DESJUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO POLÍTICO

                     Tras el Debate del Estado de la Nación o de la Coalición del Gobierno (como quieran llamarlo), Sánchez, empeñado en atar a ERC para poder acabar la Legislatura relativamente tranquilo, se reúne con Aragonés y ambos acuerdan volver a la Mesa de Diálogo y recuperar, al menos de cara a la galería, una imposible negociación ya que las exigencias de los separatistas son inasumibles dado su carácter anticonstitucionalista (sea el derecho a la autodeterminación, la convocatoria de un referéndum o una ley de amnistía), aunque ahora la excusa u objetivo de la negociación es la anunciada “desjudicialización” del “conflicto político” que ninguno de los dos es capaz de aclarar, salvo que se asuman las tesis antidemocráticas de los secesionistas, pues en democracia el requisito esencial es el sometimiento a la Justicia y a las reglas de juego democráticas establecidas que nadie (y menos las instituciones democráticas) puede ni debe eludir. Por tanto, desjudicializar un conflicto político, en este caso inexistente (que varios partidos opten por el independentismo no supone en España conflicto alguno siempre que actúen y se ajusten a la legalidad vigente), no puede suponer, en ningún caso, actuar al margen de la ley o impedir que quienes lo consideren oportuno acudan a los tribunales de Justicia para reparar los supuestos daños causados y, menos aún, saltarse a la torera las sentencias firmes. España, en este sentido, es uno de los Estados más garantistas en el que los partidos tienen todo el derecho a optar incluso por el secesionismo (en democracias consolidadas como la francesa o la alemana, por ejemplo, estarían prohibidos) pero, obviamente, siempre que lo hagan de acuerdo con la Constitución y con el entramado legal que de ella se deriva, lo que impide obviamente cualquier negociación sobre asuntos no contemplados en la Carta Magna salvo que ésta sea modificada previamente, para lo que obviamente se requeriría una cualificada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y el posterior aval por referéndum de todos los ciudadanos españoles. Por tanto los “acuerdos” que reclama el Govern de Catalunya sobre asuntos ilegales, son literalmente imposibles e innegociables, incluida la exigencia del Govern de que Moncloa, una vez abierta por la UE la vía para le entrega del ex president fugado, “encontrará una salida para Puigdemont” pues la única salida democrática existente es que se someta a la Justicia en vez de fugarse y, si el Gobierno, una vez que sea juzgado y condenado como lo han sido sus compañeros de aventuras totalitarias, opta por indultarlo como ha hecho con éstos (medida legal aunque rechine en la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles) es lo único que se puede hacer al respecto, cualquier otra salida sería un atentado a la democracia. En efecto, tras avalar el abogado general del TJUE la posición del juez Llarena, allanando la entrega del prófugo Puigdemont, sólo cabe, desde el punto de vista democrático, la comparecencia de éste ante los tribunales de Justicia españoles, ya sea voluntaria o por la fuerza….todo lo demás, como el resto de peticiones ilegales en la mesa de negociación es seguir mareando la perdiz, y sólo puede entenderse como...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)