CCAA AMIGAS Y ENEMIGAS

                     Como si de un juego de niños se tratara, el Gobierno de Sánchez cataloga a las CCAA como amigas o enemigas según sean críticas con su gestión o no y, al efecto, amenaza con no darles fondos a las que le critican o a las que no se pliegan a sus cogobernantes decisiones, exigiendo que apoyen su plan para poder recibir el dinero para el turismo a las que discrepan del reparto de los mismos. En definitiva, o estás conmigo (como las gobernadas por el PSOE) o estás contra mí (como las gobernadas por el PP), menos País Vasco y Cataluña a las que, estando gobernadas por nacionalistas y necesitándolas para seguir gobernando, el Gobierno cede y cede a todos sus chantajes, dándoles un tratamiento de favoritismo respecto al resto de autonomías, un agravio intolerable contrario incluso a los principios de igualdad reseñados en la Constitución. Así las cosas, Galicia, Castilla y León y Murcia se ven obligadas a respaldarle para no verse relegadas en la ayuda, mientras Urkullu irá a la Conferencia de Presidentes tras arrancar nuevos tributos y Cataluña, aunque Aragonés no asistirá a la Conferencia, se ve favorecida al perdonarle Montero 1.024 millones si le aprueba los Presupuestos. Una absurda Conferencia de Presidentes mientras ahora Sánchez quiere dos reuniones anuales, con el objetivo, según dice, de fortalecer la famosa cogobernanza a pesar del permanente boicot de Cataluña y País Vasco, que apalancan su Gobierno de coalición y se saltan la Conferencia a la torera según les conviene, cuando desde su creación en 2004 ha sido un encuentro inútil que ni siquiera ha conseguido una periodicidad anual, y que los barones del PP tachan de “timo” criticando los beneficios que Pedro Sánchez da a Cataluña y País Vasco. Las CCAA, que recibirán 112.000 millones en 2022, más dinero que nunca, se ven sometidas a un chantaje de 3.000 millones de Hacienda, pues Monteo condiciona el pago del IVA a que se aprueben los Presupuestos, lo mismo que ya prometió la ministra con las fallidas cuentas públicas de 2019. Al final una administración inoperante, con duplicación y confusión de competencias por doquier, y sobredimensionada que en la era Sánchez ha crecido en 300.000 empleados públicos más mientras el déficit público y la deuda están  disparados y la nómina de las administraciones bate máximos y se acerca a los 3´4 millones de trabajadores. Y, por si fuera poco semejante derroche y despilfarro, el Banco de España se ve forzado a examinar la sumisión del “ICO catalán” a la Generalitat, en tanto que el Tribunal de Cuentas duda de que los avales del procés sean legales y fuerza a que Sánchez se posicione sobre el asunto, instando a la Abogacía del Estado a pronunciarse sobre las fianzas de la Generalitat al procés, mientras la Fiscalía investiga si dichos avales públicos a excargos del Govern catalán suponen un delito por “malversar” en los avales a los malversadores de dinero público, admitiendo...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).