HACIA EL HARTAZGO SOCIAL

                     En pleno creciente malestar social cada vez más evidente en las calles, que se extiende progresivamente en diversos sectores como el metal, los ganaderos, los transportistas, los agricultores, e incluso los policías de los distintos ámbitos territoriales y la guardia civil, al PSOE y Podemos, cogobernantes en coalición minoritaria, se les ocurre como respuesta a dichas reivindicaciones mirar al pasado y agitar de nuevo a Franco como estrategia política, en vez de intentar resolver los problemas de cara al futuro. En efecto, Sánchez, una vez más, se pliega a ERC y Podemos en su empeño de finiquitar lo que llaman el “régimen del 78” con lo que el Gobierno que preside abre la puerta a juzgar los crímenes del franquismo (otros no, como por ejemplo los de ETA) y lo hace impulsando una enmienda en la actual Ley de Memoria que intenta sortear la Ley de Amnistía de 1977, aprobada en su día en el Congreso casi por unanimidad (sólo con dos votos en contra) gracias al consenso de concordia de todos los españoles, una reconciliación indispensable para afrontar el tránsito de una dictadura a una democracia, que posibilitara nuestra vigente Constitución de 1978, la primera en España que se hace no de unos españoles contra otros sino de y para todos los españoles para que sus diversas opciones políticas tengan cabida en ella frente a las constituciones anteriores que prácticamente impedían la alternancia política, dando lugar a múltiples alzamientos militares y golpes de Estado a lo largo del siglo XIX y XX. Así, este pacto entre PSOE-ERC-Podemos, convirtiendo la Ley de Memoria Democrática en una enmienda (de dudoso encaje constitucional) a la Ley de Amnistía de 1977, dinamita el legado de la Transición como primer paso para finiquitar el régimen democrático que nos ha aportado a los españoles el mayor periodo de paz, libertad y prosperidad de toda la historia de España. La cesión de Sánchez a la amenaza de ERC y la presión de Podemos de no sacar adelante la Ley de Memoria si no se ponía fin a la amnistía de 1977, con el argumento de que los delitos de lesa humanidad no son “amnistiables”, supone un giro copernicano para el PSOE tradicional, baluarte hasta ahora con el PP de la defensa de la Transición y de la Constitución surgida de ella, poniendo con ello punto final al consenso suscrito entonces entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista de España, cuyos herederos ahora prefieren volver al desencuentro entre los españoles, a la división entre buenos y malos, y, en definitiva, a la discordia que tantos dolores de cabeza y tragedias nos trajo a lo largo de la Historia. Ya el comunista y sindicalista Marcelino Camacho dijo en su discurso de apoyo a la Ley de Amnistía de 1977, que ahora se pretende burlar, que consideraba que la pieza capital de la política de reconciliación nacional “tenía que ser la amnistía” y se preguntaba “¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” Y eso fue entendido y apoyado por unanimidad en el Congreso, ahora cuarenta y cuatro años después, pretenden que los españoles volvamos a ese pasado, finiquitando la política de reconciliación de la que hablaba el comunista Camacho. Seguro que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

