CATALUÑA, HACIA EL CAOS FINAL

                        Sin lugar a dudas el golpe de Estado protagonizado por el Govern de Cataluña nos conduce inevitablemente hacia el caos final de forma vertiginosa, pues, pase lo que pase el 1-O, se celebre o no el ilegal referéndum, la fractura social en Cataluña ya es inevitable, lo que obviamente tiene sus repercusiones en el resto de España. A los independentistas catalanes, acostumbrados a saltarse impunemente la ley sin que nadie apechugue después con sus responsabilidades, poco les importa ahora que el Fiscal haya citado como imputados, para que respondan ante la Justicia, a 712 alcaldes, dispuestos a ceder locales municipales para la ilegal consulta, con la orden de detención si desobedecen, ni las querellas interpuestas contra Forcadell, Junqueras o Puigdemont y demás miembros de su gobierno, pues desde hace años nadie ha parado su progresiva deriva totalitaria y ahora consideran que nadie podrá parar su golpe definitivo al Estado de Derecho. De entrada la CUP, fiel a su permanente desafío al Estado de Derecho, advierte de que sus alcaldes, apoyados incomprensiblemente por otras fuerzas políticas supuestamente democráticas y no antisistema como son ellos (nadie entendería estos apoyos si se tratara de totalitarios de la extrema derecha), no acudirán a la cita del Fiscal, mientras pone en marcha su campaña electoral de la ilegal consulta animando a la gente a votar “con una sonrisa revolucionaria”. Por su parte Ada Colau, por si algunos tenían alguna duda, sale de su indefinición y decide finalmente que en Barcelona sí se pondrán recintos municipales al servicio de la ilegal consulta, permitiendo a la Generalitat el control de los colegios y diciendo que ella sí irá a votar; es más, lo hace eludiendo su propia responsabilidad y poniendo a buen recaudo su suculento sueldo como alcaldesa, pues, tras pactar con la Generalitat, la Consejera de Enseñanza comunica a la alcaldesa que asume el control de 296 centros escolares desde ahora autoproclamándose como presidenta del Consorcio que gestiona las escuelas e institutos públicos en Barcelona, participado al 60% por la Generalitat y al 40% por el Ayuntamiento, con lo que Colau, aceptando dicha treta no asumiría en principio ninguna responsabilidad y además tiene la desfachatez de afirmar que así evita la cesión de espacios municipales (donde sí se pondrán urnas) “para no poner en riesgo la institución”, desautorizando descaradamente al PSC que la apoya como alcaldesa. Y, rematando la faena, mientras hasta el mismísimo Rosell indigna a la CEOE, la patronal que preside, diciendo que “hay espacios entre sumisión total e independencia”, el Gobierno de Cataluña se instala descaradamente en la desobediencia al enviar Junqueras una carta a Rajoy negándose a rendir cuentas a Montoro, mientras que con Puigdemont, sin que el Gobierno de España lo impida, celebran en la Plaza de Toros de Tarragona un acto unitario independentista para abrir la ilegal campaña electoral, pese a la advertencia del Gobierno de que se incurriría en un delito, donde el President, ante miles de seguidores soberanistas (la plaza se llenó con creces), asegura que el prohibido referéndum ilegal se hará y entre un... (sigue leyendo en

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PRESIDENT, DEJE EN PAZ A LOS ALCALDES

