Intentando salvar los
lógicos escollos en cualquier tipo de negociación, los equipos negociadores del
PP y Ciudadanos, que dan un ultimátum para cerrar el acuerdo de investidura,
que la dejaría a muy pocos escaños de la mayoría absoluta o a muy pocas
abstenciones de la mayoría simple en la segunda votación, prosiguen con su
intenso trabajo para lograrlo. Tanto Rajoy como Rivera, que se implican
directamente, están empeñados en que los últimos escollos no supongan un
bloqueo que enturbiaría más aún el ya incierto éxito de la investidura, ante la
persistente negativa de Sánchez (y del resto de líderes políticos) a
desbloquearla, pero, en todo caso, eso ya sería su problema. Asimismo tanto
Rajoy como Rivera, descartan un acto solemne para la firma. A pesar del ultimátum dado por Rivera, los populares
piensan que finalmente llegarán a firmar el acuerdo pese a las exigencias de
Rivera. Aunque las mayores dificultades se centran ahora en las “partidas de
gasto”, condicionado y limitado obviamente por las exigencias de la UE, ya se
ha recorrido un buen trecho en la negociación, incluida la reforma del Poder
Judicial, cuya mayoría de miembros sería elegida por jueces y no por los partidos
políticos lo que incrementaría su independencia y no se descarta que sobre la
partida de gasto se llegue a un consenso “intermedio”, por lo que se espera una
inminente firma del acuerdo. En todo caso, Sánchez, sigue empeñado en su
apriorístico “no” a la investidura y en su apriorístico “no” a los Presupuestos,
antes de conocerlos, por lo que, salvo sorpresa de última hora, ni habrá
Gobierno ni Presupuestos de momento y lo que sí habrá es repetición de
elecciones, por más que los líderes socialistas digan que no las habrá, que no
se apoyará al PP y que no se presentará una alternativa con los radicales (las
tres cosas son, simplemente, imposibles a la vez). Ya se especula que lo que
realmente quiere el líder socialista son elecciones, y, al efecto, anuncia que,
aunque Rajoy no fuera el candidato (asunto que absurdamente proponen ahora
algunos barones como salida al bloqueo, sin pensar que es impresentable
cambiarle los liderazgos a partidos ajenos, cuando debieran plantearse si son
adecuados los propios) o que, aunque lo cambiaran los populares como baza
negociadora, seguiría diciendo “no” al PP hasta el final. Al efecto, ya ha
propuesto, pensando más en elecciones que en el desbloqueo, acortar la campaña
electoral para que se celebren el 18 y no el 25 de diciembre, asunto que apoya
tanto Ciudadanos como Podemos y que el propio Gobierno no descarta, siempre que
la pertinente reforma legal sea posible. Seguramente, ante la mínima subida que
le dan las encuestas y ante el suelo electoral socialista (empeorarlo ya casi
es imposible), que ha tocado fondo, Sánchez esté animado a... (sigue leyendo en
Las reacciones ante la
inhabilitación de Otegi para ser candidato a lehendakari debieran hacernos
reflexionar a todos los demócratas y en una estrategia común desenmascarar a
los partidos, grupos y grupúsculos que al efecto se colocan al otro lado de la ley
y, por tanto, en contra del Estado de Derecho que, entre otras cosas, garantiza
sus libertades y legitima su existencia. En efecto, como era de esperar, la
Junta Electoral de Guipúzcoa ratifica por unanimidad la sentencia de la
Audiencia Nacional, que inhabilita al abertzale hasta 2021 y Bildu impugnará la
decisión con arreglo a lo establecido para que finalmente decida el Tribunal
Constitucional. Hasta aquí, todo normal, si es que se considera normal que un
partido político proponga a semejante personaje como cabecera de lista. Lo
anormal, democráticamente hablando, es la reacción de algunos líderes políticos
que, saltándose por alto el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, esencial
en cualquier Estado Democrático, se echen al monte y, en vez de decir “no” a
Otegi, un delincuente condenado y sin cumplir la condena en su totalidad, no