EN EL FURGÓN DE COLA DE LA UE

                     Por más que Sánchez se esmere en dibujar un optimista panorama de la situación por la que atraviesa España y sobre las expectativas de una pronta recuperación económica, Bruselas sitúa a nuestro país en el furgón de cola de la UE para dicha recuperación al tumbar la previsión de Calviño y rebajar el crecimiento, pues el previsto 9´8% para este año baja al 4´6% con una preocupante desviación de 60.000 millones nada menos. Es obvio que Bruselas no se cree las cifras de Sánchez y un día después de que el Presidente alardeara de una “recuperación robusta” la Comisión Europea rebaja casi un tercio las previsiones de crecimiento e insiste en que se aproveche la “ocasión histórica” para hacer ya las pertinentes reformas (buena parte de ellas no del gusto de buena parte del Gobierno, especialmente del sector podemita) y recibir los fondos europeos, que, por cierto, al menos los no reembolsables, no podrán ser usados, como es lógico, al libre albedrío del gobernante de turno sino que habrán de serlo bajo las condiciones pactadas y la pertinente evaluación periódica por parte de la UE. Pacto con la UE, entre otros el suscrito por el Gobierno español para “recortar” las pensiones, que Podemos, siendo parte de dicho Gobierno, rechaza categóricamente como si no fuera con ellos, al extremo de que las ministras Irene Montero e Ione Belarra recuerdan que no está contemplado en el acuerdo de gobierno de coalición suscrito con Sánchez, como si la UE tuviera que tener en cuenta dicho acuerdo de gobernabilidad….. pues, la solución es fácil: o acatas las condiciones de Bruselas para recibir los fondos europeos, o renuncias a dichos fondos y aplicas las políticas acordadas con tus socios de gobierno. Ya gobiernos anteriores, como el de Zapatero o el de Rajoy, por ejemplo, se vieron obligados a llevar a cabo reformas impopulares (“recortes”, decían entonces) impuestas por la UE y ahora, aunque la UE no es tan restrictiva y sí más expansiva en el gasto, no te van a regar de millones para que cada gobernante que lo solicite haga con ese dinero lo que le venga en gana. Es de sentido común, pues, en el peor de los casos, cada quien con su dinero puede obrar como considere oportuno, incluso hasta arruinándose y despilfarrarlo, pero no así con el dinero de los demás, especialmente con aquel que ni siquiera es prestado, sino regalado, como es el caso de la mitad de los fondos europeos que España espera recibir de la UE. No se entiende pues el demagógico optimismo de Sánchez sobre el crecimiento y la recuperación, desmentido por muchos organismos internacionales, salvo que hagamos el ejercicio mental de que vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. De momento, el ministro Escrivá intenta camuflar el citado recorte de las pensiones pactado con Europa, pues elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las prestaciones mermará la nómina de los futuros  pensionistas casi un 9% (unos 105 euros mensuales menos de media), por lo que los pensionistas, ante lo que se avecina, ya han puesto el grito en el cielo con manifestaciones. Y de otras reformas anunciadas o exigidas, como la reforma laboral, mejor ni hablar de momento, pues el...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/). 

A LA CAZA DE LOS FONDOS EUROPEOS

                     Es obvio, el Gobierno español no puede salir adelante sin el maná europeo, es decir, sin los fondos imprescindibles para evitar la bancarrota económica de nuestro país casi en caída libre y líder europeo en negativo de casi todas las variables económicas: deuda, déficit, paro, IPC, etc etc. Ya no valen las declaraciones rimbombantes y optimistas de corte electoralista, la realidad, por preocupante que sea, es la que es y se impone tozudamente impidiendo mantener un gasto exagerado de dinero que no se tiene o alardeando de unos fondos europeos a cambio de nada, que no llegan. Y es que la ayuda europea está sujeta a una serie de condiciones y, por tanto, si quieres la tomas y si no la dejas, pero esta segunda opción es inviable ya que pondría en evidencia nuestra preocupante situación y nos conduciría a un cambio político radical de tener que apretarse el cinturón, asunto que este Gobierno de coalición de Sánchez no está dispuesto a asumir para evitar así tomar decisiones impopulares, pero imprescindibles lamentablemente. Al final sólo queda el camino de ir a la caza de los fondos europeos acatando las condiciones que para ello impone la UE, tal como se constata en el contrato que acaba de firmar Sánchez con Bruselas, aceptando, entre otras cosas, la ampliación de años para el cómputo de las pensiones (en definitiva, pensiones más bajas, pues el cálculo de la pensión se extenderá a más de 25 años) con el requisito de aplicar la medida en 2022 para recibir dichos fondos europeos, por lo que Sánchez ajustará las pensiones a cambio de ellos, mientras el ministro Escrivá eleva al 0´6% la subida de cotizaciones a empresarios y trabajadores para recaudar 21.000 millones y poder afrontar el pago de las pensiones del llamado “baby boom”, amén del hachazo fiscal del Gobierno a los contribuyentes al aprobar la nueva plusvalía municipal, que castiga especialmente a quien compre y venda inmuebles en el mismo año, y añadiendo la aprobación de un nuevo rescate de 5.000 millones a la Seguridad Social, que se suma a los 13.900 millones de junio, mientras, para recaudar más y más, se fríe a impuestos a los contribuyentes para sostener los excesivos gastos del Estado, muchos de ellos innecesarios. Y mientras el Ejecutivo publica ahora el contrato de dinero europeo que llegará a España y pacta recibir el 75% esta legislatura, Europa pide “respeto al diálogo social” y que se busque un equilibrio entre “flexibilidad y seguridad” en la reforma laboral, en tanto que Alemania tiene dudas de que España pueda ejecutar dicha ayuda. Todo esto mientras Casado, el jefe de la oposición, le recuerda al Presidente, que “está sentado en la boca de un volcán con una deuda y un déficit insostenibles”, que impide pocas alegrías e inhabilita propuestas demagógicas inviables con un IPC disparado que, al final, por muchas subidas viables de sueldos y pensiones que se hagan, hacen perder poder adquisitivo inevitablemente, en definitiva, menor acceso por parte de los ciudadanos a los bienes de consumo para su propio bienestar. El último de los desaguisados lo protagonizan los..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

