Iniciada oficialmente la
campaña electoral, la más corta de toda la historia democrática de España tras
una larga precampaña insoportable, la Junta Electoral abre expediente a Pedro
Sánchez por “electoralismo” y dictaminará si fue correcto o no el uso de
salones de La Moncloa para una entrevista, mientras arrasa en la red un
movimiento pro abstención que achacan al PP, aunque Casado lo desmiente de
forma tajante. Y es que los sondeos, salvo que los españoles lo remedien a la
hora de la verdad, apuntan a un empate técnico entre el bloque de izquierda y el
de derecha (con un resultado aproximado, arriba o abajo, de unos 155 escaños
cada uno), lo que, teniendo en cuenta lo mal avenidos que están internamente
entre ellos los miembros de cada bloque, hace inevitable que el bloqueo
político quede como telón de fondo en este maquiavélico juego del nuevo bipartidismo
bloquista que, de seguir así, nos llevaría al caos inevitablemente. En efecto,
la Junta Electoral, por primea vez desde 1977, expedienta al Presidente en
funciones y candidato socialista y propone sancionarlo, junto a la portavoz del
Gobierno, por vulnerar “el principio de neutralidad” y utilizar el palacio de
Moncloa para una entrevista “electoralista”, lo que no extraña a nadie, dadas
las aficiones de Sánchez a usar su cargo descaradamente con fines electorales,
como los ya famosos Consejos de Ministros con sus decretazos sorprendentes. En
todo caso, al margen de triquiñuelas poco edificantes desde el punto de vista
democrático, lo cierto es que ya está en marcha la campaña que habrá de buscar
el desbloqueo político-institucional pues PSOE y PP, como presuntos partidos
más votados, están obligados, más que el resto de partidos, a evitar otro
indecente bloqueo, por lo que ya en Ferraz admiten que, si se cumplen los
vaticinios demoscópicos, la abstención de Casado es la única opción y en Génova
avisan de que “nada es gratis”, aunque, de entrada, el primer debate televisivo
de los portavoces deja patente el bloqueo político, mientras Sánchez descarta
la gran coalición con el PP y apremia a Podemos a que diga si una vez más va a
impedir que haya un gobierno progresista e Iglesias responde que no le dará
ningún “voto gratis” y, por su parte, Casado azuza el temor a un nuevo
“gobierno Frankenstein”, dado que, de nuevo, la suma PSOE-UPodemos-Más País no
llegaría a ser suficiente y requeriría del apoyo de fuerzas soberanistas, en
tanto que Rivera pide ser la llave del Ejecutivo para impulsar reformas y
Carolina Bescansa, desde Más País, manifiesta “echo mucho de menos el Podemos
que fundamos”. La cruda realidad es que, según el último tracking electoral los
resultados serían PSOE 27´5% de votos y 120 escaños, PP 20´6% y 94, Vox 13´4% y
44, UPodemos 13´5% y 36, Ciudadanos 8´9% y 16, ERC 4% y 15, PNV 1´4% y 6, JxCat
1´2% y 4, Más País 3´9% y 3, y Otros 5´6% y 12; en definitiva 159 escaños para
la izquierda y 154 para la derecha). Y, según el sondeo de 40dB, el PSOE
obtendría el 27´3% de votos y 121 escaños, el PP el 21´2% y 91, Vox el 13´7% y
46, UPodemos 12´4% y 31, Ciudadanos 8´3% y 14, Más País 4´4% y 5, y Navarra
Suma conseguiría dos escaños; en definitiva 157 diputados para la izquierda y
153 para la derecha. En ambos casos,...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 3 de noviembre de 2019
miércoles, 30 de octubre de 2019
CONTRA TORRA SÍ SE PUEDE ACTUAR
Carmen Calvo, haciendo
gala de sus pintorescas declaraciones, como la ya famosa de que “el dinero
público no es de nadie”, remata ahora diciendo (con la que está cayendo) que
“contra Torra no se puede actuar, el brochazo gordo no existe”, cuando Torra,
como cualquier otro ciudadano o como cualquier otro gobernante, incluida ella
misma, es susceptible de ser llevado a los tribunales y en caso de probarse una
conducta delictiva ser inhabilitado o condenado a penas incluso superiores como
le sucede a sus compañeros de juegos peligrosos secesionistas, los anteriores
mandatarios de la Generalitat que le precedieron. Pero, en todo caso, cuando
alguien como Torra se mueve entre la fina línea que separa lo legal de lo ilegal
y desafía descaradamente al Estado, no procede que una Vicepresidenta del
Gobierno de España diga públicamente semejante improcedencia ya que debiera
hacer todo lo contrario y advertirle que de seguir así tendrá que afrontar las
responsabilidades que sus irresponsables conductas acarrean. Por tanto la
señora Calvo debiera entender que contra Torra sí se puede actuar, pues ya sólo
bastaría que desde el Gobierno se le concediera una especie de patente de corso
para que siga actuando como a él le parezca oportuno y de forma impune.
