Al margen de tecnicismos
jurídicos o de intereses políticos de cada uno de los diversos partidos y sin
menoscabo de las pertinentes críticas, razonadas y razonables, que se puedan
hacer, en cualquier Estado de Derecho democrático es esencial el respeto y
acatamiento a las sentencias judiciales firmes, como garantía inequívoca de la
convivencia en paz y libertad de sus ciudadanos. Este requisito es la línea
roja que separa la democracia del totalitarismo, la civilización de la barbarie
y, por tanto, la garantía de sus libertades, que no son ni pueden ser
infinitas, sino que han de estar acotadas por el marco legal democrático
establecido, pues lo contrario sería el caos. Pues bien, en el Estado de
Derecho democrático español parece ser que las cosas no son así de forma clara
y contundente a tenor de lo que está sucediendo tras el fallo del Tribunal
Supremo, que condena a los líderes del “procés” por delitos de sedición,
malversación y desobediencia, pues, si, con los matices que se quiera, los
partidos constitucionalistas en general sí respetan y acatan la sentencia, los
partidos totalitarios y del entorno del secesionismo radical la consideran no
como “justicia”, sino como “venganza”, tras haber anunciado previamente que
sólo acatarían el fallo si fuese “absolutorio” (una forma pintoresca de entender
la justicia) y, como no ha sido así, han reaccionado sembrando de violencia las
calles de las capitales catalanas, especialmente Barcelona, como ya hicieran en
aquellos negros días del ilegal referéndum y la posterior declaración
unilateral de independencia. En efecto, el Alto Tribunal, aunque considera
probada la violencia ejercida en aquellos nefastos días, concluye, contra el
criterio de Fiscalía y en sintonía con la Abogacía del Estado (quien tras pedir
rebelión cambió su criterio a instancias del Gobierno de Sánchez), que “los
indiscutibles episodios de violencia” fueron insuficientes para probar el
delito de rebelión ya que para ello la violencia ha de ser “instrumental,
funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios” y además debe
servir “a los fines que animan la acción de los rebeldes”, por lo que les
condena, no por rebelión, sino por delitos probados de sedición, malversación o
desobediencia, y lo hace por unanimidad (el de rebelión, más discutible, que no
descartable, lo hubiera sido sólo por mayoría y con votos particulares de
algunos magistrados, que lo hubieran hecho más vulnerable ante instancias
superiores europeas o ante el Constitucional). Además considera, para mayor
benevolencia con los acusados, que usaron como “señuelo” la promesa de la
independencia, sabiendo que era imposible, con lo que reduce el “procés” a una
especie de “ensoñación” para “presionar” al Estado, concluyendo que no hubo
rebelión porque los líderes del 1-O en realidad no querían declarar la
independencia sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum (por cierto
ilegal) y zanja otras consideraciones con aplastante rotundidad al afirmar con
razón “no nos incumbe ofrecer soluciones políticas a un problema de raíces
históricas”. Así pues, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el
Supremo, ante las dudas razonables de no poder probar fehacientemente el delito
de rebelión tal como está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico
(prácticamente reducido al típico levantamiento militar armado y con violencia
y uso de la fuerza) opta por la unanimidad del delito de sedición,
meridianamente probado, con lo que el intento de golpe de estado queda reducido
a un “tumulto hostil” que perseguía presionar pero no derogar la Constitución,
mediante una declaración de independencia irreal “simbólica e ineficaz” que
desapareció al instante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los condenados se libran así de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 16 de octubre de 2019
domingo, 13 de octubre de 2019
UN OTOÑO COMPLICADO
Nadie duda de que los
españoles tendremos que enfrentarnos en los días próximos a retos históricos de
