Sin lugar a dudas cada
partido político, cada gobernante, es libre de elegir sus aliados, sus
programas de gobierno y el modo de ponerlos en práctica, apechugando obviamente
con las consecuencias derivadas del acierto o error que ello comporte, pues cuando
en las elecciones no se obtiene mayoría absoluta, que consolidaría la apuesta
ciudadana por un determinado programa electoral, es la negociación
postelectoral la que determina la gobernabilidad del Estado (bien mediante un
gobierno de coalición, bien mediante un compromiso de apoyo parlamentario, que
garantice la gobernanza) o, en caso contrario, la convocatoria de nuevas
elecciones, pues todo lo demás es mero funambulismo político con el único
objetivo de mantenerse y mantener en la cuerda floja al gobernante de turno a
costa de lo que sea hasta que la falta de apoyo o el mínimo error de cálculo le
lleve a estrellarse en el escenario. Es lo que viene practicando este débil y
minoritario Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias, incapaz de mantener y consolidar
los apoyos parlamentarios que, casi de milagro, le auparon al poder, dadas las
inviables propuestas, por contradictorias, del variopinto elenco de partidos
que, bajo el eslogan propagandístico de “gobierno progresista” de izquierdas
(por más que siempre haya necesitado del apoyo de la derecha más tradicional,
como es el PNV), se sostiene con el concurso de socialdemócratas, socialistas,
comunistas, populistas, nacionalistas de izquierda o derecha, independentistas,
radicales, “antisistema” e incluso “abertzales”…… demasiados ingredientes
ideológicos, muchos de ellos incompatibles entre sí, para sacar a dicho
Gobierno del funambulismo político que practica, al extremo de que este
gobierno “progresista de izquierdas” ha tenido que garantizar las dos últimas
prórrogas del estado de alarma gracias a la derecha (PNV y Ciudadanos), tras el
rechazo de sus valedores del “espíritu de la investidura” que la secesionista
ERC da por terminado, poniendo en riesgo, al menos de momento, el desarrollo
normal de la Legislatura. No obstante, un funámbulo, si quiere sobrevivir, ha
de mantener su equilibrio como sea para no caerse, y Sánchez, sin reparo alguno
no tiene inconveniente en ir utilizando en cada momento a quien se preste a su
juego de supervivencia aunque defraude a quienes le apoyaron antes, pues ya
habrá posteriormente cualquier otro que se preste a participar en su juego. Si
para ello hay que ser incoherente, se es; si hay que traicionar a alguien, se
traiciona; y si hay que rectificar constantemente, se rectifica. Lo
irrenunciable es mantener el equilibrio como sea y a costa de lo que sea. Por
eso ya ni sorprende que Sánchez, tras arrancar el apoyo de Arrimadas para una
nueva prórroga de 15 días, renunciando a los treinta días que él pretendía, siguiera
negociando hasta última hora con ERC, que creía incompatible el acuerdo con Cs
y le pedía que eligiera, mientras incluso negociaba con Bildu a pesar de
sostener que jamás pactaría con los “abertzales”. Lo sorprendente es que, tras
amarrar su pírrica victoria de prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de
junio con los votos de PNV y Ciudadanos, se filtrara horas después un documento
firmado por la socialista Lastra, el comunista Echenique y la “abertzale”
Aizpurúa, según el cual se llegaba a un pacto para “derogar íntegra la reforma
laboral del PP”…… y lo insólito es que, horas después, el PSOE, a pesar de la
firma de Lastra, sale al paso y “anula” “unilateralmente” este acuerdo con
Bildu, que, aunque sus votos ya no eran decisivos tras el acuerdo con
Ciudadanos, se había abstenido en la votación del Congreso, especulándose con
que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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jueves, 21 de mayo de 2020
lunes, 18 de mayo de 2020
UN VERDADERO DESFASE
La asimétrica
desescalada por fases se está convirtiendo en un verdadero desfase político y
sanitario a causa de la indefinición y falta de concreción del proceso que
habrá de llevarnos a esa especie de “nueva normalidad” que nadie sabe en qué
consistirá. En efecto, por si no hubiera bastante confusión con las cuatro
fases (de la 0 a la 3) inicialmente acordadas por el Gobierno, ahora Sánchez, a
petición de Cataluña añade la fase 0´5, una especie de fase 0 con premio, para
beneficiar a aquellos territorios (Barcelona, Comunidad de Madrid y parte de
Castilla y León) que a su juicio (en el caso de Madrid) o a petición de las
propias CCAA (en el caso de Cataluña) no están preparados para desescalar,
mientras al resto de territorios les da el visto bueno para pasar de fase. Si a