Entretanto el constitucionalismo sale a la calle en Barcelona para exigir el
fin del ilegal “procés”, cada vez más violento y envalentonado, y con
participación de PSOE (el partido de Calvo), PP y Cs (y la adhesión de Vox)
rechaza la violencia, no condenada por Torra (cuando no, alentada por él) y
pide elecciones autonómicas ya, contrastando con la no participación de
UPodemos y sus corrientes territoriales en dicha multitudinaria marcha
constitucionalista, festiva y pacífica, convocada por Sociedad Civil Catalana y
silenciada vilmente por el secesionismo, al extremo de que los CDR intentaron
boicotearla en todo momento, y con un PSC en el centro de las críticas del
resto de partidos que secundaron la protesta. Por su parte la Audiencia
descubre que los CDR reportaban a Puigdemont, pues, según el análisis de las conversaciones
intervenidas a los radicales detenidos, consultaban su estrategia con el ex
president huido de España, mientras la Fiscalía belga pide que sea entregado a
las autoridades españolas para ser juzgado por los delitos de sedición y
malversación de caudales públicos, que daría lugar a una vía libre para la
vuelta a nuestro país del resto de fugados del procés, entre los que Anna
Gabriel, Meritxell Serret y Lluis Puig sólo podrían ser acusados de
desobediencia y no irían a prisión. Y mientras el Rey Felipe, en la
inauguración del Congreso de Empresa Familiar en Murcia, manifiesta ante los
empresarios (que le alertan del “peligro” de la imagen de Cataluña en estos
últimos tiempos) que “es peligroso que Cataluña proyecte esa imagen de
violencia”, la presidenta de la ANC incluso defiende que la violencia “hace
visible el conflicto”, justificándola así de alguna manera al dar visibilidad
al ilegal “procés”, en tanto que en ERC se desata una guerra interna ya que
Aragonés, Torrent y Tardá luchan por hacerse con el poder tras la sucesión de
Junqueras. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el......(sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 27 de octubre de 2019
EXHUMACIÓN….Y PUNTO
En plena precampaña
electoral y en plena efervescencia del secesionismo más radical y totalitario
se cuela la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los
Caídos y su inhumación posterior en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo,
desatando absurdamente filias y fobias cuando debiera tratarse de un acto con
absoluta normalidad en cumplimiento de una decisión del Congreso de los
Diputados sin ningún voto en contra y con los parabienes del Poder Judicial,
correspondiendo al Ejecutivo de turno llevarlo a cabo. Así debiera haber sido
si nadie, absolutamente nadie, hubiera entendido que podría obtener réditos
electorales con el asunto, en una sociedad en la que el 64% de los votos que
irán a las urnas el 10-N es postfranquista, pues la mayoría del censo electoral
no había nacido o tenía menos de quince años cuando el dictador murió
tranquilamente en su cama sin haber sido derrocado (una de las grandes
diferencias si lo comparamos con otros dictadores como Hitler o Mussolini,
entre otros) y, por tanto, con sus partidarios en plena vigencia, entre ellos
buena parte del Ejército de entonces. Dicen los expertos que PSOE y Vox serán
quienes más rédito electoral saquen del asunto; yo no lo sé, pero sí sé que es
una indecencia y una irresponsabilidad resucitar con fines electorales los
fantasmas de uno u otro bando después de más de cuarenta años y, más aún,
enturbiar y desacreditar el complejo periodo conocido como La Transición,
reconocido como modélico en su momento por todas las instancias nacionales e
internacionales, que dio paso de una dictadura a una democracia sin
