Es no ya la buena sino
la excelente noticia: por fin, tras cinco años de indecente bloqueo, PSOE y PP
se ponen de acuerdo para renovar las vacantes del CGPJ y precisamente en ese
acuerdo necesario para renovarlo es donde radica el problema y el conflicto ya
que tamaña responsabilidad no debe ni puede dejarse, como sucede ahora, en la
buena voluntad para pactar de unos u otros, lo que les permite culparse
mutuamente del problemón e incita justo a no pactar para que, con semejantes
inculpaciones interesadas, uno y otro hagan demagogia política…. y mientras
tanto la casa sin barrer. Es decir, mientras tanto el Poder Judicial
cuestionado y desacreditado y su independencia por los suelos dando a la imagen
de nuestro país características de cualquier república bananera. Por fin pues,
Gobierno y oposición, es decir PSOE y PP como únicos que pueden resolver el
problema sin tentaciones de atajos totalitarios, se dignan acordar una lista de
vocales del CGPJ (cinco a propuesta de uno y otros cinco a propuesta del otro)
que consiga el aval parlamentario con la mayoría suficiente que sólo entre
ambos partidos pueden aportar porque así lo decidieron los españoles en las
urnas. Se acaban, de momento, las presiones del Tribunal Supremo y las de la UE
a ambos partidos para que se dignaran de una vez por todas a poner el Poder
Judicial en el lugar que le corresponde, como sucede en los países miembros de
la Unión y de cualquier democracia que se precie, en que la división de poderes
no sólo tiene que estar garantizada sino parecerlo, y con ello erradicar los
“perjuicios” causados por el bloqueo. Sánchez amenazaba con un plazo para, al
margen de lo establecido, renovar el CGPJ por su cuenta y riesgo, mientras
Feijóo exigía, contra lo establecido, que “los jueces elijan a los jueces”,
mientras el Supremo (cada vez más desacreditado por las últimas decisiones
tomadas por el Ejecutivo, como la amnistía) apremiaba a renovar el Consejo “sin
más demora”. Y, finalmente, cada uno cede en parte de sus objetivos y se llega
al acuerdo, siempre mejorable, consistente en este caso, además del reparto de
vocales a partes iguales, a la obligación de que el nuevo CGPJ haga en seis
meses una propuesta legislativa al Congreso de los Diputados sobre el sistema
de elección definitiva de vocales, una reforma legal en definitiva; un tránsito
entre política y justicia requiriendo esperar entre dos y cinco años, lo que ya
se ha llamado aplicar la “cláusula Delgado” para excluir como Fiscal General a
quien haya tenido un cargo político en los años anteriores a tal nombramiento;
y que el PP proponga al magistrado del TC que faltaba por cubrir por su cuota
en el Senado. En definitiva, mientras PP y PSOE prometen que han sellado el
último reparto político de la Justicia (ojala que así sea), la UE vigilará la
despolitización de la misma en España tras este pacto histórico entre Bolaños y
Pons, que deja fuera a los nacionalistas (socios de Sánchez) y a Vox (socio de
Feijóo), propiciando que los socios del PSOE critiquen el acuerdo y que Vox,
socio del PP, cargue contra Feijóo por “legitimar el golpe” de Sánchez, mientras
el PSOE de Sánchez gana oxígeno y consigue su gran asignatura pendiente y el PP
de Feijóo asegura que el PP ha conseguido sus objetivos, en medio de una cierta
satisfacción judicial por el perfil muy sólido de los futuros vocales del CGPJ,
mientras Macías, azote de la amnistía, será magistrado del TC….en tanto que los
socios de Sánchez dejan en vilo, una vez más, el apoyo a la legislatura tras el
acuerdo del PSOE con el PP; es obvio que cuanto más acuerdos haya en asuntos de
Estado entre PP y PSOE peor para quienes apuestan por un radicalismo
minoritario extremista; como también sucede en la UE, que acaba de pactar un
acuerdo de altos cargos entre conservadores, socialistas y liberales (es decir
opciones moderadas) para gobernar la Unión (allí es lo razonable y normal,
aunque en España no lo sea), con lo que, tras este acuerdo, la alemana
conservadora Von der Leyen seguirá al frente de la Comisión Europea, el
socialista portugués Costa liderará el Consejo Europeo y la estonia liberal
Kaja Kallas será la representante de AAEE sustituyendo a Borrell.