SÁNCHEZ ALLANA LA LEGISLATURA

                     Pedro Sánchez salva las cuentas, por controvertidas que sean, consiguiendo el rechazo a las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y con ello allana la Legislatura, garantizándose estar en el poder dos años más. No obstante, salva los Presupuestos bajo el yugo de sus socios superando las enmiendas a la totalidad de la oposición con el apoyo de 188 diputados, aunque la debilidad de su Gobierno hace que tenga que pagar el peaje de cada uno de los numerosos grupos que, obviamente a cambio de algo, le votan a favor pero avisándole que en la tramitación de las Cuentas en el Congreso le pedirán más todavía; es la consecuencia lógica cuando gobierna un Ejecutivo minoritario y además de coalición, con lo que el positivo resultado de superar este trámite de enmiendas a la totalidad no es un cheque en blanco, sino el inicio de un proceso plagado de recovecos que habrán de superarse a base de hacer más concesiones al conjunto de grupos minoritarios que hasta ahora le han apoyado, comenzando por su propio socio de Gobierno, Podemos que, entre otras cosas, propone imponer a los madrileños un hachazo fiscal de 1.000 millones, recuperando así la propuesta de ERC con una enmienda a los PGE para crear una cuota estatal que impida bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio. Por su parte el PNV, que también carga contra Ayuso (ambos de derechas), y que ya ha sacado tajada con su apoyo a los PGE, pide a Sánchez otros 230 millones, sumándose así Urkullu a la ofensiva contra Madrid porque, según él, practica el “dumping” fiscal, provocando que, con bastante razón y lógica, el Gobierno madrileño le conteste diciendo que “los que no participan en la solidaridad, nos acusan” (sabido es que el País Vasco tiene un régimen fiscal especial), mientras los nacionalistas presentan 71 enmiendas a los Presupuestos de Sánchez para lograr nuevas cesiones. Y entretanto, Sánchez afianza a Otegi como aliado político con un nuevo pacto en Navarra, reforzando así los socialistas su entendimiento con EHBildu, que ya es socio de gobernabilidad en Madrid, al cerrar su tercer acuerdo presupuestario con la coalición abertzale, que exige al Estado más transferencias. En definitiva, el PSOE de Sánchez pacta con los proetarras de Bildu los Presupuestos de Navarra para 2022 y por reciprocidad, aunque a cambio de determinadas concesiones, los de Otegi avalan los PGE de Sánchez…..y todos tan contentos, no en vano el líder de EHBildu ya dijo, entre otras cosas, que si para que suelten a 200 presos etarras hay que pactar presupuestos, se pactan y punto. Si el resultado final es..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

