SECESIONISMO TOTALITARIO BLANQUEADO

                     Tras las cesiones indecentes del Gobierno de coalición a los chantajes de ERC y compañía, tenemos hoy en España un secesionismo totalitario blanqueado por la vía de la concesión inexplicable de indultos a los condenados por el  procés, que desautorizan de alguna forma la decisión de los Tribunales españoles; por la eliminación del delito de sedición, para sustituir tan grave delito contra el Estado por el de meros “desórdenes públicos agravados” con su pertinente rebaja sustancial de penas a los condenados; y por la rebaja de penas en el delito de malversación, que hace más fácil la puesta en libertad y su integración en la política a los gobernantes o funcionarios que decidan gestionar los fondos públicos como mejor les venga en gana, siempre que dicha gestión nefasta no culmine en llevarse los dineros al bolsillo personal. En definitiva, un marco ideal para los totalitarismos secesionistas, diseñado en estos años mediante un largo proceso de desprestigio de la Justicia española en Europa, alimentado incluso políticamente por estas decisiones gubernamentales en vez de que nuestros gobernantes salieran en tromba en todos los foros, nacionales e internacionales, defendiendo que la Justicia en España, homologada con la de otros países de la UE, como no puede ser de otra forma, goza de todas las garantías procesales y que los tribunales españoles de Justicia tienen la legitimidad para impartir la Justicia con arreglo a la Ley y respetando todos los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente no ha sido así y los intereses políticos del Gobierno han prevalecido en asunto tan delicado sobre cualquier otro interés al extremo de que los prófugos de la Justicia, con Puigdemont a la cabeza, campan por la UE a sus anchas en plena libertad, mientras contemplan y colaboran en el intencionado desprestigio de la Justicia española, sin que prácticamente nadie defienda con energía en la UE semejante barbaridad. Pues bien, por fin, el Tribunal de la UE pone un granito de arena para salir de este sinsentido jurídico-político respaldando al juez Llarena y al Tribunal Supremo, desprestigiados durante estos años y tachados de todo lo peor, mientras el Gobierno español no sólo miraba para otro lado sino que además colaboraba finalmente al desprestigio con los citados recortes en el Código Penal, avalando de alguna forma las tesis de los secesionistas totalitarios que protagonizaron el lamentable, repudiable y delictivo 1-O. En efecto, el TJUE avala parcialmente al juez Llarena al poner límites al veto de Bélgica, recordándole que para no acatar la euroorden de extradición de Llarena contra Puigdemont (algo insólito entre los aliados de la UE) deberá demostrar “deficiencias generalizadas” o falta de tutela judicial a “un grupo de personas” y no puede hacerlo sólo porque no vea competente al Tribunal Supremo de España, la tesis defendida por los secesionistas y no suficientemente rechazada por el Ejecutivo de Sánchez. Así las cosas, mientras Llarena aguarda ahora la decisión de la UE sobre la inmunidad del fugado Puigdemont para emitir nuevas euroórdenes, los secesionistas ya buscan defenderse apelando al resquicio que les deja el Tribunal de Luxemburgo con la cuestión de falta de tutela judicial a un “grupo de personas”, es decir, según ellos, a los secesionistas, olvidando que en España no se persigue al secesionismo, por totalitario que sea, sino que se...... (sigue leyendo en  Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).