primera magnitud que convierte este otoño en un periodo complicado ya que, en
buena parte, el futuro inmediato de nuestro país dependerá del desenlace de los
mismos. La inminente sentencia por el intento de golpe de Estado en Cataluña,
la inminente exhumación del dictador Franco y unas elecciones generales que
desatasquen la gobernabilidad del Estado tras un peligroso bloqueo político-institucional,
y todo ello en un ambiente de amenaza de recesión económica, no sólo española
sino internacional, son problemas de suficiente entidad que exigen altas dosis
de responsabilidad por parte de nuestros políticos, pues de su forma de proceder
dependerá en buena medida el futuro inmediato de España, de su estabilidad
social, política y económica, así como de su consolidación democrática y
territorial. Y en este reto colectivo no valen regates cortos de conveniencias
partidistas, ni cálculos electoralistas para salir del paso con el objetivo de
ganar una batalla, las elecciones, pues el reto, el objetivo esencial, es ganar
la guerra que nos ha declarado el totalitarismo y para conseguirlo es necesario
que los ciudadanos pongan toda la carne en el asador, siendo implacables a la
hora de exigir la aplicación de la legalidad democrática vigente a quienes
actúan al margen de ella, según decidan los tribunales de Justicia; siendo
exigentes a la hora de desenmascarar el uso partidario con fines electoralistas
de lo que es y debe ser una adecuada aplicación de las reglas de juego
establecidas y, por tanto, un acierto de todos; y siendo inteligentes a la hora
de optar en las urnas por aquellos que con mayor nitidez aboguen por la defensa
del Estado de Derecho sin ambigüedades calculadas ni equidistancias entre
quienes defienden las reglas de juego democráticas que nos hemos dado y quienes
las desacatan, incluso desde las propias instituciones del Estado. No obstantes,
es bien fácil de entender: en el asunto de la sentencia del Supremo, guste más
o menos a unos u otros, sólo cabe acatarla con todas las consecuencias,
entendiendo que, como otras muchas sentencias sobre otros muchos asuntos, se
trata sencillamente, en caso de condena, de imponer el pertinente castigo a
delincuentes por delitos probados con todas las garantías procesales
establecidas; en el asunto de la exhumación de los restos de Franco, guste más
o menos a unos u otros, se trata sencillamente de aplicar una resolución del
Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, cuya ejecución compete al
Ejecutivo, siempre que lo haga, como es el caso, con absoluta sintonía con las
pertinentes resoluciones judiciales y con absoluta objetividad; y en el asunto
de las posteriores elecciones se trata sencillamente de estar atentos a las
propuestas de los distintos partidos políticos, a la viabilidad o no de las
mismas, y a las demagogias e incoherencias de sus respectivos líderes, con el
objetivo de ir a las urnas con el mayor conocimiento de causa para evitar
opciones poco deseables, aunque, en democracia, el pueblo es soberano y, por
tanto, dueño de sus errores y aciertos, pues, al fin y al cabo, es quien paga
luego las consecuencias. Ya ven, un otoño complicado, tras .... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 9 de octubre de 2019
VOLVER AL CONSTITUCIONALISMO
Mientras el
independentismo se prepara para bloquear Cataluña ante la inminente sentencia
del Supremo sobre el ilegal “procés” y mientras los Mossos, en esta ocasión,
garantizan su obediencia a jueces y fiscales, Interior confía en el despliegue
preparado por la policía catalana, aunque, si desobedecen otra vez, prevé
sustituir a 5.000 mossos mediante un plan de la Guardia Civil que contempla un
relevo de mandos “en bloque” y de forma “militarizada” en caso extremo o limitar
el operativo a supervisarlos sin removerlos en caso contrario. Y no es para
menos, pues el secesionismo radical inclinado a ejercer la violencia ya ha
creado una organización a la sombra, Tsunami Democratic (por si no fueran
suficientes los violentos CDR), como organización a la sombra y sin líderes