defiendan el Estado de Derecho y además arremetan contra él, evidenciando su
talante totalitario. Es intolerable, desde el punto de vista democrático, que
los líderes de Unidos Podemos vean la inhabilitación de un condenado por la
Justicia como “una mala noticia” y una “cacicada”; o que Domenech, líder de En
Comú Podem, manifieste que “es la ciudadanía vasca quien decide si Otegi es
diputado o no”, en sintonía con Errejón, entre otros; o que Alberto Garzón, que
es quien lo califica de “cacicada”, diga que la inhabilitación es “impropio de
un país que se dice democrático”; o que la Secretaria de Podemos Euskadi diga
que la sociedad vasca “no necesita tutelas”; o que el mismísimo PNV apoye la
candidatura de Otegi. Estas son, entre otras, las barbaridades totalitarias
simplemente porque el Estado de Derecho que les legitima decide aplicar una
sentencia judicial. Para todos estos personajes políticos, ahora resulta que
“cumplir y hacer cumplir la ley”, como es su obligación, es una “cacicada”,
“mala noticia”, “impropio de un país democrático” o tutelar a la sociedad. Cabe
preguntarse cómo sería la convivencia, la paz o la libertad en el hipotético
Estado que preconizan. En fin, sin más comentarios, innecesarios para cualquier
demócrata de cualquier lugar del mundo. Sólo PP, Ciudadanos y UPyD se han
puesto frontalmente a favor de que se cumpla.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
Los negociadores del
pacto PP-Ciudadanos, que incluirá unas cien medidas concretas, de las que ya
han acordado la mitad, aunque se habla, como es obvio, de algunas discrepancias
(no muchas por cierto), constatan que entre PP y C´s hay “coincidencias importantes”
en la negociación, que también las habría entre ellos y el PSOE (muchas de
ellas ya incluidas en el anterior pacto Sánchez-Rivera), es más, yo diría que
todas o casi todas las coincidencias , si se trata de temas que tienen que ver
con el modelo de Estado y su integración en Europa, pues las divergencias
importantes las tienen los tres partidos constitucionalistas (que en conjunto
representan a una supermayoría de los españoles) con los demás partidos
(populistas, comunistas, radicales, nacionalistas, independentistas…) por razones
obvias. Por tanto las discrepancias se ciñen lógicamente a determinadas
políticas programáticas concretas que habrán de pulirse obviamente durante la
negociación ya que nadie puede imponer las suyas al no tener nadie mayoría
absoluta. Para eso sirve negociar, para consensuarlas ponderadamente. De
entrada Ciudadanos y PP discrepan sobre el modelo de contratos laborales y la
legislación para los autónomos, con lo que el modelo de “contrato único”
ralentiza la negociación. Asimismo hay ciertos desacuerdos, que habrá que
salvar, sobre la corrupción, pues, al parecer, el PP prefiere apartar a los
imputados cuando haya Gobierno, mientras Ciudadanos prefiere que se marchen
cuanto antes, aunque hay más coincidencias en limitar las causas de la
dimisión, pactando ya, al parecer, que sólo se apartará a los investigados por
casos de enriquecimiento personal o financiación ilegal, en tanto que Rivera
propone extender el acuerdo al resto de partidos. Entretanto, se especula sobre
que los juicios por corrupción complicarían a Rajoy una nueva investidura,
mientras Sánchez anuncia que mantendrá el bloqueo a Rajoy en caso de una
segunda investidura y descarta incluso convocar Comité Federal tras las
elecciones vascas y gallegas, concluyendo los socialistas que abstenerse sería
la “liquidación definitiva” del partido; además, según se publica, la cúpula
socialista amenaza desde Ferraz a los disidentes del “no” con sanciones,
mientras soterradamente aumenta la división interna y la crítica ante el
bloqueo institucional que pretende Sánchez a quien parece no importarle que se
repitan las elecciones por tercera vez. Por su parte, Ciudadanos sólo garantiza
el apoyo a Rajoy para.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
