CON LIBERTAD Y SEGURIDAD

                        Mientras el Gobierno de España intenta concentrar la responsabilidad en Junqueras, dando máxima importancia, si llega el caso, a la inhabilitación del Vicepresidente catalán tras haber asumido éste el mando de la ilegal consulta, la Generalitat garantiza que los Mossos no cumplirán la Ley (sorprendente proceder del Govern, institución democrática que ha de ser garante de la legalidad vigente), asegurando cínicamente el nuevo Conseller de Interior que los policías autonómicos permitirán votar en el ilegal referéndum “con libertad y seguridad”, cuando en un Estado de Derecho Democrático es precisamente el Imperio de la Ley y el sometimiento al mismo el que garantiza tanto la libertad como la seguridad de sus ciudadanos. Entretanto, hasta el propio letrado mayor del Parlament de Catalunya tumba la legitimidad del “procés” independentista, censurando que el secesionismo haya contrapuesto “el principio democrático y el principio de legalidad” para “relativizar las reglas del sistema constitucional” y sosteniendo que, ante la falta de una mayoría social el 27-S, el Govern “enfatizó el carácter unilateral del proceso” que ha logrado “escasa receptividad internacional”, con lo que, según el informe, “pretender que el Estado Español mantiene formas autoritarias es un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica”. Por su parte, mientras Colau cae del burro y rechaza ceder espacios para el referéndum, el Gobierno de Rajoy, que evitará de momento tomar el control de los Mossos, decide bloquear los gastos de la Generalitat para la ilegal consulta, por lo que Hacienda, que ya detectó en junio un desvío injustificado para procesos electorales, ya examina las partidas para evitar desvíos al respecto y controlará semanalmente los fondos advirtiendo que cortará la financiación si el Govern destina dichos fondos a sufragar la consulta. Por tanto, Moncloa impone un control semanal y retirará el FLA si se usa para pagar los gastos del referéndum ilegal, mientras, sorprendente e inexplicablemente, el “nueve PSOE” de Sánchez (no sabemos si por decisión directa de sus militantes o de él personalmente) y el PSC (tanto monta, monta tanto) se desmarcan de dicho control del gasto para evitar su mal uso porque “no sirve para resolver el conflicto” (estúpido argumento, ya que lo que se pretende es impedir una concreta ilegalidad inminente). Por su parte el Ejecutivo catalán dice que el Estado se atascará “si se corta el grifo” de la financiación, cuando ello sólo sucedería en caso de que la destinen ilegalmente para garantizar la ilegal consulta, por lo que serían responsables directos de la situación. Y, mientras el independentismo vuelve a caer en los sondeos, el Tribunal de Cuentas da el primer paso para que Artur Mas pague de su bolsillo los gastos del 9-N, en tanto que... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

SOLDADOS DISPUESTOS A TODO

                        Depurados los consejeros dudosos de no ser totalitarios, el Gobierno catalán da una vuelta de tuerca más en su deriva golpista forzando la maquinaria ilegal, con lo que el Parlament celebrará el día 26 un pleno para modificar el reglamento de la Cámara y activar así la votación del ilegal referéndum. Entretanto, según informes jurídicos del Estado, la Ley catalana del Referéndum anula las garantías electorales de los catalanes, pues Junts pel Sí y la CUP se atribuyen todo el control en la jornada de la ilegal consulta. Y para que, como decía Franco, todo quede “atado y bien atado” los totalitarios separatistas se hacen con el control pleno de la Policía, al nombrar la Generalitat al frente de los Mossos a un independentista convencido, previa dimisión de su Director por discrepancias políticas, generando “incertidumbre” en el Cuerpo, cuyos miembros rechazan ser “instrumentos políticos” de Puigdemont y le advierten que están al lado de la ley, mientras los sindicatos de la policía autonómica protestan por el uso partidista del cuerpo y temen ser forzados a ponerse al servicio de la consulta ilegal. Además, sin reparo alguno, tras esta depuración de los Mossos, Junqueras reclama a la sociedad civil que le defienda, en tanto que el PDeCAT (la antigua CDC de Pujol, ¡quién lo diría!), echada definitivamente al monte, dice que sus “soldados” están dispuestos a todo. Por su parte Pere Soler, que así se llama el nuevo Jefe de los Mossos, sostiene en su último tuit, por si alguien tiene duda de quién es el personaje, “votaremos el uno de octubre, no lo podrán evitar”, pues, tras conocer la decisión del PSOE de abstenerse en la investidura de Rajoy, ya dejó bien claro “espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles” (como ven, hombre tolerante y humilde donde los haya); este es el nuevo general de los “soldados” a los que se refiere el PDeCAT. No obstante, como la Fiscalía actuará contra el Govern por prevaricar si compra las urnas, querellándose contra Puigdemont y Junqueras inmediatamente si finalmente firman el decreto para adquirirlas, la Generalitat no se atreve a comprarlas e impone un apagón informativo, alegando ahora el “asedio” del Estado para aplazar la compra y escondiendo sus planes, sin concretar ni cuándo, ni cómo las adquirirá, ni quién firmará el decreto (como ven, indiscutible ejercicio de trasparencia sin lugar a dudas como a los que nos tiene acostumbrados). Y mientras un pueblo tarraconense, Batea, solicita una reunión con la Subdelegación del Gobierno para explorar fórmulas que le permitan dejar de ser catalán y hacerse aragonés, Junts pel Sí y la CUP, en medio de este oscurantismo, preparan un encierro en el Parlament si fracasa el referéndum. Por su parte, mientras los expertos optan por... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