ello se añade que, caprichosamente, en unos casos la circunscripción
desescaladora es el distrito sanitario y en otros la provincia, pudiendo
cambiar de criterio a lo largo del proceso (como en la Comunidad Valenciana que
se le aplicó el distrito sanitario para pasar a la fase 1 y desde ahora se le
aplicará la provincia), el desfase está más que garantizado, al extremo de que
casi nadie es capaz de saber en qué fase vive y, menos aún, en la que vive el
pueblo de al lado. Y si se añade además el inexplicable oscurantismo con el que
el Ejecutivo está llevando la desescalada, sin publicar el nombre del
misterioso grupo de sabios, que en realidad toman las decisiones, ni presentar
en tiempo y forma los informes que avalan la decisión de forma objetiva e
indiscriminada, el desfase se convierte en un desmadre preocupante, con
desencuentros abismales como el existente entre la Comunidad de Madrid y el
Gobierno de Sánchez, adobados con declaraciones indecentes como las de Simancas
que llega a decir que “España tiene tantos muertos por Covid porque en España
está Madrid”, mientras Ayuso, la presidenta madrileña, alienta las protestas
callejeras contra Sánchez, iniciadas en el Barrio de Salamanca y cada vez más
extendidas y continuadas (incluida ahora hasta la calle Ferraz, sede del PSOE y
otros lugares fuera de la Comunidad madrileña) y advierte al Ejecutivo de que
“esperen a que la gente salga a la calle; lo de Núñez de Balboa les va a
parecer una broma”. Protestas y caceroladas contra la prórroga del estado de
alarma y contra la gestión del Gobierno, que, desafiando dicho estado de
alarma, se dan entre un fuerte blindaje policial, ordenado por Interior,
mientras Echenique exige que las autoridades actúen contra las protestas de los
“cayetanos” de la “clase alta” porque ponen “en peligro” a la población por
“saltarse las normas” del confinamiento y acusa al popular Martínez-Almeida de
ser “el alcalde de los ricos”, suponiendo que si la manifestación hubiera sido
“en un barrio obrero ahora toda esa gente estaría identificada y multada”; y
finalmente pone la guinda el secesionista Rufian manifestando que las protestas
son “alegales, por no decir ilegales”, añadiendo que “son pijos que no pueden
jugar al golf” y que “si llegan a llevar esteladas les muelen a palos”. En fin,
despropósito tras despropósito, con la intención de sacar ventaja política o
contentar a sus clientelas, que suenan a un cinismo absoluto, viniendo de
Echenique o Rufian, salvo que olvidemos las múltiples manifestaciones
ilegalmente convocadas por los podemitas o por los secesionistas en muchos
casos violentas, alentadas por ellos mismos y..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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jueves, 14 de mayo de 2020
ALARMADOS POR EL ESTADO DE ALARMA
Después de dos meses de
vigencia del estado de alarma y tras la anunciada intención del Presidente del
Gobierno de solicitar una nueva prórroga más, en este caso de un mes (hasta
finales de junio, justo cuando las Cortes Españolas inician sus vacaciones),
cabe estar alarmados por la deriva que está tomando el citado estado de alarma
cada vez con menos apoyos parlamentarios y más en precario. En efecto, cuando
Sánchez solicitó en marzo el estado de alarma por quince días le fue otorgado a
cambio de nada y casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados como la mejor
fórmula de afrontar la pandemia y, desde entonces, en vez de mantener los
apoyos ha ido perdiéndolos, tanto los de quienes apoyaron su pírrica y frágil
investidura como los de la oposición, al extremo de que la última prórroga, la
cuarta, salió airosa de milagro gracias al respaldo de Ciudadanos y PNV a
cambio de una serie de concesiones. En algo importante estará fallando la
gestión del Gobierno cuando provoca esta desbandada de tirios y troyanos, absurda
en caso de estar acertado, al extremo de que ahora, cuando intenta otra prórroga
más la pide para un estado de alarma descafeinado (casi limitado a la movilidad
y a que sean las CCAA quienes tengan el poder) y para un mes, cuando él mismo
decidió someterse al control parlamentario cada quince días, lo que, visto lo
visto, hace sospechar que lo que pretende es eludir dicho control quincenal,
que tan malos resultados le ha venido dando, y llegar a finales de junio para
garantizarse así el estado de alarma, aunque sea descafeinado, durante los
meses de verano al estar las Cortes Generales cerradas y bajo el control de la
Diputación Permanente, lo que nos conduciría a que el último tramo y definitivo
de la desescalada se desarrollaría en circunstancias de doble excepcionalidad,
