UN NUEVO RÉGIMEN PARA ESPAÑA

                             Sánchez supera el primer trámite parlamentario de los Presupuestos con minoría holgada pero inestable gracias a los separatistas de ERC y a los abertzales de Bildu, lo que ha desatado un descontento generalizado no ya sólo en las filas de la oposición sino también en las del propio PSOE, pues el objetivo de encarar tres semanas clave para blindar la legislatura (y la permanencia de Sánchez en el poder) no puede ser, por licito que sea, a cualquier precio como es pactar con partidos que quieren destruir España y su actual régimen democrático y que incluso se permiten hacer gala de esta intención. La legítima ambición de Sánchez por permanecer en el poder no puede ser a costa de la ruina del futuro de España y, menos aún, justificarlo porque, según él, los partidos democráticos de la oposición le abocan a ello al no prestarle su apoyo parlamentario, pues en democracia cualquier Gobierno, antes de caer en la ignominia, siempre tiene la capacidad de convocar elecciones para que sea el pueblo quien decida qué hacer cuando los representantes elegidos no dan la talla y son incapaces de llegar a acuerdos democráticos razonados y razonables, que, en ningún caso, debieran avalar objetivos atentatorios contra el futuro de nuestra convivencia en paz y libertad. No en vano Arrimadas, en situación complicada, deja en evidencia al Presidente, ausente en el Parlamento durante el debate de las enmiendas, y, resistiendo presiones internas y externas, le tiende la mano rechazando las enmiendas para que las cuentas sigan adelante y no las pacte con ERC y Bildu, aunque le advierte de que “si lo hacen jamás podrán volver a decir que no tenía otra alternativa”. Ya no hay excusa, pero Sánchez lo tiene ya claro y decidido a pesar de que el pacto con tan peligrosos compañeros de viaje haya provocado reacciones en contra incluso por parte de algunos de los barones socialistas que no dan crédito a semejante despropósito, como es el caso, entre otros, de Vara o de Page, quien manifiesta que “lo de Bildu no tiene pase”, por lo que Ferraz, indecentemente, les acusa de trabajar para el PP, sencillamente porque alzan su voz contra los socios impresentables que Sánchez ha elegido, a los que ensalza el número dos del PSOE sanchista, Ábalos, manifestando que “Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP en los Presupuestos”. En definitiva, ignominiosamente, Bildu es catapultado por el Gobierno a la categoría de partido de Estado, incluso por encima del PP, sencillamente porque se presta interesadamente a sostener a Sánchez en el poder que es la estrategia primordial de Moncloa en estos momentos. En efecto, el Gobierno de coalición lo tiene claro pues desde el PSOE sanchista “la clave es salvar los Presupuestos, los barones no están a la altura” y desde Podemos “hay que quitar el estigma a Bildu y habrá diez años de gobiernos de izquierdas” pues estar en el poder el máximo tiempo posible no es sólo el objetivo prioritario del gobierno sino que es el único objetivo, al que hay que someter cualquier otra consideración. Todo el que no apoye el pensamiento único de Sánchez, cada vez más influenciado por Iglesias, se convierte en un fascista retrógrado, enemigo de la democracia y la libertad, aunque sean barones actuales del socialismo o socialistas de toda la vida que dirigieron el partido desde la Transición, cuando el partido era el PSOE, cuando, incluso, algunos dieron hasta su vida por consolidar un régimen democrático de libertades en España como el que tenemos al que se oponía el totalitarismo de ETA, cuyos herederos, desde Bildu, se convierten, ya ven, en demócratas de toda la vida sin condenar siquiera la tragedia y el dolor que sus ancestros trajeron a nuestro país, y cuando, incluso ahora, mientras Sánchez pacta con ellos no tienen reparos en manifestar que “vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen” tal como manifiesta Arkaitz, el nuevo Otegi y diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, que pasó ocho años en la cárcel por pertenecer a ETA, mientras el partido del viejo Otegi, el de siempre, presume de “la victoria de Euskal Herría” y mientras Prisiones traslada a Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, a un módulo de presos comunes, y el Ministerio de Interior sigue acercando presos etarras al País Vasco, entre ellos a Azurmendi, quien brindó con sidra tras asesinar a tiros al matrimonio Jiménez-Becerril, sin haber pedido jamás perdón por semejantes atrocidades. Es el patético rastro de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