derramamiento de sangre, gracias a un dificilísimo esfuerzo de consenso en el
que tirios y troyano tuvieron que dejarse muchos pelos en la gatera renunciando
a muchos objetivos en favor del supremo fin de que los españoles vivieran
libremente y en convivencia pacífica. Y es precisamente en este consolidado
escenario democrático, surgido de la Transición, cuando se dan ahora todas las
condiciones para exhumar los restos del dictador….y punto. La anomalía está en
el uso partidario que cada quien quiera hacer, incluso arremetiendo contra
aquel loable espíritu de reconciliación que hicieron sus padres y abuelos para
que hoy gocemos de las mayores cotas de libertad, paz y progreso de toda
nuestra historia. Por ello sobran los homenajes al dictador por parte de algunos
nostálgicos y sobran declaraciones sobredimensionadas y rimbombantes como que
con la exhumación “se pone fin a una afrenta moral” o se “empieza a dignificar”
la democracia y cosas por el estilo, que implícitamente suponen el descredito
de un sistema democrático, homologable con los del resto de Europa, y del
ingente esfuerzo de quienes en los años setenta hicieron posible conseguirlo.
Por ello toda la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, por unas u
otras razones, tachan al Gobierno de Sánchez de “electoralismo”, pues sus
previos anuncios gubernamentales de discreción para la exhumación no encajan
con las varias horas de ceremonia en directo en la televisión pública, ni con
los 500 periodistas acreditados para el evento, dando lugar a que la Junta
Electoral avisara de que Sánchez no puede “patrimonializarla” ni “exhibirla
como un logro”. Y es que, al final, el Gobierno decidió convertir el traslado
en un espectáculo mediático televisado lo que ha provocado una..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 23 de octubre de 2019
MENTIRAS PELIGROSAS
Cuando se vierten
mentiras reiterada y contundentemente sin que recíprocamente nadie las
desmienta de forma reiterada y contundente en cada uno de los momentos en que
se producen, se corre el riesgo de que dichas mentiras calen como verdades
indiscutibles entre el común de los mortales y de que, convertidas en mentiras
peligrosas, distorsionen la realidad de tal forma que para muchos sea casi
imposible reconocerla y, por tanto, hacer muy complicado actuar sobre ella con
sentido común para mejorarla de forma sensata y razonable. Son mentiras
peligrosas, instaladas intencionadamente en la sociedad, sobre las que se
construye un demagógico entramado ideológico-político para justificar
cínicamente lo injustificable y así recabar el respaldo de buen número de
ciudadanos que de buena fe asimilan semejantes falsedades como realidades indiscutidas
e indiscutibles. Es lo que sucede, por ejemplo, en Cataluña, que jamás tuvo
rango histórico de Estado independiente, pero que utilizan para justificar la
pretendida secesión de España, donde ni cabe el derecho de autodeterminación,
acotado para situaciones coloniales o, en todo caso, para poblaciones sometidas
a regímenes dictatoriales, que no es el caso; ni cabe el manido e inexistente
“derecho a decidir”, ilimitado e infinito, cuando universalmente queda limitado
en todas las democracias a las reglas de juego constitucionales establecidas, y
los catalanes, como el resto de españoles, lo ejercieron obviamente en el
referéndum para aprobar la Constitución y lo siguen ejerciendo en cada uno de
los comicios generales, autonómicos o locales que periódicamente se convocan;
ni existe un Estado represor, España, del que Cataluña forma parte desde hace
siglos, donde se goza de grandes cotas de libertad y autogobierno, casi
