ASÍ NO PODEMOS SEGUIR

                     Un Estado Democrático de Derecho no puede estar sometido a las amenazas impunes casi permanentes de su propio entramado institucional para socavarlo, sino todo lo contrario, ya que sería un suicidio democrático, que es lo que sucede en España lamentablemente. Y, obviamente, así no podemos seguir ni un día más, pues el Estado de Derecho tiene que basarse, como su propio nombre indica, en el imperio de la Ley, que todos los ciudadanos han de acatar y todas sus instituciones no sólo han de acatar sino además cumplir y hacer cumplir las leyes derivadas del mismo, sometiéndose a los Tribunales de Justicia cuando haya indicios de que éstas se estén vulnerando. Por y para ello todo Estado de Derecho, incluido el español, cuenta con unos servicios de inteligencia que, con arreglo a la legalidad establecida, están no sólo autorizados sino además destinados a investigar a los enemigos del mismo, tanto del interior como del exterior, para evitar que las amenazas se materialicen en hechos consumados y causen estragos irreparables en el sistema democrático establecido, siempre amenazado por los amantes del totalitarismo. España, que desgraciadamente cuenta con un historial indeseable de totalitarismo, secesionismo totalitario y violencia terrorista, cuenta, entre otras, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Obviamente el CNI, creado en 2002, se rige, como el resto de organismos e instituciones, por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico, aunque por la naturaleza propia de su cometido, sus actuaciones, incluidas las que puedan afectar a derechos fundamentales de las personas, se enmarquen, aunque siempre sujetas a autorización judicial, dentro de un lógico secretismo ya que sería absurdo un espionaje transparente con luz y taquígrafos que alertaría a los espiados, aunque siempre ha de investigarse de forma legal. Al efecto, su control por parte del Legislativo se enmarca en la Comisión de Secretos Oficiales, órgano que controla los gastos reservados y también las labores de espionaje, entre ellos a los independentistas que protagonizaron los condenables y condenados hechos del “procés” con el propósito de socavar la integridad de España. Pues bien, la noticia de que el CNI ha utilizado el programa israelí de espionaje Pegasus para espiar, con autorización judicial, a varias decenas de secesionistas controlando sus móviles, ha desencadenado una de las..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).