 

LA ANSIADA VACUNA

                             En plena escalada de contagios por coronavirus Pfizer, la farmacéutica que creó Viagra, enciende el optimismo mundial afirmando que su vacuna, en fase ya muy avanzada, muestra una eficacia de más del 90% y que en muy poco tiempo estará disponible, alentando así la esperanza de acelerar la ansiada inmunización frente al virus. “Queremos tener 50 millones de vacunas en diciembre” dice el matrimonio de inmigrantes turcos fundadores del laboratorio BioNtech y descubridores de la citada vacuna, disparando con su anuncio las Bolsas mundiales (el Ibex vive su mejor día en diez años, con 39.046 millones de ganancias, gracias al subidón del turismo, banca e inmobiliarias), mientras la UE negocia ya la compra de dosis para tenerla a disposición lo antes posible (Pfizer tendrá 1.300 millones de vacunas covid en 2021) firmando el reparto de 200 millones de dosis, cuya adjudicación por países se hará por criterios de población, mientras en España, que empieza a preparar una campaña record de vacunación, Sanidad prepara la logística para transportar el medicamente en tanques de congelación y Pfizer se compromete a distribuir las dosis ultra-congeladas en los centros. Sin duda una extraordinaria noticia, mientras otros laboratorios luchan por conseguir igualmente su vacuna lo antes posible para afrontar esta pandemia que está haciendo estragos por todo el mundo como jamás hubiéramos podido imaginar. En España, donde uno de cada diez fallecidos en esta segunda ola es menor de 65 años, Sanidad registra un record de 512 muertes el fin de semana y 411 en un día, volviendo las defunciones por covid al nivel de la etapa de confinamiento, mientras Simón avisa que la cifra “es posible que siga subiendo” pero vuelve a presumir de que los contagios se estabilizan. La triste realidad es que varias CCAA superan las muertes de la primera ola de la pandemia (Andalucía, Asturias, Ceuta y Melilla notifican más fallecimientos diarios), cuando el Gobierno, tal como venía pidiendo la Comunidad de Madrid, decide ahora exigir una PCR negativa a quienes viajen desde países de riesgo y Hacienda, por fin, cede a rebajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Dos decisiones que han venido generando una polémica en los últimos tiempos y que por fin nos sitúan como la mayor parte de nuestros vecinos que las venían aplicando en sus respectivos territorios. En efecto, el Gobierno exigirá PCR en los aeropuertos meses después que otros países de Europa, por lo que lo exigirá a todos los viajeros internacionales que lleguen de zonas de riego a partir del próximo 23 de noviembre. Y en efecto, el Gobierno también recula en el asunto del IVA a las mascarillas para situarse en el bando de la mayoría de países que aplican desde hace meses un IVA reducido (0% en Italia, Bélgica, Países Bajos y Finlandia; 5% en Alemania, 5´5% en Francia, 6% en Portugal y Grecia) , mientras España con el 21% de IVA integraba el pequeño grupo de países más voraces del IVA, junto a Reino Unido con el 20% y Eslovenia con el 22%; curiosamente la excusa del Gobierno para resistirse a rebajar el IVA de las mascarillas era el impedimento que venía de la UE cuando sabía desde mayo que Bruselas no multaría a los países que bajaran el IVA tal como hicieron los anteriores países citados, en definitiva, un afán recaudatorio que ha obligado a que los españoles hayamos pagado 1.176 millones de más…..pero, en fin, más vale tarde que nunca. Lo lamentable es que el Gobierno de Sánchez, que si quería recaudar el 21% de IVA en mascarillas está en su perfecto derecho, se haya escudado en una prohibición de la UE para hacerlo cuando la Comisión Europea informó en mayo de que no iniciaría procedimientos de infracción contra aquellos países miembros que decidieran reducirlo a pesar de que se trata de una medida que en circunstancias normales impide la normativa comunitaria vigente sobre este gravamen; y lo indecente es venir argumentando que Bruselas le impedía bajar el impuesto, cuando no era cierto, para, una vez tener que bajarlo por presión popular, apuntarse el tanto de que ha sido una iniciativa gubernamental que se materializa cuando se ha tenido la garantía por escrito de la UE de que no se multaría a España por ello como respuesta a una consulta hecha por el Gobierno español hace bien pocos días. Si se quería tener de la UE esta...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