LA CONTRARREFORMA LABORAL

                     Evidente era que la rigidez de la ley laboral en tiempos del Gobierno de Zapatero conducía inevitablemente a una sangría del empleo alarmante, lo que requería, tras el relevo de Zapatero por Rajoy, de una reforma laboral urgente que paliara de alguna forma la alarmante caída del empleo en España. Y la reforma se hizo, dando lugar a la actual normativa sobre el empleo, con la que se crearon de nuevo puestos de trabajo y que ahora el Gobierno de coalición social-comunista de Sánchez quiere derogar, para llevar a cabo una contrarreforma de imprevisibles consecuencias, que ni quieren los empresarios, ni la oposición política, ni la propia UE. El argumento principal para derogar la actual normativa laboral, que sigue propiciando la creación de empleo, es que éste es temporal y precario, cuestión endémica en España debido a su estructura económica basada en amplios sectores productivos de necesaria temporalidad y en la existencia mayoritaria de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que requieren mayor flexibilidad a la hora de contratar trabajadores para poder subsistir. Que se puede mejorar la actual normativa, sin lugar a dudas (todo es mejorable), pero derogarla cuando sigue generando empleo por una mera promesa electoral mientras se incumplen tantas otras, es un riesgo innecesario, que, en todo caso, no debiera ser impuesto por el deseo radical de una parte del Ejecutivo de llevarla a cabo, sino, en todo caso, pactada con los agentes sociales y, ¡porqué, no!, con la oposición ya que se trata de uno de esos asuntos que trascienden el ámbito programático partidista de unos u otros, pues con ello los españoles nos jugamos nuestras habichuelas y muchos currantes saben que siempre será mejor trabajar, aunque sea temporalmente y a media jornada, que irse directamente al paro. Por eso, nada peor que la pugna por imponer su criterio entre el sector socialista del Gobierno, representado por la ministra Calviño, y el sector comunista del mismo, representado por Díaz, que, marcado por su ideología totalitaria radical contempla un modelo distinto de hacer las cosas, imponiéndolas desde el Ejecutivo, que es el que manda, al margen de su viabilidad o conveniencia económica, por más que sus decisiones, poco democráticas, muy ideologizadas y muy autoritarias, lleven a sus pueblos a la ruina social, política y económica, tal como se puede constatar en países donde el populismo comunista se ha afianzado en el poder (se podrían poner cantidad de ejemplos que  todos tenemos in mente) y tiene vocación de quedarse como sea para siempre. Esta es la pugna entre Calviño y Díaz (retoques para mejorar la normativa vigente o derogación para sustituirla de forma radical) en plena indecisión y contradicción de Sánchez que, en su día, cometió el error de pactar con Iglesias la derogación de la normativa conservadora (asunto que hoy le reclama Yolanda Díaz) para conseguir el poder y que hoy no puede materializar, salvo eufemismos de cara al electorado, salvo que quiera pasar por encima, como pretende Díaz y el sector podemita, de los empresarios, imponiéndoles una derogación que no desean (y son ellos quienes generan empleo) y de la propia UE, que no lo ve aceptable (y es la que puede o no abrir el grifo de los fondos europeos que tanto desea Sánchez). El asunto pues de la contrarreforma laboral, está encima de...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/). 

 

TIEMPOS DIFÍCILES

                         La realidad es tozuda y se impone, al extremo de que es obvio que, no sólo ya a nivel de España o de la UE sino a nivel mundial, la crisis global es un hecho que deben tener presente en la toma de decisiones tanto los diversos gobiernos nacionales como los organismos internacionales, pues no es tiempo de despilfarros, ni demagogias electoralistas, sino de sacrificios y ajustes no siempre del gusto de la ciudadanía. En efecto, en plena pandemia del covid, de la que apenas estamos saliendo en el llamado mundo desarrollado y que sigue azotando a los países en vías de desarrollo, la crisis global en varios sectores de la cadena productiva amenaza, sin duda, con un problema global de abastecimiento, pues la escasez de materias primas, el déficit de componentes esenciales, el alto coste de la energía y el atasco en la distribución marítima y terrestre frenan sin lugar a dudas la recuperación económica tras la grave crisis mundial provocada por el covid. En estas circunstancias, mientras Biden quita aranceles a la UE e insta a proteger la cadena de suministros, se celebra en Roma la reunión del G-20, para, entre otros asuntos, impulsar el histórico impuesto global para las grandes empresas y negociar avances sobre la crisis climática, fenómeno que cada vez preocupa más a los diversos pueblos del Planeta; en España, por ejemplo, según sondeo de 40dB, el 89% de ciudadanos ve urgente actuar y crece la preocupación por los fenómenos extremos, el 63% respalda que se ponga fin a los vehículos de combustión en 2035, y un 60% estaría dispuesto a comprar un coche eléctrico, aunque un 53% lo ve demasiado caro. Una reunión del G-20 en la que, al margen de anécdotas (como la de Biden, recibido en la víspera por el Papa en El Vaticano, halagando a Francisco diciéndole “eres el mayor luchador por la  paz que he conocido” y calificándole como “guerrero por la paz” y éste mostrando su sintonía con el católico presidente de EEUU manifestándole “debes poder seguir comulgando”; o como la de Pedro Sánchez consiguiendo otros anhelados 30 segundos con Biden en charla improvisada), los líderes mundiales ratifican por fin un impuesto global mínimo del 15% a las multinacionales y prevén implantar en 2023 una fiscalidad a los gigantes digitales, pero siguen discrepando sobre la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, aunque prometen esfuerzos para frenar el calentamiento global sin concretar cómo hacerlo y acuerdan dejar de financiar instalaciones de carbón en terceros países, mientras convencen a India y China para limitar el calentamiento a 1´5º, marcando el camino a la Cumbre del Clima de Glasgow, aunque, como ven, de momento sólo se comprometen a frenar el carbón. Algo es algo; menos mal. En fin, una reunión del G-20 en la que Sánchez afirma que España donará 50 millones de vacunas contra la covid, mientras Calviño pone patas arriba la reforma laboral de Yolanda Díaz y se salta el liderazgo que el Presidente otorgó a Trabajo al marcar cuatro puntos clave: simplificar contratos, negociación colectiva, mecanismos de flexibilidad y las subcontratas. Tiempos difíciles pues para todos y, por supuesto, también para España, ya que la economía española crece a un ritmo menor del previsto por el Ejecutivo, en tanto que el descontrol de los precios se come 9.000 millones del ahorro familiar, mermando sustancialmente el poder adquisitivo……un disparatado incremento del IPC que lamentablemente eclipsa la buena noticia de la..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/). 