visibles con el objetivo de responder en la calle a la sentencia del procés
salvo que ésta sea absolutoria. Entretanto, Ciudadanos, ante la patética y
peligrosa imagen de Torra en el Parlament aplaudiendo a los violentos y
defendiendo la puesta en libertad de los nueve miembros de los CDR acusados de
preparar actos violentos de cariz terrorista, decide interponer una moción de
censura contra Torra que es rechazada por la mayoría de opciones secesionistas
en la Cámara catalana, en sintonía con los populistas podemitas de Ada Colau y
con la sorprendente abstención de los socialistas del PSC, por lo que tanto
Ciudadanos, como el PP, únicos valedores de dicha moción de censura ven a Iceta
como “cómplice” por no apoyarles contra Torra ante el apoyo de éste a los
encarcelados y acusan a los socialistas de romper el bloque constitucionalista,
mientras les piden que “vuelvan al constitucionalismo” y dejen de ser cómplices
de un president que “jalea y ampara a los violentos”. El Parlament catalán, con
mayoría secesionista, ve así reforzada su postura en favor del secesionismo y
de los conatos de violencia para lograrlo, con el respaldo de los comunes
podemitas, que se suman al rechazo a la moción de censura, y la impresentable
abstención del PSC que, una vez más, se pone de perfil ante hechos
intrínsecamente rechazables desde el punto de vista democrático. Un grave y
peligroso error ya que los partidos de ámbito nacional español, nítidamente
democráticos y, por tanto, constitucionalistas, no pueden tener un doble
discurso de ámbito nacional o territorial, como suele hacer Podemos, al que
ahora se suma peligrosamente el PSOE de Sánchez con su nacional-socialista
propuesta del PSC de Iceta, pues el rechazo al totalitarismo y a la violencia
debe ser unánime por parte de los partidos constitucionalistas en todo momento,
tiempo y lugar, sin reservas ni escusas. Y, en asunto tan trascendente, tanto
Podemos como el PSOE tienen la obligación de dejar bien claro si están por la
defensa de la Constitución Española en todo momento y lugar, frente a quienes
actúan contra el entramado legal democrático emanado de la misma o si, por el
contrario, sólo lo están cuándo y dónde les conviene electoralmente. Así pasa
luego lo que pasa y, de entrada, Defensa no celebrará por primera vez el 12 de
Octubre en Cataluña siendo la Fiesta Nacional, que todos los países celebran
con orgullo en la integridad de sus territorios, pues en su agenda no había
programado ningún acto, aunque ayer improvisó actividades menores a partir de
la semana del 16, mientras Sánchez..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 6 de octubre de 2019
DEL BLOQUEÍSMO AL PACTISMO
No sabemos si por
razones estratégicas electoralistas o por mera responsabilidad política, lo
cierto es que en esta precampaña electoral, a diferencia de las dos anteriores,
los maestros del bloqueísmo político, Sánchez y Rivera, parece que se alejan de
los vetos previos en campaña y dan esperanza a que tras las elecciones se pueda
pactar un gobierno sólido y viable que saque a España de este laberinto de
desgobierno congénito en que nuestros líderes políticos nos han metido, pues la
realidad es que, desde que Sánchez se inventara su tozudo bloqueo con aquel “no
es no” a Rajoy, instaurando el bloqueísmo (su bandera indiscutible para hacerse
con el liderazgo en el PSOE y para ganar después la moción de censura), y
después Rivera hiciese lo propio con su famoso veto posterior a Sánchez en la
pasada campaña electoral, no levantamos cabeza por muchas veces que sus
caprichosas decisiones nos obliguen a ir a las urnas cada dos por tres. En
política, a la vista está, ni es sano ni conveniente bloquear o vetar a nadie,
menos previamente, y, mucho menos, si los bloqueos o vetos se dan entre quienes
andan próximos ideológicamente en términos de izquierda-derecha dentro del
espectro democrático. De haberlo hecho así, ya tendríamos un gobierno
PSOE-Ciudadanos, tal como dijeron las urnas en las pasadas elecciones, pues