poco saludable cuando la delicada situación requiere de un amplio consenso político
que el Gobierno está obligado a buscar en vez de intentar resistir como sea
desde su debilidad parlamentaria y desde la inestabilidad de la coalición gubernamental,
plagada de improvisaciones y descoordinaciones entre sus miembros. Por su parte
Casado, que se abstuvo en la cuarta prórroga tras apoyar las anteriores y fue
criticado por no presentar un plan alternativo, considera que el estado de
alarma ya no tiene sentido, confirmando, tal como había avisado, que el PP
votará “no” a esa hipotética prórroga de un estado de alarma descafeinado, y
presenta su “plan B” contra los abusos del estado de alarma, proponiendo pactar
una alternativa sanitaria, económica y jurídica que proteja a los españoles sin
imponerles por más tiempo la pérdida de sus derechos y libertades; un “plan B”
a negociar para salir de la alarma con una batería de medidas para frenar la
pandemia y evitar el rescate de la economía, con propuestas como duplicar la
liquidez, exonerar de impuestos a empresas o hacer un gran pacto por la
sanidad. Entretanto Arrimadas, probable tabla de salvación para que Sánchez
pueda llevar su objetivo de alarma descafeinada a buen puerto, le advierte de
que no dé por hecho su apoyo y de que reclamará nuevas condiciones para
negociar la prórroga y un plan de salida, mientras Sánchez le concede un
estatus de privilegio sobre Casado llamándola directamente para negociar
mientras al Jefe de la oposición le llama la Vicepresidenta Carmen Calvo. Todo
ello cuando..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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lunes, 11 de mayo de 2020
POLÉMICO DESESCALAMIENTO
Se inicia la
desescalada, no exenta de polémica, tras la petición de todas las CCAA, excepto
las de Cataluña y Castilla y León, de pasar a la Fase 1, convencidas de que
cumplían todos los requisitos para dar tan importante paso, mientras la de
Madrid, cuya presidenta había apuntado a la necesidad de esperar algo más de
tiempo, tras una discusión con su Vicepresidente, decidía a última hora sumarse
a la petición de la inmensa mayoría de territorios para pasar de fase. Todo
ello envuelto en la polémica de si la demarcación a tener en cuenta habría de
ser caprichosamente la provincia, la comarca o las zonas básicas de salud
establecidas en cada Autonomía. Así las cosas, las CCAA se sometían al
veredicto del Gobierno, concretamente del Ministerio de Sanidad, asesorado por
un opaco Comité de Expertos, compuesto de doce “sabios” anónimos, ya que el
Ministerio, con el argumento de protegerlos de la “presión” que podrían sufrir,
se negaba a dar a conocer su identidad, contraviniendo, según algunos, la Ley
General de Salud Pública que en su artículo once indica que “será pública la
composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen
recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la
declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y
documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas en la normativa
vigente”, mientras la Ley de Transparencia, en su exposición de motivos, habla
de las “obligaciones de publicidad activa” que tienen los miembros de la Administración
“para las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica y su
estructura organizativa”, exigiendo además que se deberá incluir “un
organigrama que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su
perfil y su trayectoria profesional”. En fin, más claro, el agua; sin embargo,
a los ciudadanos españoles se les oculta la identidad de quienes, en
definitiva, han de decidir sobre el devenir de sus propias vidas. Pues bien, en
medio de este oscurantismo incomprensible, el Gobierno, tras el asesoramiento
de tan misterioso Comité de Expertos, decide que el 51% de la población
española pase a la Fase 1 y que el resto permanezca en la Fase 0, quedando
fuera de la desescalada gran parte de Cataluña y Castilla-León, tal como sus
gobiernos pedían, y, contra lo que solicitaban los gobiernos de otras CCAA, no
pasa la mayoría de la Comunidad Valenciana (quedando fuera las tres capitales y
Elche) y de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete) y parte de
Andalucía (las provincias de Granada y Málaga), mientras la Comunidad de Madrid
queda en la Fase 0 en su totalidad territorial, mientras el resto de CCAA
(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja,
Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, junto a Ceuta y Melilla) ven
satisfechas sus aspiraciones de pasar íntegramente este tramo de desescalada.