similares a los modelos de Estados Federales; ni existen presos políticos por
sus ideas, sino políticos presos por haber cometido delitos de distinta índole
y gravedad; ni una España que les roba, cuando los ladrones están precisamente
entre los gobernantes que venden semejante embuste…. En definitiva, una serie
de mentiras peligrosas, inculcadas a una parte de los catalanes y no a todo el
pueblo (aunque los propagadores hablen en nombre del mismo en su totalidad), que
finalmente están provocando la fractura de la sociedad catalana y de la
convivencia en paz y libertad, como se ha evidenciado en estos pasados días con
escenarios de guerrilla urbana en las calles de Barcelona, donde la violencia
ha campado a sus anchas y el pillaje en las tiendas y los destrozos de todo
tipo han sido moneda común durante toda una semana (y las que vendrán si no se
pone remedio lo antes posible). Y todo ello sustentado en el rechazo a una
sentencia del Tribunal Supremo, que los promotores de la barbarie consideran
venganza en vez de justicia (otra mentira peligrosa), mientras ya hay partidos
políticos que se plantean amnistías, indultos y desorbitados beneficios
penitenciarios para los políticos presos que han cometido los graves delitos
probados de sedición, malversación de caudales y desobediencia, cuando su
obligación, como gobernantes y líderes sociales, debiera ser precisamente
perseguir y denunciar a quienes en un Estado de Derecho Democrático cometen
semejantes desmanes. Al final, si estas graves...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 20 de octubre de 2019
VIOLENCIA INTOLERABLE
Dicen que una imagen
vale más que cien palabras y basta ver las imágenes en televisión para saber
que la violencia extrema desatada en Cataluña, especialmente en Barcelona,
durante toda esta semana es intolerable e inaceptable en cualquier Estado de
Derecho democrático, salvo que dicho Estado esté abocado a convertirse en un
Estado fallido. No en vano, para evitarlo, el Estado, a través de sus
instituciones, cuenta con el monopolio del ejercicio de la fuerza para
garantizar el orden público y los derechos y libertades de todos sus
ciudadanos…..y en este caso la responsabilidad recae en primera instancia en la
Generalitat de Catalunya y, en caso contrario, en el Gobierno de España,
garante en definitiva del orden público y de los derechos y libertades de todos
los españoles, incluidos los catalanes. Por ello no se entiende que Torra, más
cercano a quienes promueven la violencia que a quienes defienden la paz y la
convivencia democrática, siga al frente del Govern, y por eso, cada día que
pasa, se va entendiendo menos que Sánchez no haya tomado ya medidas
excepcionales, que la Constitución y la legalidad vigente pone en sus manos,
para atajar una situación excepcional de violencia extrema que campa a sus
anchas por las calles de Barcelona. Si tras los primeros graves disturbios el
Presidente Sánchez salió a la palestra garantizando ante la violencia “firmeza,
unidad y moderación”, exigiendo a Torra que rectificara y, al menos, condenara
la violencia (lo que el President hizo al final, tímidamente y a regañadientes),
y declarando que el Gobierno de España “garantiza el derecho de manifestación
pacífica en Cataluña” y que la Policía y los Mossos “defienden la legalidad
constitucional y estatutaria”……pasados varios días, con la violencia “in
crescendo”, es obvio que la garantía del Presidente queda en aguas de borrajas
y llama la atención que no haya tomado ya medidas contundentes para atajar
semejante caos de convivencia, tal como le piden los partidos de la oposición.
