justicia, arroparlo y ampararlo al extremo de estar pactando con él una patética ley de amnistía que borre del mapa todas las graves fechorías contra el Estado de Derecho que cometió siendo parte del mismo como President de la Generalitat de Catalunya, con lo que el Ejecutivo, se pone de parte de los perseguidos de la Justicia y en contra de los tribunales, incluido el Tribunal Supremo. Con semejante forma de gobernar cualquier Gobierno ya hubiera dimitido por poner en grave riesgo la estabilidad democrática, más aún si, como es el caso, el partido político del Presidente ni siquiera es capaz de conseguir ser el partido más votado en los comicios. Pero, ya ven, en España da igual y PSOE y Junts (la izquierda nacional y la derecha catalana) acercan posturas para intentar cerrar esa ley de amnistía que el prófugo rechaza de momento porque no se considera personalmente amparado con el texto ya pactado, cuando el Tribunal Supremo, ya tan desautorizado por Sánchez, investiga además por “terrorismo” al prófugo al situarle como “autor intelectual” de Tsunami, mientras la Eurocámara se dispone a defender la prohibición de amnistías a malversadores (otro asunto por el que se investiga a Puigdemont) negociando que la directiva contra la corrupción incluya la prohibición de amnistías en toda la UE. Y mientras el Supremo, contra el criterio de la Fiscalía General y a favor de la mayoría de los fiscales (otro sinsentido peliagudo) abre la citada causa por terrorismo a Puigdemot y al diputado de ERC Wagensber, que huye a Suiza, la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa, que considera legítima la amnistía para la reconciliación, censura la tramitación urgente de la misma que exige el prófugo, al que cinco jueces del Supremo imputan terrorismo sin “duda alguna” y deciden por unanimidad investigarle mientras el Presidente del Gobierno se anticipa a sentenciar públicamente que no hay terrorismo alguno (palabra de Sánchez) mientras negocia la amnistía por la vía de urgencia con el prófugo.

            Un hartazgo político generalizado al que, sin duda alguna, colabora el cáncer de la corrupción crónica instalada en España y que escala al punto álgido con el patético “caso Koldo” en plena pandemia, que tan beneficiosa ha sido para algunos listillos y tan trágica para el resto. El “caso Koldo” se suma así a toda una lista de conductas inaceptables (e insoportables) que, en este caso afecta directamente al Gobierno de Sánchez y al PSOE, quienes, con la bandera de acabar con la corrupción, consiguieron derribar al anterior gobierno popular, mientras ahora son los protagonistas de la misma a la espera del alcance que pueda tener la investigación en curso, cuando se van conociendo aspectos de la trama tras el levantamiento del secreto del sumario. De momento sabemos (y esto no ha hecho más que empezar) que el empresario y comisionista Aldama, presidente del Zamora FC y clave en la trama del “caso Koldo”, presentó la...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).