Las reacciones no se han hecho esperar y las especulaciones tampoco. Particularmente
la Comunidad de Madrid y la de Andalucía, gobernadas por el PP, y la Comunidad
Valenciana, gobernada por el PSOE, ponen el grito en el cielo y critican al
Gobierno, denunciando que haya privilegiado a territorios (entre ellos Euskadi,
denuncia a la que se suma también el socialista Lambán) con peores o similares
datos sanitarios que sus comunidades, mientras Sánchez apacigua a Torra,
Urkullu y Feijóo. Y como continúa el..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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jueves, 7 de mayo de 2020
ESTADO DE ALARMA O CAOS
Planteada la prórroga
por parte del Gobierno de Sánchez en términos de “estado de alarma o caos”, es
decir, “o yo, o el caos”, tras anunciar que no tenía ningún “Plan B” para salir
de esta situación de excepcionalidad, sólo cabía esperar la aprobación, “sí o
sí”, en el Congreso de los Diputados del decreto de prórroga de la alarma, la
cuarta, presentado por el Ejecutivo, quien, hasta pocas horas antes del debate,
no tenía garantizada la aprobación a causa de su minoritario respaldo parlamentario,
el más exiguo de todos los gobiernos democráticos, ya que hasta quienes le
auparon al poder en la moción de censura (léase PNV o ERC) manifestaban sus
reticencias e incluso su rechazo a concederle una nueva prórroga, generando
incertidumbres innecesarias en momentos tan delicados como el que estamos
viviendo a causa de la pandemia. En definitiva, una irresponsabilidad o
frivolidad manifiesta por no haber hecho el Ejecutivo los deberes en tiempo y
forma, que, finalmente, tuvo que hacer deprisa y corriendo, tras el anuncio por
parte del primer partido de la oposición, el PP, (Vox anunciaba su voto en
contra y Ciudadanos dudaba en apoyar el decreto) de que no apoyaría la cuarta
prórroga del estado de alarma para evitar que el Gobierno siguiera actuando sin
contar con ellos para nada como si tuviera mayoría absoluta y no les necesitara
para sacar sus proyectos adelante. La indecencia y el chantaje llegaron al
extremo de que Sánchez incluso llegó a responsabilizar a Casado (que le había
apoyado en todas las prórrogas anteriores) de las consecuencias de un posible
rebrote y éste le devolvía el exabrupto diciéndole que con ese planteamiento el
único responsable de todo lo acaecido hasta hoy sería el Presidente. En fin,
todo lo contrario al ejercicio de una política con mayúsculas. Al final, el
gobierno de izquierdas progresista de Sánchez e Iglesias, abandonado por
quienes le auparon al poder, entre ellos ERC, consigue su objetivo de prorrogar
la alarma gracias al apoyo de la derecha (Ciudadanos y PNV) tras concederles una
serie de peticiones, entre ellas, la cogestión de la desescalada con las CCAA,
la desvinculación de las medidas de apoyo social, económico y laboral del
estado de alarma y la elaboración de un “Plan B” que permita el tránsito de la
excepcionalidad a la normalidad constitucional, amén de un compromiso de
decretar el luto por las víctimas, que el PP le venía solicitando y que Sánchez
anunciaba para cuando la mayoría de los territorios hayan pasado a la fase
siguiente de desescalada. Medidas que exigía, como la mayoría de los grupos, el
PP, quien, tras acusar a Sánchez de querer una “dictadura constitucional”,
finalmente se abstuvo en la votación. El Presidente Sánchez, en este nuevo
escenario político de cogobernanza obligada con las CCAA para la desescalada y
de exigencia de previo diálogo fluido para evitar la actual unilateralidad
gubernamental (hasta ahora el Ejecutivo tomaba las decisiones a priori y las
comunicaba al resto después, tarde y mal, sin posibilidad de enmienda alguna),
ganaba así quince días más de un necesario y conveniente estado de alarma, pero
a su vez evidenciaba su fragilidad, con reproches y críticas a su gestión por
parte de todos los grupos políticos, incluidos quienes a priori apoyaban su
decreto de prórroga de la alarma sin previas contrapartidas, y con el rechazo
contundente de quienes, absteniéndose o votando en contra, ya le anuncian que
esta será la última vez que, por activa o pasiva, permitirán nuevas prórrogas
de la alarma, esperando que el Gobierno presente el comprometido “Plan B” para
salir definitivamente de esta situación, constitucional pero de