entre ambos partidos tenían mayoría absoluta, frente a la entelequia diseñada
por Sánchez y Unidas Podemos de que los españoles querían un “gobierno progresista”
que, a la vista está, no ha sido posible por ninguna parte, pues la realidad es
que los gobiernos no son “progresistas o conservadores” por las caras de sus
miembros o porque alguien lo diga, sino por los programas y proyectos que éstos
sean capaces de pactar. Bienvenido pues, si es sincero, este tránsito del
bloqueísmo al pactismo que nos lleva a sintonizar con el resto de países de la
UE, donde los gobiernos de coalición son moneda de cambio. Así lo vemos muchos
y así lo ven, entre otros, Felipe González y Mariano Rajoy, pidiendo juntos
estabilidad aunque sea con una “coalición incómoda”, que permita superar el
bloqueo político y que PP y PSOE alcancen pactos en los temas fundamentales de
Estado, para sacar a España de la parálisis. Y así lo ve ahora Rivera, quien,
tras el desplome de su partido en los sondeos, ya no veta a Sánchez y cambia de
estrategia renunciando a liderar el centro-derecha y abriéndose a pactar con
los socialistas….aunque Sánchez, el incoherente por antonomasia, lo ve
“incoherente” y sostiene que “la única opción no aceptable es el bloqueo”
(entendiendo sencillamente el bloqueo como que no le apoyen a él y a su
gobierno monocolor si gana, aunque sea con mayoría insuficiente, cuando, en ese
caso, lo razonable y democrático, el desbloqueo, es gobernar en coalición con
un programa de Gobierno pactado), despreciando así una coalición, si fuera
precisa, con PP y Ciudadanos (ya despreció otra con UPodemos, que nos abocó a
estas elecciones), mientras Casado alerta de que “España no podría soportar
otra crisis con el socialismo en el poder”, añadiendo: “si ganamos,
desbloquearé el Gobierno, incluso con el PSOE”, “estamos en condiciones de ir a
un empate a corto plazo y luego, en la recta final, dar un vuelco a todas las
encuestas”, “si el PP está en el Gobierno, sortearemos la crisis y evitaremos
sus efectos catastróficos”, “entiendo que Vox compita con el PP, pero no que
ayude al PSOE…lo hará en 26 provincias donde no tiene opciones”. Y mientras
Iglesias sigue..... (continúa leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 2 de octubre de 2019
AHORA ESPAÑA O ESPAÑA SIEMPRE
En pleno segundo
aniversario del frustrado golpe de Estado del 1-0, en vísperas de la sentencia
del ilegal “procés” y tras la detención del comando de los CDR por presunto
terrorismo, es lógico que, estando en precampaña electoral, los partidos
políticos se posicionen ante un asunto que, sin lugar a dudas, será de vital
importancia el día 10-N, al extremo de que la defensa de España, que no debiera
estar en controversia entre partidos españoles, se convertirá sin duda en el
tema estrella de la campaña. Cuestión distinta es la credibilidad que, ante la
ciudadanía, pueda tener cada partido a tenor de su trayectoria política al
respecto, pues hechos son amores y no buenas razones. Curiosamente el primer
líder político que saca España a relucir en precampaña es Pedro Sánchez, quien
ya en 2015, durante el acto de su presentación por primera vez como candidato a
la Presidencia, se envolvió en una gigantesca bandera española en el escenario,
para luego ser aupado al poder en una moción de censura arropada por fuerzas
populistas y nacional-secesionistas, poco garantes cuando no contrarias de la
defensa de España, a las que tiene como preferentes aliados, y después, ya
desde Moncloa, mantener un esperpéntico e inútil diálogo de sordos con el
secesionismo más radicalizado de Torra y compañía, sin que estos renunciaran un
ápice a sus pretensiones totalitarias, exigencia que debiera ser básica por
parte de un gobernante para sentarse en cualquier mesa de negociación. Y ahora
de nuevo el impredecible Sánchez, amenazando con una especie de “o yo o el caos”,
manifiesta que “es la hora de la verdad: gobierno progresista o más bloqueo”,
dando por hecho que la componente “progresista” sólo es compatible con un