DEPURACIÓN SECESIONISTA

                        Tal como se venía rumoreando y según los deseos de Junqueras de querer implicar a todo el Govern en la ilegal consulta, para no comerse él solo el marrón por las consecuencias de asumir la ilegalidad, tal como pretendía Puigdemont, el Vicepresident de la Generalitat se sale con la suya y, con la estimable ayuda de la CUP, toma el control de un gobierno autonómico kamikaze a la desesperada obligando al President a hacer una purga en toda regla a los consejeros moderados para sustituirlos por otros más radicales que garanticen sin fisuras la imposición del pensamiento único secesionista totalitario. Junqueras quería implicar a todo el Govern en la consulta, proponiendo que, para empezar, la ilegal compra de urnas sea una decisión compartida para que todo el Gabinete asuma las consecuencias, y prácticamente lo ha conseguido. En efecto, los consejeros críticos han sido purgados y sustituidos por consejeros fieles a piñón fijo y probados independentistas radicales, que decidirán “de forma colegiada”, tras darles Puigdemont las consejerías de Presidencia, Interior y Enseñanza, claves para organizar la ilegal consulta, con lo que el nombramiento de Forn, Turull y Ponsati y la destitución de los consejeros tibios con el “procés”, asegura un tramo final hacia la ilegal consulta sin sobresaltos ni fisuras relevantes. Y, ante semejante vuelta de tuerca radical y totalitaria, impuesta por ERC y la CUP, por la que incluso los mossos quedan bajo el control de un radical secesionista (tras la purga del anterior consejero de Interior por su buena relación con Zoido), Rajoy, que ve imposible el diálogo tras “la purga y el triunfo de los radicales”, denuncia la “deriva autoritaria” de la Generalitat, “que rompe las leyes que nos hemos dado entre todos”, mientras PSOE y PSC ofrecen Poder Judicial, subir la inversión y anular el juicio a Companys… Además, Sánchez, que se cita con Iglesias para acordar una reforma constitucional, se dispone a proponer el reconocimiento a Cataluña de sus “aspiraciones nacionales” en la Constitución, mientras Rajoy, que cree que el líder socialista sólo busca protagonismo, sigue fiel a la igualdad de todos los españoles y vetará dichos cambios en la Carta Magna, si es que llegan a producirse (requerirían una mayoría cualificada en las Cortes), siempre que privilegien a los españoles de cualquier autonomía respecto al resto de las demás. Por su parte la Universidad de Barcelona respalda dividida un referéndum pactado (ilegal con las actuales reglas de juego democráticas), Ciudadanos frena el diálogo con el PSOE a la espera del referéndum, la Guardia Civil pide al Teatro Nacional que justifique quién pagó los actos del 1-O, los alcaldes que cedan el censo pueden ser multados hasta con 600.000 euros (vulnerarían la Ley de Régimen Local si entregan datos del padrón para fines ilícitos) y Juncker reitera que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la UE. Y mientras Puigdemont, que amagó incluso con dimitir y convocar elecciones tras una fuerte discusión con Junqueras, hace esta huida hacia adelante, Zoido, el Ministro de Interior, cree que... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)