excepcionalidad, tal como hacen otros gobiernos democráticos de nuestro
entorno. En democracia, especialmente si....... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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lunes, 4 de mayo de 2020
QUE NO ABRAN LOS NEGOCIOS
Justo cuando se conocen
los alarmantes datos económicos, vaticinando un descalabro sin precedentes de
la economía española y europea, y justo cuando los autónomos y Pymes necesitan
más ayuda que nunca (muy en especial, todos aquellos del sector turístico,
quienes, como nunca, requieren que alguien les dé cierta luz de esperanza para
un futuro mejor dentro de un horizonte muy negro), va Teresa Ribera, la
Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, y mete la pata echándoles
un intolerable jarro de agua fría que congela definitivamente sus aspiraciones
a una recuperación económica que se antoja tardía, difícil y complicada. En
efecto, justo cuando la economía global entra de lleno en una dimensión sólo
equiparable a la Gran Depresión de 1929 y, en el caso español, al escenario de
la Postguerra, la Vicepresidenta, ante las lógicas y justificadas quejas de los
hosteleros por las condiciones impuestas por el Gobierno para la desescalada y
gradual apertura de bares, restaurantes y hoteles (entre dichas condiciones la
imposición de una reducción de aforo que les impediría hacerlos rentables), les
sorprende, visiblemente enfadada, diciéndoles que “quien no se sienta cómodo,
que no abra” pues “no hay una obligación de abrir”, para después añadir que “en
España está costando entender que es importante responder unidos”, lo cual es
cierto….. pero comprensible con actitudes como las de la Vicepresidenta, que, en
sí mismas, debieran ser susceptibles de una destitución o una simple dimisión
del cargo. En fin, sin más comentarios, y, menos aún, cuando la EPA (Encuesta
de Población Activa) del primer trimestre de 2020, que sólo recoge quince días
del estado de alarma y del confinamiento, dibuja un sombrío panorama, nacional
y europeo, constatando que el PIB en España se desploma en el trimestre un 5´2%
(el derrumbe en toda la zona euro del 3´8% es incluso mayor que en la crisis de
2008) y augurando que podría caer hasta el 20% en junio, lo que destroza las
peores previsiones. Entretanto, Lagarde anticipa una recesión “sin equivalente
en tiempos de paz” y el BCE da barra libre a la banca para que fluya el
crédito, mientras el Gobierno español reconoce ante la UE la mayor recesión en
75 años, la mayor caída de la historia, y asume que la financiación que llegue
desde Bruselas tendrá condiciones para España, calculando que se tardará al
menos dos años en superar la crisis, pues un fuerte rebote en 2021 no
compensaría la prevista caída del PIB del 9´2% y la destrucción de unos dos
millones de empleos, con lo que ya se vaticina que España acudirá al Fondo
Europeo de Desempleo para pagar 7´2 millones de prestaciones. Así las cosas, el
Gobierno de Sánchez, resignado a no volver al nivel de precrisis hasta 2022,
asume el colapso y envía un plan presupuestario a Bruselas pronosticando que la
deuda alcance el 115´5% y que 900.000 personas pierdan su empleo este año, e
improvisa una “V asimétrica” para maquillar la salida de la crisis, cuando bien
podría ser en U, mientras Montero anuncia que no bajará el sueldo a los funcionarios,
mientras los parados reales llegarán a diez millones y mientras los sindicatos
presionan a la patronal para financiar la avalancha de ERTEs. Eso sí, Sánchez,
siendo el gobernante con menos apoyos parlamentarios y, paradójicamente, con
más poder, gracias al prolongado estado de alarma, no tiene reparo alguno en
enviar a Bruselas sus cuentas con más déficit, siendo el Ejecutivo con más
ministerios, mientras reclama solidaridad a sus socios europeos, sin reparar
que el desorbitado gasto que se avecina requiere de ciertos esfuerzos
presupuestarios, entre ellos, reducir por ejemplo, lo antes posible, el
mastodóntico entramado político-institucional (no es de recibo que, en
semejantes circunstancias, tengamos el Ejecutivo con más ministerios de la
historia con el único fin de contentar a tirios y troyanos). Mientras tanto,
durante el estado de alarma se han triplicado las...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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jueves, 30 de abril de 2020