Así las cosas, la vida, de momento
sigue igual tras el acuerdo sobre el CGPJ y las tensiones políticas también. Por
un lado el PSC y los separatistas estudian fórmulas para dejar al PP y Vox
fuera del reparto de senadores, pues el sistema elegido tras las catalanas de
2021 para impedir que los de Abascal tuvieran representante perjudica a los
populares. Por otro lado el Tribunal Superior de Catalunya aplica ya la
amnistía y el ex consejero Buch será el primer beneficiado de la misma (a la
espera de una larga lista que lo solicitará) al entender el TSJC sobre el
dirigente de Junts, condenado por malversación, que no hubo beneficio personal,
mientras el TC restringe la responsabilidad penal en el caso de los ERE a los
altos cargos de Empleo al avalar la legalidad del procedimiento que permitió el
saqueo millonario de los fondos públicos en Andalucía. Como ven ya van teniendo
efecto las reformas del Ejecutivo de Sánchez suavizando los delitos monetarios
a instancias de sus socios secesionistas, de lo que obviamente podrán
beneficiarse quienes hayan incurrido y estén condenados con las figuras
delictivas anteriormente vigente (ya saben, te lo puedes llevar crudo y no pasa
nada si tú no te lucras personalmente). Y entretanto se perfila una apuesta por
una Agencia tributaria y más dinero para “comprar” a ERC de cara a la
investidura de Illa, pues Hacienda lleva tiempo trabajando en una propuesta que
reduciría la contribución de Catalunya a la solidaridad, incluyendo en la
oferta la quita en el Fondo de Liquidez Autonómico para rebajar el déficit
fiscal catalán….y la preocupación por el asunto llega de cerca, de la Comunidad
Valenciana, pues la Consejera de Hacienda, Ruth Merino, denuncia el atraco que
supone que los independentistas pidan más recursos (y se les conceda) mientras
su Comunidad lleva años infra-financiada, y deja bien claro que “la
financiación singular de Cataluña es una humillación para el resto de
españoles”.
En definitiva, Griñán y su número
dos están a un paso de ser exculpados de malversación, pues el TC, que se
dispone a analizar el caso de los ERE está dispuesto a dar amparo a la
exconsejera Martínez Aguayo, con lo que sentaría un criterio que beneficiaría
al ex presidente andaluz aunque la decisión suponga un varapalo (otro más) para
el Tribunal Supremo, con lo que cabe pensar que los progresistas del TC
maniobran para dejar impune la malversación de los condenados por los ERE (si
se deja impunes a los condenados por el procés, ¿por qué no a otros?) y
proponen anular y reescribir la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó
que los cargos del PSOE andaluz provocaron un agujero en las arcas públicas
andaluzas de 680 millones de euros, aunque otros magistrados del TC alertan de
la “amnistía encubierta” para los ERE mientras la ponente propone anular la
malversación de la número dos de Griñán tras revisar la prevaricación, mientras
la minoría señala a Pumpido porque “tira el prestigio del tribunal por el
sumidero”. Y ya que estamos en la corrupción, se publica que el novio de Ayuso
busca pactar con la Abogacía para eludir la cárcel (aceptó ocho meses de cárcel
y pagar 491.000 euros) pero una jueza frustra el acuerdo al aceptar estudiar
otros cuatro delitos a petición del PSOE y de Más Madrid, que frenan así el
citado acuerdo con Fiscalía al pedir ampliar la investigación por fraude fiscal
y suspender la jueza la declaración del novio de la Presidenta de Madrid. Por
su parte el PP acusa a Sánchez de “tapar a Ábalos” con su súper-chalet ya que,
según Gamarra, ocultó “la corrupción” con el cese de su “mano derecha” nueve
días después del extraño alquiler; y mientras el juez no deja el “caso Koldo” a
la Fiscalía Europea (la empresa propietaria del chalet de Ábalos en Cádiz debe
más de 29 millones a Hacienda), se publica que el equipo del ex ministro dio
orden de retirar publicidad a los medios críticos con el “caso Delcygate” e
instó a comunicarlo “de forma explícita a departamentos comerciales” de
periódicos y televisiones, implicando a Interior para “filtrar el acta
policial” del encuentro en Barajas con la vicepresidenta venezolana.
Y por lo que respecta a otros
asuntos citar que RTVE entra en números rojos al presentar un agujero de más de
30 millones; que el 40% de los hogares de Extremadura, Asturias y Castilla y
León será de una persona en 2039, mientras se calcula que en 15 años llegarán a
España 6´5 millones de extranjeros para paliar la falta de nacimientos; que el
reparto de menores migrantes entre CCAA fuerza un debate interno en el PP, pues
Canarias y Ceuta se alinean con el plan del Gobierno y obligan a Feijóo a tomar
partido en el Congreso; que Moncloa abre un frente con Ayuso en la víspera del
Día del Orgullo recurriendo ante el TC las leyes trans y LGTBI de la Comunidad
madrileña; que el Rey promete apoyo a los países bálticos frente a Rusia en su
viaje a dichos países; que Assange se declara culpable ante EEUU y queda libre
para poder volver a Australia catorce años después tras pactar con la Justicia
estadounidense; y que la ausencia de mayorías claras marca la recta final de
las legislativas en Francia, donde los sondeos dan la victoria a la extrema
derecha pero sin mayoría absoluta y con la alianza de izquierdas en segunda
posición, mientras el líder ultraderechista, Bardella, garantiza a los franceses
“orden” y autoridad en el país, prometiendo retirar ayudas sociales a los
padres de los menores delincuentes y aumentar las penas mínimas.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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