Es incomprensible que, ante un ataque secesionista al Estado, el Gobierno
bendiga las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduzca la violencia a
grupos minoritarios y evite comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la Ley
de Seguridad Nacional para combatir eficazmente esta peligrosa escalada de
violencia promovida por el Govern de Catalunya, mientras Torra, junto al ex
lehendakari Ibarretxe, se suma a las marchas cortando la AP-7 a la altura de
Gerona, y mientras Barcelona se convierte en un infierno diario cada vez más
insoportable con barricadas incendiarias, coches y contenedores quemados,
vallas arrancadas, lanzamiento de objetos y ácido contra los mossos, destrucción
de enseres públicos y privados, cortes de carreteras y calles…..y otras
lindezas por el estilo. Es incomprensible que (si todas estas cosas sucedían ya
en la tercera jornada de graves disturbios, con un Torra encabezando las
protestas, cuando es el máximo responsable de los Mossos, y negándose a
condenar los actos violentos, que achaca cínicamente a “infiltrados” y a
“grupos violentos”) Sánchez, como Presidente de Gobierno, respondiera a Casado
y Rivera que “la moderación es fortaleza”, cuando el líder del PP le
recriminaba su “imprevisión” ante lo que iba a ocurrir y el líder de Ciudadanos
le exigiera el cese del “pirómano” Torra, y ambos le pidieran la aplicación ya
de la Ley de Seguridad Nacional o la del artículo 155 de la Constitución, así
como que el PSC rompa con los separatistas en las más de cuarenta instituciones
que cogobiernan. Y es lógico y comprensible que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 16 de octubre de 2019
RESPETO Y ACATAMIENTO
Al margen de tecnicismos
jurídicos o de intereses políticos de cada uno de los diversos partidos y sin
menoscabo de las pertinentes críticas, razonadas y razonables, que se puedan
hacer, en cualquier Estado de Derecho democrático es esencial el respeto y
acatamiento a las sentencias judiciales firmes, como garantía inequívoca de la
convivencia en paz y libertad de sus ciudadanos. Este requisito es la línea
roja que separa la democracia del totalitarismo, la civilización de la barbarie
y, por tanto, la garantía de sus libertades, que no son ni pueden ser
infinitas, sino que han de estar acotadas por el marco legal democrático
establecido, pues lo contrario sería el caos. Pues bien, en el Estado de
Derecho democrático español parece ser que las cosas no son así de forma clara
y contundente a tenor de lo que está sucediendo tras el fallo del Tribunal
Supremo, que condena a los líderes del “procés” por delitos de sedición,
malversación y desobediencia, pues, si, con los matices que se quiera, los
partidos constitucionalistas en general sí respetan y acatan la sentencia, los
partidos totalitarios y del entorno del secesionismo radical la consideran no
como “justicia”, sino como “venganza”, tras haber anunciado previamente que
sólo acatarían el fallo si fuese “absolutorio” (una forma pintoresca de entender
la justicia) y, como no ha sido así, han reaccionado sembrando de violencia las
calles de las capitales catalanas, especialmente Barcelona, como ya hicieran en
aquellos negros días del ilegal referéndum y la posterior declaración
unilateral de independencia. En efecto, el Alto Tribunal, aunque considera
probada la violencia ejercida en aquellos nefastos días, concluye, contra el
criterio de Fiscalía y en sintonía con la Abogacía del Estado (quien tras pedir
rebelión cambió su criterio a instancias del Gobierno de Sánchez), que “los
indiscutibles episodios de violencia” fueron insuficientes para probar el
delito de rebelión ya que para ello la violencia ha de ser “instrumental,
funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios” y además debe
servir “a los fines que animan la acción de los rebeldes”, por lo que les
condena, no por rebelión, sino por delitos probados de sedición, malversación o
desobediencia, y lo hace por unanimidad (el de rebelión, más discutible, que no
descartable, lo hubiera sido sólo por mayoría y con votos particulares de
algunos magistrados, que lo hubieran hecho más vulnerable ante instancias
superiores europeas o ante el Constitucional). Además considera, para mayor
benevolencia con los acusados, que usaron como “señuelo” la promesa de la
independencia, sabiendo que era imposible, con lo que reduce el “procés” a una
especie de “ensoñación” para “presionar” al Estado, concluyendo que no hubo
