Nadie podrá negar a
estas alturas del “procés” independentista diseñado por el Govern de Cataluña
que, desde su inicio, está basado en mentiras históricas para justificarlo y en
más mentiras y trampas presentes para alimentar su desarrollo día a día. En
efecto, ni hubo jamás un periodo histórico en que Cataluña gozara de
independencia (siempre formó parte del Reino de Francia, de la Corona de Aragón
o del Reino de España); ni España roba a Cataluña (es parte de España y como
tal participa en todos los procesos financieros y de cualquier otro tipo como
el resto de territorios españoles); ni existe jurídicamente el genérico derecho
a decidir sin especificar qué, (ya deciden qué, y sólo qué, en cada momento en
los diversos procesos electorales legales, ya sean locales, territoriales o
generales), término confuso que utilizan malintencionadamente para enmascarar
lo que realmente pretenden, el derecho de autodeterminación (no aplicable a la
realidad catalana y por tanto no aceptable como tal por la comunidad
internacional para el caso); ni los catalanes están oprimidos o cercenadas sus
libertades (gozan del mayor autogobierno de toda su historia y en uno de los
Estados, España, más descentralizados del mundo); ni una independencia unilateral,
ilegítima e ilegal sería aceptada y reconocida por la comunidad internacional,
ni, obviamente, por la UE, de la que quedaría excluida tal como han dejado
claro sus dirigentes; ni tantas y tantas otras falacias vendidas
irresponsablemente por el Govern y aprobadas ilegítimamente por el Parlament al
margen del Estado de Derecho. Por todo ello, cueste lo que cueste, una vez
llevado el desafío totalitario al borde del precipicio, obligando al Estado a
poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, tan constitucional como los
demás por excepcional que sea su aplicación, ya no cabe marcha atrás (ocasiones
ha tenido Puigdemont y su Govern para evitarlo) y llevan toda la razón quienes,
como el Gobierno, defienden que no valen “más trampas” y que, por tanto, no
basta sólo con convocar autonómicas a estas alturas y aquí no pasa nada, salvo
que la Generalitat vuelva a la “legalidad total” pues el daño ya causado no
sólo debe ser reparado artificialmente sino que además se ha de garantizar de
cara al futuro una certidumbre, necesaria en cualquier Estado de Derecho, de
que no volverán a repetirse ni tolerarse comportamientos totalitarios a quienes
gobiernen las diversas instancias territoriales, ya sean de cualquier
ideología, independentista o no, y que, si delinquen actuando al margen de la
Legalidad, deben apechugar, como cualquier otro hijo de vecino, con las
consecuencias civiles y penales que diriman los tribunales de Justicia. Ya no
valen más trampas ni mentiras, la aplicación del 155, por compleja y difícil
que sea, ni pretende... (sigue leyendo en
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