EL MINISTERIO DE LA VERDAD

                             La preocupación por perseguir las noticias falsas y la desinformación, cada vez más abundantes en los medios y en las redes sociales, no puede ser la excusa en ningún caso para que el Poder Ejecutivo, del signo ideológico que sea y en el país democrático que sea, pretenda limitar la libertad de expresión e información, por lo que, obviamente, es saludable para la democracia circunscribir siempre la cuestión al ámbito judicial mediante una legislación, ampliamente consensuada, más contundente y más precisa en la tipología de los delitos y con un sistema judicial con más medios que la haga más ágil y eficiente a la hora de decidir sobre las demandas interpuestas al respecto. Sin embargo los distintos Ejecutivos, en general y especialmente si tienen tendencias populistas totalitarias, caen en la tentación de circunscribir el asunto a su círculo interno para gozar de un mayor control de la “desinformación” mediante un “procedimiento” más o menos confuso, como sucede en España en estos momentos. En efecto, Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet y crea un “comité contra la desinformación” que dirigiría Iván Redondo, Jefe de Gabinete de Sánchez, para vigilar lo que considere desinformación; en definitiva, una especie de “Comité de la Verdad” para permitir que el núcleo duro del Ejecutivo (en este caso de Sánchez) vigile los contenidos informativos y decida si es “desinformación” o información veraz, abriendo la puerta a examinar la libertad y pluralidad de los medios. Obviamente, contra la preocupante iniciativa gubernamental, las asociaciones de prensa avisan del riesgo de censura, los editores creen que puede ir contra la Constitución y Bruselas se pone en alerta de nuevo (anteriormente lo hizo cuando Sánchez pretendía cambiar las reglas para renovar el CGPJ), avisando desde el Parlamento Europeo de que “su diseño no tiene amparo en las iniciativas de la UE” ya que, por lo visto, se ampara en una norma europea que está bloqueada y que, en todo caso, sólo se refiere a supuestos de terrorismo, mientras la Comisión Europea incluso censura que se apruebe en pleno estado de alarma. Perseguir las noticias falsas y la desinformación, sí; pero hacerlo poniendo en riesgo la libertad de expresión mediante la censura, no. Es muy delicado y peligroso regular la “verdad” y la “mentira” dejando al Poder Ejecutivo la potestad para ello con tendencia a un claro totalitarismo indeseable para la democracia. La oposición está en contra de semejante iniciativa del gobierno de coalición, mientras tanto PSOE como Podemos lo apoyan con absoluta contundencia, manifestando que la pretensión no es la censura sino el amparo del derecho a una información verdadera y no falsa. Paradójicamente Pablo Iglesias, cuando en 2018 el Gobierno de Rajoy proponía una iniciativa contra la desinformación, acordada previamente con el PSOE y Ciudadanos (ésta de ahora carece incluso de acuerdo alguno con la actual oposición), denunciaba la iniciativa con el contundente argumento de “que el Gobierno decida qué información es verdad es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”, con lo que sin duda podemos estar de acuerdo, mientras ahora, como es él quien está en el Gobierno defiende la iniciativa de Sánchez sin rubor alguno. Ya ven, lo que no cambia es la facilidad de Podemos para asegurar que todas las maniobras para desinformar son exclusivas del espacio político de la derecha, cuando hay muchos antecedentes de que la mentira es una herramienta más de todos los bandos en la estrategia por conseguir o retener el poder. Obviamente con este argumento maniqueo de buenos y malos por arte de magia, se entiende que Pabló Iglesias ataque la creación de un “Ministerio de la Verdad”, como él calificaba la iniciativa de Rajoy, pactada entonces previamente con el resto de la oposición, cuando él está en la oposición y avale ahora lo contrario cuando está en el Gobierno; ¡qué dirá cuando vuelva a estar en la oposición!, la respuesta es obvia. Si antes el mismísimo Iglesias acusaba al PP de querer crear un “Ministerio de la Verdad”, ahora lo defiende sin rubor alguno cuando la pretensión del actual Gobierno de coalición, al que él pertenece, establece un procedimiento de actuación contra la “desinformación” que incluye, entre otras cosas, “examinar el pluralismo de los medios” para evitar las “fake news”…..si antes Iglesias acusaba a Rajoy de pretender “decidir qué es verdad” y lo señalaba como “el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”, denunciando que la perversa derecha trataba de crear un “Ministerio de la Verdad” porque el Gobierno de Rajoy tramitaba, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, una ley de seguridad nacional, que incluía la “desinformación” entre las amenazas a la integridad de España, ahora no tiene....... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

 

¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE?