gobierno dirigido por él aunque sea con alianzas de populistas, nacionalista y
secesionistas, como ha venido buscando desde las últimas elecciones en que
consiguió ser el más votado, cuando estos dejan bastante que desear sobre el
progresismo político, aunque, como de lo que ahora se trata es de rebañar
votos, diga sobre Cataluña que “los independentistas deben dejar de inflamar a
los jóvenes; defenderé la Constitución sin vacilaciones”, sobre Podemos añada
que “un gobierno no puede ser una asamblea; no podían gestionar ministerios
para los que no están cualificados”; sobre Errejón manifieste que “su irrupción
es un fenómeno que sigo con respeto y distancia, una disputa entre los
fundadores de Podemos” y sobre la exhumación de los restos de Franco, sostenga
que “la dignidad de nuestra democracia exigía el traslado de los restos del
dictador, lo aprobó el Congreso”, para añadir a bombo y platillo en la
presentación de su lema de campaña “somos la izquierda que no se avergüenza de
la palabra España” y por ello su slogan será “Ahora Gobierno; ahora España”,
repitiendo la palabra España unas cuarenta veces durante la media hora que duró
su discurso, lo que sus contrincantes políticos han considerado como una
utilización electoralista del término, al extremo de que inmediatamente uno de
ellos...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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domingo, 29 de septiembre de 2019
ESPAÑA, ¿UN ESTADO FALLIDO?
Salvo que las distintas
instituciones y poderes del Estado español tomen las riendas para reconducir lo
antes posible la situación, podemos concluir que España está abocada a
convertirse en un Estado fallido, si es que ya no lo es, cuando se trata de uno
de los primeros Estados modernos europeos constituidos tras el ocaso de la Edad
Media. El tiempo para remediarlo se agota, tal como demuestran, entre otras
cosas, los últimos sucesos en Cataluña que, en la práctica, viene actuando a su
aire y contra la legalidad española vigente, que todos los españoles (incluidos
los catalanes) nos dimos en su día, y lo hace desde las propias instituciones
catalanas cuyos poderes emanan de la Constitución, que quieren finiquitar
definitivamente actuando al margen de ella. Es obvio que ningún Estado democrático
soporta tamañas afrentas que conducen al suicidio institucional colectivo y al
totalitarismo político más indecente. Sin embargo en España, tras la detención
y posterior puesta en prisión de varios miembros de los CDR, acusados de
presunto delito de terrorismo con fines secesionistas, el President Torra,
quien debiera ser el primero en defender la ley y en respetar la separación de
poderes del Estado, se pone de parte de los presuntos terroristas y carga en el
Parlament contra la democracia española a la que quiere destruir, jactándose
además de no retirar la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los
procesados por los graves acontecimientos del 1-O, verdadero golpe de Estado
institucional, mientras los secesionistas en el Parlament, extralimitándose en
sus funciones y competencias, retoman la vía de la desobediencia y en un bronco
pleno, en el que por denunciar que se ampare a los acusados de terrorismo es
expulsado Carrizosa, el portavoz de Ciudadanos, principal partido de la
oposición, aprueban, entre otras lindezas totalitarias, amparar a los acusados
por terrorismo y exigir su puesta en libertad, expulsar a la Guardia Civil de
Cataluña por “atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta” y avalar el uso
de la “desobediencia civil e institucional” contra el Tribunal Supremo cuando
éste está a punto de emitir la sentencia por el “procés”, con lo que la
insurrección se instala de nuevo impunemente en la Cámara Legislativa de
Cataluña. Además, cuando por fin la dichosa pancarta en favor de los presos del
1-O es retirada por orden judicial del balcón de la Generalitat por parte de
dos operarios, el totalitario Torra se burla de nuevo de la Justicia y coloca
una nueva pancarta, en este caso, apelando a la libertad de expresión, cuando,