GOBERNAR EN DEMOCRACIA

                     Es una obviedad manifiesta que gobernar en democracia es una tarea difícil y compleja que no todas las opciones políticas están dispuestas a afrontar, pues tienden a lo fácil, es decir, a imponer arbitrariamente sus propios criterios que, por loable que sea su finalidad, han de ser sometidos escrupulosamente al complejo entramado institucional democrático, al equilibrio e independencia de poderes y a una legalidad vigente que contempla todos los deberes y derechos de todos sin que estos puedan ser atropellados arbitrariamente por bondadosa que pueda ser su justificación e intencionalidad y por plausible que pudiera ser su finalidad, pues gobernar en democracia y libertad requiere que no se aplique en ningún caso el principio de que el fin justifica los medios, teoría a la que se acogen los regímenes totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas, para avalar las arbitrariedades y fechorías de sus gobernantes autoritarios. Así pues, la observancia escrupulosa de la legalidad vigente y el respeto y acatamiento a las sentencias judiciales es requisito sustancial en cualquier Estado de Derecho democrático que se precie, por más tentaciones que puedan tener sus gobernantes en salir del paso como sea en circunstancias complicadas. Siempre hay que actuar conforme a la legalidad constitucional y para ello los gobiernos cuentan con expertos funcionarios y con asesores, supuestamente cualificados, de los que, por cierto, el Gobierno de coalición de Sánchez bate su propio récord con 1.250 de ellos, elegidos a dedo, además de los funcionarios de los diversos ministerios que consiguieron su plaza por oposición, con lo que es complicado justificar desconocimiento de la legalidad cuando se mete la pata a la hora de tomar decisiones. Por ello no se puede entender que este Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas haya sido desautorizado frecuentemente por el Tribunal Constitucional que, por tercera vez consecutiva, le condena al dictaminar que también fue inconstitucional el segundo estado de alarma por el autoritarismo manifiesto de Sánchez impidiendo al Congreso de los Diputados ejercer su esencial labor de control sobre el Ejecutivo, consustancial con la democracia, y reprochándole además que con la “cogobernanza” se limitaron derechos fundamentales al dejar la gestión del covid en manos de las CCAA sin reservarse, como es su responsabilidad, ningún tipo de supervisión de las arbitrarias y dispares medidas adoptadas por cada gobierno autónomo. Un golpe del TC a la cogobernanza, que remata la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Sánchez y anula la prórroga del estado de alarma por impedir todo ese tiempo al Congreso su función de control, por lo que ahora el Ejecutivo tendrá que devolver 41.426 multas por las sanciones tramitadas durante ese periodo de excepción que alcanzaron los 69 millones de euros, en el que manifiestamente Sánchez gobernó de forma autoritaria y al margen de lo establecido en la legalidad constitucional vigente. ¿Le asesoraron mal sus asesores? ¿Se dejó llevar por sus socios de viaje, tendentes al autoritarismo? ¿Quién sabe? Lo que no cabe es justificar semejante autoritarismo arbitrario con el argumento de que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)