                             Mientras los contagios y muertes por coronavirus siguen creciendo en los diferentes territorios de España, al extremo de que ya hay quienes vaticinan un colapso sanitario si no se toman medidas más drásticas contra la propagación del virus, se tiene la sensación de que nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional como autonómico, andan más preocupados de quitarse de encima las responsabilidades, que como gobernantes tienen, que de asumirlas con total crudeza al margen del coste político que les pueda acarrear si, acertadamente o no, decretan medidas impopulares, cuando nada hay más impopular que soportar el progresivo avance de los contagios y sus trágicas consecuencias. En efecto, sin que se entienda muy bien, el Gobierno de Sánchez niega a Asturias y Melilla un confinamiento en los domicilios, argumentando que no quiere “competiciones” porque no se trata de “quién toma la medida más dura”, pero a la vez esquiva el mando único, del que disfrutó en la oleada de marzo durante cuatro meses, lo que deja en el aire cualquier solución, cuando el Principado denuncia que no puede esperar más y, con arreglo a lo que puede hacer, decreta el cierre de la hostelería “antes de que colapse el sistema”, mientras otras autonomías, como Castilla-La Mancha, por seguir citando a las gobernadas por socialistas, exigen a Sánchez una “estrategia nacional” en vez de diecisiete. En definitiva, Illa rechaza el confinamiento domiciliario tras pedirlo Asturias sencillamente porque “no está previsto”, cuando España registra el peor fin de semana de la segunda ola con 379 fallecidos por covid y más de 55.000 contagios…..y mientras las CCAA presionan para empezar ya los confinamientos el Gobierno pide esperar a ver la eficacia de las medidas adoptadas y, en todo caso, descarta un cierre total, aunque rectifica finalmente y ahora no descarta ya el confinamiento domiciliario, pero Sanidad se da quince días más para decidir al respecto. Lamentablemente el virus no entiende de estrategias ni de esperas para seguir matando. Es obvio que, al margen de la bonanza o no de un confinamiento domiciliario, lo que está en el aire es la pregunta de “¿Quién será el responsable?” de la gestión de la pandemia que, de momento, no ha de ser muy buena cuando ha dejado a España en déficit de médicos especialistas, en medio de un desierto legislativo que impide a las CCAA tomar las decisiones que consideren oportunas, cuando tienen transferidas las competencias de Sanidad, salvo que, incluso en pleno estado de alarma, el Gobierno central, que no quiere apechugar con la gestión de la pandemia como hizo en marzo, decida autorizar a los presidentes autonómicos para decretar en sus territorios los confinamientos domiciliarios. Al final queda todo en un “quiero y no puedo” en plena revuelta de las CCAA contra Sánchez, teniendo claro que, en definitiva, “será el responsable del colapso”, mientras el PP se muestra partidario de apoyar en el Congreso un estado de alarma o modificar el actual para un confinamiento total en aquellos territorios en que científicamente se demuestre que se hace urgente y necesario aplicarlo para atajar la pandemia. Entretanto Sanidad de nuevo vuelve a cambiar por tercera vez el criterio para contabilizar a los muertos y añade 1.623 más, mientras se genera un malestar con Simón por hacer unas chistosas declaraciones sobre las enfermeras de inaceptable tono machista. Por su parte el Gobernador del Banco de España hace una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, que están a punto de discutirse en el Congreso, desmontando el cuadro macro al no dar credibilidad ni a los ingresos ni a los gastos que plantean y criticando la subida generalizada a los funcionarios y animando a hacerlo sólo a los sanitarios. Y es que a esa pregunta de “quién será el responsable” de la gestión y las consecuencias de la pandemia, hay que añadirle además quién lo será también de la ruina económica y social en que estamos inmersos cuando todo apunta a que seremos el país de la UE que tardará más en recuperarse y el más damnificado. De momento...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