como President de la Generalitat, él debiera haber sido el primero en cumplir
la resolución del TSJC. Todo un desafío infame e intolerable al Estado de Derecho
y, por tanto, a la Democracia, que esencialmente se ha de sustentar en el
respeto a la Ley, democráticamente establecida, que nos hace a todos iguales, y
en el acatamiento a las resoluciones de los tribunales de justicia, encargados
de juzgar las conductas delictivas con todas las garantías procesales para los
acusados como es el caso, así como en el estricto cumplimiento de las
competencias encargadas a las distintas instituciones del Estado en sus
diversos ámbitos territoriales o áreas de actuación encomendadas. Por
muchísimas menos motivos, en cualquier otro.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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miércoles, 25 de septiembre de 2019
JUGANDO CON FUEGO
O los partidos
genuinamente democráticos se ponen de acuerdo para defender el Estado
Democrático de Derecho por encima de sus legítimas diferencias
ideológico-programáticas, o los ciudadanos ponemos un rotundo rechazo en las
urnas contra aquellos que no lo hagan, o, en caso contrario, estamos avivando
un juego peligroso de consecuencias incalculables, ya que España lleva
demasiado tiempo jugando con fuego y, al final, corre un grave riesgo de acabar
quemándose en la hoguera de la intolerancia y el totalitarismo político. Y,
como ya estamos en precampaña electoral no estaría de más que los ciudadanos
empezásemos a defender de forma contundente nuestro sistema democrático, frente
a aquellos que, por activa o pasiva, andan tibios contra quienes quieren
imponernos por la ley de la fuerza su santa voluntad en contra de la legalidad
vigente que los españoles nos hemos dado, pues, en caso contrario, puede que
pronto sea demasiado tarde para enderezar el entuerto. Me refiero concretamente
al pulso nacional-secesionista “in crescendo”, alentado desde las propias instituciones
democráticas y acogido con cierta tolerancia por algunos partidos políticos, de
ámbito territorial o nacional, que se dicen democráticos. El último episodio,
en vísperas de la inminente sentencia de los líderes del ilegal “procés”, es
elocuente, pues, después de más de un año de investigación por parte de la
Guardia Civil, como es su obligación, un juez detiene por terrorismo a nueve
miembros de los Comités de Defensa de la República (los violentos y totalitarios
CDR), que escondían material para fabricar explosivos y planeaban atentar en
octubre, y Torra, máximo representante del Estado en Cataluña, en vez de apoyar
dicha investigación para esclarecer los hechos, como sería su deber, lamenta la
“represión” contra este presunto terrorismo catalán, denunciando que se trata
de un acto de “represión del Estado”, después de que él mismo instara hace un
año a los CDR a “apretar” su presión al mismo. Según todos los indicios, los
nueve detenidos de los CDR (siete de ellos han sido trasladados a Madrid para
comparecer ante la Audiencia Nacional y dos han quedado en libertad con cargos)
planeaban atentar con explosivos contra un cuartel de la Guardia Civil, del que
tenían planos, y contra el Parlament tras la sentencia del 1-O, y habían
protegido un encuentro secreto del Govern con emisarios de los golpistas
fugados (el cabecilla de ellos, Puigdemont). Por su parte JxC y ERC exigen
cínicamente la comparecencia del Ministro de Interior por esta “operación opaca
y criminalizadora contra el independentismo”, cuando las escuchas revelan un
plan “avanzado”, como respuesta a la sentencia sobre el 1-O, que, en todo caso,
se estaría investigando, mientras la Generalitat, en vez de apostar para que se
esclarezcan los hechos, denuncia de forma indecente acoso a la ideología
secesionista y evita condenar la violencia ejercida por estos concretos
energúmenos totalitarios para imponerla al margen de la ley. Y, mientras
Sánchez Llibre impulsa las..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
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