LA NUEVA NORMALIDAD
Sánchez anuncia su “plan
de desescalada” para conseguir su “nueva normalidad” a la que se llegaría tras
cuatro fases comprendidas entre el 4 de mayo y finales de junio; un plan
establecido sin acuerdo alguno ni con la oposición ni con las CCAA, ni con los
agentes sociales y económicos, por lo que, de entrada, tanto el PP como los
nacionalistas se desmarcan del mismo en medio de bastantes críticas por parte
de los demás agentes. El anunciado plan, decidido unilateralmente por el Gobierno,
se aplicará por provincias e islas a distinto ritmo, con lo que cada
demarcación irá avanzando (o no) para superar cada fase y poder pasar a la
siguiente, siempre que consiga una serie de criterios establecidos o parámetros
como, entre otros, camas libres de UCI, tasa de contagios, etc etc. Así, cada
una de las fases de dos semanas de duración, tendrá un nivel y posibilitará el
alcance de un disfrute diferente dentro del confinamiento. En líneas generales
para la primera fase, o fase 0, que abarcará del 4 al 10 de mayo, se permitirá,
entre otras cosas, paseos, peluquerías con cita y bares con comida para llevar;
para la fase 1, del 11 al 24 de mayo, apertura de terrazas e iglesias con aforo
limitado a un tercio del normal; para la fase 2, del 25 de mayo al 7 de junio,
centros comerciales, teatros y futbol a puerta cerrada; y para la fase 3, del 8
al 21 de junio, playas, discotecas y transporte público al 100%. Un plan, en
definitiva, impreciso e inconcreto, que más bien parece una declaración de
intenciones, una especie de borrador, aceptable desde el punto de vista teórico
pero que, en la práctica, deja demasiadas incertidumbres, preocupaciones y
contradicciones desde el inicio, entre ellas que, salvo cuatro islas
(Formentera, Hierro, Gomera y La Graciosa), que superan los parámetros de la
fase cero e iniciarán el itinerario desde la fase uno, todo el resto de
territorios inicie el plan de desescalada desde el nivel cero cuando hay
lugares que, como dichas islas, cuentan con idéntico nivel para iniciarlo desde
el nivel uno, y cuando incluso hay siete CCAA (Extremadura, Murcia, Valencia,
Canarias, Andalucía, Asturias y Baleares) que ya reúnen las condiciones para
iniciar el desconfinamiento desde la fase uno, pero se ven obligadas a
iniciarlo desde el mismo nivel cero que las restantes, cuando algunas de éstas
(especialmente Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla-León) incumplen
los parámetros incluso para iniciar la fase cero, si nos atenemos a la tasa
actual de letalidad o de infección. Otros asuntos del plan en discusión son la
demarcación provincial (el Gobierno hasta se abre ya a cambiar las provincias
por áreas sanitarias), la limitación de la movilidad a la provincia hasta la
última fase o el timorato proceso establecido para reactivar la economía con
condiciones insuficientes e inviables para lograr tan necesario objetivo. Todo
ello cuando se tiene la sensación de que, al no haberse hecho los deberes en
tiempo y forma, se pretende ahora cargar las tintas en evitar, como sea y al
precio que sea, un rebrote de la infección, cuando, siendo este objetivo muy
importante, lo esencial y lo que hay que garantizar es que, en caso de que
surja un rebrote (siempre posible salvo que toda la población estuviera
confinada eternamente y aislada en sus casas), se cuente con los medios
suficientes para controlarlo y erradicarlo lo antes posible, lo que requiere,
entre otras cosas un previo y concienzudo estudio de la situación de la
pandemia, que, lamentablemente, no se ha hecho en España, entre otras cosas por
la escasez de test (y otros materiales sanitarios), admitiendo por fin el Gobierno
que ha hecho menos test de los que dice al dar Sanidad, por vez primera, datos
precisos al respecto (pese a que Illa habló de 47.000 PCR diarias, en diez días
habrían aumentado sólo en 100.000), mientras a la OCDE se daba un dato inflado
(incluyendo todo tipo de test y no sólo los PCR), con lo que situaba a España
entre los mejores países, el octavo, para, resuelto, el entuerto, tener que
bajarla al lugar decimoséptimo. Al final,....... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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