Y LLEGAN LOS DISTURBIOS

                             El desencuentro entre los principales partidos políticos, la variopinta forma de afrontar la pandemia con el desentendimiento del Gobierno para pilotar la crisis en favor de las CCAA y el progresivo deterioro social, sanitario y económico se están convirtiendo en un verdadero caldo de cultivo para que los radicalismos violentos campen a sus anchas y, ¡cómo no!, proliferen los disturbios callejeros contra las restricciones sin que sus protestas tengan un destinatario concreto, ya sea el Ejecutivo Central o el pertinente Gobierno autonómico, lo que dificulta aún más un futuro inmediato en paz y libertad de los españoles. En efecto, en una veintena de ciudades españolas miles de vecinos salen a la calle contra las restricciones y lo hacen de forma violenta, enfrentándose a la policía y destrozando bienes públicos, mientras los agentes, que no hallan conexión entre los diversos grupos, detienen a 56 personas por los incidentes del pasado sábado, constatando que, en general, se trata de manifestantes españoles, menores de 25 años, extremistas de izquierdas o derechas, delincuentes, víctimas del cierre de negocios, neonazis, radicales de barrios obreros, ultras del fútbol y negacionistas. Entretanto PP y Vox ratifican su divorcio sin vuelta atrás, pues, mientras Casado rechaza las protestas en la calle, Vox le acusa de colaborar con Sánchez e Iglesias, en tanto que Podemos y Vox se enfrentan por los disturbios callejeros. En definitiva, PP y Vox chocan por las protestas y Podemos las usa para fortalecerse en el Gobierno, como si gobernar en coalición no fuera con ellos. Por su parte Sánchez, cuyo Gobierno permite sólo a Madrid cerrar sólo durante el puente (el Consejo Interterritorial estudiará la duración de las limitaciones a la movilidad), junto al resto de ministros, dejan solo a Illa en el Congreso durante la aprobación del decreto para extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo, dándole un verdadero portazo a la Cámara Legislativa para seis meses de pandemia, pues en ese tiempo sólo dará explicaciones tres días, cuando en la propia Constitución se establece que cada quince días hay que comparecer en las Cortes mientras se mantiene la excepcionalidad del estado de alarma. No en vano se desata la alerta en la UE, considerando que “España está sumida en el caos político”, al observar Bruselas con preocupación la gestión de Sánchez de la pandemia, exponiéndose Moncloa a otro toque de atención por burlar el control del Congreso. Mientras tanto, ocho de cada diez españoles están confinados durante el puente; cada Autonomía decide sobre su propio territorio las medidas para afrontar el mismo peligro, el coronavirus; Cataluña ordena el confinamiento municipal los fines de semana; se hacen controles tardíos, en Madrid, por ejemplo, aunque el confinamiento entró en vigor a las 00´00 horas la policía no actuó hasta las 14´00 horas; y los ciudadanos andan desconcertados ante la ausencia de un criterio común para toda España…. Y mientras España afronta el problemón como si se tratara de los Reinos de Taifas, que liquidaron en su día la unidad de Al-Andalus, los contagios e ingresos en los hospitales y en UCIs están al máximo de esta segunda ola, los médicos en las UCIs predicen que “aún no es el infierno, pero sí el purgatorio”,  Madrid y Barcelona bordean ya el colapso, España es ya el tercer país de Europa con más mortalidad desde julio, y el Gobierno, que baraja la posibilidad de un confinamiento total, lo fía todo al próximo Consejo de Política Territorial.  Ya ven, sólo faltaba la llegada de disturbios generalizados violentos para poner la guinda a este preocupante panorama, lo que sólo satisface a los radicalismos ideológicos que se mueven en situaciones turbulentas de crisis generalizada como peces en el agua, pues sabido es que, para ellos, cuanto peor, mejor. No extraña que Rafael Matezanz, fundador y ex director de la Organización Nacional de Trasplantes, vaticine que “el contexto político, tan tóxico como el virus, no augura nada bueno”, lo que, en términos generales, podemos compartir todos aquellos que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