rebelión porque los líderes del 1-O en realidad no querían declarar la
independencia sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum (por cierto
ilegal) y zanja otras consideraciones con aplastante rotundidad al afirmar con
razón “no nos incumbe ofrecer soluciones políticas a un problema de raíces
históricas”. Así pues, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el
Supremo, ante las dudas razonables de no poder probar fehacientemente el delito
de rebelión tal como está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico
(prácticamente reducido al típico levantamiento militar armado y con violencia
y uso de la fuerza) opta por la unanimidad del delito de sedición,
meridianamente probado, con lo que el intento de golpe de estado queda reducido
a un “tumulto hostil” que perseguía presionar pero no derogar la Constitución,
mediante una declaración de independencia irreal “simbólica e ineficaz” que
desapareció al instante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los condenados se libran así de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 13 de octubre de 2019
UN OTOÑO COMPLICADO
Nadie duda de que los
españoles tendremos que enfrentarnos en los días próximos a retos históricos de
primera magnitud que convierte este otoño en un periodo complicado ya que, en
buena parte, el futuro inmediato de nuestro país dependerá del desenlace de los
mismos. La inminente sentencia por el intento de golpe de Estado en Cataluña,
la inminente exhumación del dictador Franco y unas elecciones generales que
desatasquen la gobernabilidad del Estado tras un peligroso bloqueo político-institucional,
y todo ello en un ambiente de amenaza de recesión económica, no sólo española
sino internacional, son problemas de suficiente entidad que exigen altas dosis
de responsabilidad por parte de nuestros políticos, pues de su forma de proceder
dependerá en buena medida el futuro inmediato de España, de su estabilidad
social, política y económica, así como de su consolidación democrática y
territorial. Y en este reto colectivo no valen regates cortos de conveniencias
partidistas, ni cálculos electoralistas para salir del paso con el objetivo de
ganar una batalla, las elecciones, pues el reto, el objetivo esencial, es ganar
la guerra que nos ha declarado el totalitarismo y para conseguirlo es necesario
que los ciudadanos pongan toda la carne en el asador, siendo implacables a la
hora de exigir la aplicación de la legalidad democrática vigente a quienes
actúan al margen de ella, según decidan los tribunales de Justicia; siendo
exigentes a la hora de desenmascarar el uso partidario con fines electoralistas
de lo que es y debe ser una adecuada aplicación de las reglas de juego
establecidas y, por tanto, un acierto de todos; y siendo inteligentes a la hora
de optar en las urnas por aquellos que con mayor nitidez aboguen por la defensa
del Estado de Derecho sin ambigüedades calculadas ni equidistancias entre
quienes defienden las reglas de juego democráticas que nos hemos dado y quienes
las desacatan, incluso desde las propias instituciones del Estado. No obstantes,
es bien fácil de entender: en el asunto de la sentencia del Supremo, guste más
o menos a unos u otros, sólo cabe acatarla con todas las consecuencias,
entendiendo que, como otras muchas sentencias sobre otros muchos asuntos, se
trata sencillamente, en caso de condena, de imponer el pertinente castigo a
delincuentes por delitos probados con todas las garantías procesales
establecidas; en el asunto de la exhumación de los restos de Franco, guste más
o menos a unos u otros, se trata sencillamente de aplicar una resolución del
Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, cuya ejecución compete al
Ejecutivo, siempre que lo haga, como es el caso, con absoluta sintonía con las
pertinentes resoluciones judiciales y con absoluta objetividad; y en el asunto
de las posteriores elecciones se trata sencillamente de estar atentos a las
propuestas de los distintos partidos políticos, a la viabilidad o no de las
mismas, y a las demagogias e incoherencias de sus respectivos líderes, con el
objetivo de ir a las urnas con el mayor conocimiento de causa para evitar
opciones poco deseables, aunque, en democracia, el pueblo es soberano y, por
tanto, dueño de sus errores y aciertos, pues, al fin y al cabo, es quien paga
luego las consecuencias. Ya ven, un otoño complicado, tras .... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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