DEL ESTADO DE ALARMA AL CONFINAMIENTO

                             Tras el registro por parte de Sanidad de más de 52.000 nuevos contagios, nuevo record del fin de semana, las distintas CCAA se van confinando al acelerarse los casos de covid y ante el puente que se avecina, acogiéndose obviamente al estado de alarma, decretado por Sánchez, y a su delegación de las responsabilidades en los presidentes autonómicos para que cada uno de ellos tome las decisiones que considere más oportunas, lo que, al final, posibilita un variopinto escenario de confinamientos y otras medidas para intentar atajar la pandemia, que se van aplicando de forma dispar en cada territorio. Un estado de alarma que, ¡cómo no!, desde el inicio enfrenta no sólo al Gobierno con el PP, sino también con parte de sus socios de investidura que ven impresentable la pretensión de Sánchez de prorrogarlo por seis meses sin control alguno del Parlamento, al extremo de que, ante semejante reacción, el Presidente recurre a las rebajas reduciéndolo a cuatro meses y con control parlamentario cada dos meses, para, finalmente, dejarlo en seis meses como pretendía al principio. Casado, que condicionaba su apoyo al decreto a que se limitase a ocho semanas y a que durante ese tiempo se legislase al respecto para poder combatir la pandemia sin necesidad de decretar estado de alarma, se abstendrá finalmente, tras rechazar el Gobierno su propuesta. Entretanto empresarios y juristas, se suman a las reticencias de la oposición: la CEOE califica de “barbaridad” frenar la economía durante seis meses y pide más ayudas, mientras los juristas ven ilegal que el Ejecutivo delegue en las CCAA cuando la pandemia es nacional y afecta a todas ellas, viendo la medida “desproporcionada” (Manuel Aragón, catedrático y ex magistrado del Constitucional, deja claro que “la capacidad del Congreso para decidir cada 15 días no puede eliminarse”), mientras Vox lo recurrirá al Constitucional, ERC cree que la propuesta es “abusiva” y Arrimadas pide que dure un mes. Es más, el ex presidente Felipe González dice que el estado de alarma de Sánchez es un “caos”, critica la “cogobernanza” para gestionar la pandemia y pone en duda la viabilidad de los Presupuestos que ha elaborado, mientras Sánchez se escaquea de defender la excepcional medida en las Cortes y delega en Illa la defensa de la misma con la excusa de que él tiene una reunión extraordinaria con los miembros del Consejo Europeo, mientras presume de que tiene mayoría suficiente para imponerla, aunque, ante la presión de sus socios, rectifica ofreciendo la citada duración de cuatro meses y comparecer cada dos en el Congreso. Al final, no obstante, Sánchez consigue el apoyo para los seis meses a cambio de algunas cesiones a sus socios de investidura. Llama la atención la delegación de responsabilidades en los presidentes autonómicos cuando no sólo Francia, estado centralista donde los haya, sino también Alemania, estado federal descentralizado por antonomasia,  han impuesto su plan nacional de lucha contra la pandemia, que, últimamente, no sólo azota a España sino al resto de países de Europa; en efecto, contrasta que Macron, que decreta el confinamiento total en Francia, y Merkel, pactando con los “Lander” medidas drásticas, apliquen ambos su plan nacional, mientras Sánchez se desentiende y delega su competencia tras haber pivotado en exclusiva y con todas las competencias el estado de alarma anterior del mes de marzo. ¿Por qué ahora descarga en las CCAA la decisión sobre las restricciones de la alarma y ordena evitar una negociación con el PP? ¿Está detrás de semejante decisión la necesidad de votos secesionistas para aprobar los Presupuestos? ¿Por qué propone una alarma de seis meses sin control parlamentario y ahora son buenos cuatro y con dos controles, para finalmente dejarlo en seis?  Son las explicaciones que el Ejecutivo debe dar a los ciudadanos, pues gobernar implica tomar decisiones que se consideren necesarias por duras que sean y no contentar a tirios y troyanos por razones de conveniencia coyuntural. Así las cosas media España ya está cerrada y afronta el puente con cierres perimetrales por decisión de los respectivos gobiernos territoriales, mientras la otra media está pensando si cerrará o no, sin que el Ejecutivo de Sánchez diga ni “mu”…..a País Vasco, Asturias y Aragón se suman Navarra y La Rioja en el cierre, en tanto que Andalucía, las dos Castillas y Murcia se suman también a la medida, al igual que Cataluña; por su parte Madrid se resiste a unirse a tal iniciativa y pide limitar el cierre al puente y no hasta el nueve de noviembre, como ya han decidido las autonomías citadas. Entretanto y a la espera de lo que decida el resto de Autonomías, además de la aplicación dispar también del toque de queda, llegan por fin los rastreadores (pasan de 3.500 a 8.500) aunque...... (sigue leyendo enBlog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

TOQUE DE QUEDA

                             En esta pintoresca España de las Autonomías, más parecidas a Reinos Taifas cada una a su aire que a instituciones integradoras del Estado, el Gobierno, por fin, tras una progresiva petición de los gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE y por los nacionalistas (eso sí, éstos a cambio de que no se interfiera en la gestión de la pandemia, no vaya a ser que se atente contra sus competencias), decide decretar un nuevo estado de alarma como cobertura legal para decretar a su vez un toque de queda o restricción de movilidad nocturna como prefieren llamarlo para alejar cualquier connotación bélica del término. En efecto, la apatía del Gobierno durante meses para legislar o reformar la Ley de Salud Pública que facilitara actuar sin el recurso de la alarma, como en otros países, y permitiera a las autoridades políticas y sanitarias intervenir contra la pandemia de forma más eficaz y exenta de interpretaciones jurídicas contrapuestas en cada tribunal superior de justicia autonómico sin la cobertura legal del estado de alarma ha provocado un desmadre de gestión catastrófica mientras la pandemia en esta segunda oleada sigue escalando desde la famosa “nueva normalidad” a cifras muy preocupantes de contagios y muertes que nos retrotraen casi a los peores momentos de la primera ola, dibujando un panorama desolador en medio de una serie de medidas territoriales, algunas rechazadas por la autoridad judicial en una autonomía pero no en la de al lado, y de un escandaloso desencuentro entre el Gobierno central con la Comunidad de Madrid, donde finalmente Sánchez impuso un confinamiento perimetral a la capital y otros nueve municipios de la misma. Así las cosas, Sánchez fuerza a las CCAA a suplicarle un estado de alarma y, tras la petición de nueve de ellas (cinco gobernadas por el PSOE, más País Vasco, Cataluña y Cantabria) para que sus medidas tengan cobertura legal, avisa de que “vienen meses muy duros” y en Consejo Extraordinario de Ministros dominical da el paso de decretar un estado de alarma, diferente al anterior ya que la gestión de la pandemia la deja ahora en manos de las autonomías, y además añade un toque de queda nocturno de las 23 a las 6 horas, aunque las autonomías pueden modificarlo hora arriba o abajo, mientras Madrid volvía a las restricciones por zonas sanitarias. Sánchez, que había enterrado el plan legislativo de Calvo, tras llevar a las CCAA a este caos legal, opta por este peculiar estado de alarma para poder decretar el citado toque de queda, mientras algunos virólogos del CSIC, como Margarita del Val, sostienen que “no hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos”. Para prorrogarlo en el Congreso de los Diputados, tras los quince días iniciales de vigencia, cuenta Sánchez en principio con los votos de sus socios de investidura a los que se suma Ciudadanos, mientras el PP habla de “chantaje” y se opone a las pretensiones de Sánchez de que sea prorrogado por seis meses (a diferencia de la anterior alarma en que las prórrogas eran cada quince días) ofreciéndole Casado respaldarlo en principio para dos meses. La polémica está de nuevo servida: el Gobierno busca que la alarma se alargue hasta mayo y el PP sólo hasta diciembre, mientras Ciudadanos y ERC no son partidarios tampoco de que la medida excepcional esté tantos meses sin control parlamentario.  De momento España está en estado de alarma y con toque de queda tras el decreto aprobado para quince días y ya se verá qué pasa con las prórrogas; una situación en la que la movilidad nocturna queda restringida, salvo en Canarias, mientras las CCAA tienen la potestad delegada del Ejecutivo (en la anterior alarma el Ministerio de Sanidad tenía el mando único) para confinar todo su territorio, municipios o barrios….. ¿hasta cuándo? Sánchez dice que “la duración no es inamovible, si la situación mejora decaerá”, pero la oposición no está por la labor de dejar este cerrojazo nocturno sin control durante tanto tiempo, pues, por esa misma regla de tres, puede prorrogarse por dos meses y entonces decidir nuevas prórrogas si la situación de la pandemia así lo aconsejase. Casado indica que en dos meses incluso hay tiempo para reformar la Ley de Salud Pública y poder así seguir luego luchando contra la pandemia con cobertura legal sin necesidad de mantener la alarma. Entretanto...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)