                        De todo lo acontecido en la celebración de la Diada, que algunos califican como “de la división” (ya hay algunas otras que podrían calificarse como tales), me voy a quedar con la frase que la alcaldesa socialista de Hospitalet, Nuria Marín, le dijo a Puigdemont: “President, deje en paz a los alcaldes”. Y me quedo con la frase por su oportunidad ya que, siendo los alcaldes los gobernantes más cercanos y directos al pueblo, están siendo objeto de acoso intolerable por parte del Govern de Cataluña y por grupos callejeros exaltados de afines al independentismo ilegal que preconiza, especialmente aquellos que, como el de Hospitalet, deciden ponerse de parte de la Ley, y por tanto de la Democracia, en vez de apostar por el desacato a la legalidad establecida y a las decisiones de los tribunales, y por tanto a la Barbarie, que promociona el President y su seleccionado grupo de personas que forman el Govern de Cataluña tras haber purgado a todo aquel que simplemente discrepara con ellos. En efecto, suspendidas por el Tribunal Constitucional, tanto la Ley del Referéndum como el bodrio de Ley de Transitoriedad, y admitidas por el Tribunal Superior catalán querellas contra el Govern, que incluso implican cárcel, todos los cargos públicos y, por supuesto, los alcaldes han sido avisados por Fiscalía de los riesgos que corren si colaboran con el ilegal referéndum del 1-O, mientras el Govern les pide que indiquen qué locales cederá cada Ayuntamiento (mal síntoma ya de la ilegalidad que piensan cometer, ya que en elecciones legales ya sabe cada alcalde qué locales públicos tradicionalmente se suelen ceder y ninguna autoridad superior se los pide) para celebrar la ilegal votación, y ante semejante dilema, los alcaldes demócratas, entre los que se encuentran los socialistas, han optado obviamente por no ceder locales para cometer semejantes delitos, como el de prevaricación, desobediencia, cuando no el de malversación de recursos públicos. Desde el punto de vista del totalitario independentismo, grave decisión por parte de los alcaldes del PSC al rebelarse contra la “intimidación y las amenazas” del separatismo, mientras que los alcaldes independentistas, que gobiernan especialmente en los pueblos más pequeños, ya han respondido a Puigdemont que cuente con su colaboración, quedando la incógnita del Ayuntamiento de Barcelona, pues Ada Colau, sabedora de lo que se juega a nivel personal, deja todavía dudas sobre dicha colaboración, mientras critica a Junts pel Sí por olvidar a la mitad de los catalanes, aunque no tenga reparo alguno para reivindicar con su socio Pablo Iglesias en la Diada un “visca Catalunya lliure y sobirana”, lo que como Jefe de Podemos habrá de explicarle al resto de España en el futuro, mientras un juez prohíbe a Carmena ceder edificios municipales para celebrar un acto pro 1-O en Madrid. Y es que, ya ven, Dios los cría y ellos se juntan con un discurso diferente en cada lugar. Por tanto, mientras Nuria Marín se encara con Puigdemont, Ada Colau sigue sin aclarar si cederá locales, aunque afirma que hará lo posible para que se vote, en tanto que... (sigue leyendo en

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POR ENCIMA DE LA LEY

                        Tras las querellas interpuestas, entre otros, contra Puigdemont y Junqueras, el totalitario President de la Generalitat reta a los jueces afirmando “sólo me puede inhabilitar el Parlament” (lo dice él, y punto) y añadiendo “tenemos todo a punto para votar el uno de octubre” (anuncia el delito que va a cometer, y punto). Mas claro, el agua: Puigdemont, retando flagrantemente al Estado de Derecho que le legitima en su cargo, decide situarse por encima de la ley de forma clara y rotunda, lo que evidencia que es un peligroso dictador. En efecto, mientras el Gobierno de España lleva al Constitucional la ilegal Ley de Transitoriedad, la Fiscalía pide hasta seis años para Forcadell y Puigdemont, acusando al President de delitos (cabalmente argumentados) penados con cárcel alguno de ellos, como el de desobediencia (“los querellados se han negado abiertamente a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emanadas del tribunal Constitucional”), prevaricación (“aprobar la convocatoria del referéndum con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo”) y malversación (“los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos”, y además pide como medidas cautelares la exigencia de fianza o embargo de bienes, el cierre de la web del 1-O y la orden a los Mossos para que intervengan el material de la ilegal votación. Pero, ya ven, para un dictador consumado nada de esto importa, la Ley es la que él considere oportuna, se ajuste o no al marco legal establecido. Entretanto, la Guardia Civil ya busca a los impresores del material necesario entre las presuntas imprentas o empresas que supuestamente lo hacen (aunque desde la Generalitat ya dicen que cada uno se las imprima en su casa), según el soplo de los trabajadores, y las rastrea en naves de radicales vascos y de la CUP, que se echa a la calle para agitar la situación y hace escraches a cuarteles de la Benemérita, que sigue el rastro de unas 7.000 guías impresas para el referéndum ilegal, que pierde fuerza tras negarse Colau a ceder locales, escudándose en el Constitucional para suspender su participación en la ilegal consulta y pidiendo a la Generalitat que le aclare qué medidas tomará para no poner en riesgo a los funcionarios, mientras siete de las once ciudades más pobladas de Cataluña no apoyan a los secesionistas de forma rotunda, aunque la mayoría de los ayuntamientos de los pueblos con menor población, controlados por PDeCat, ERC y CUP, ya hayan manifestado estar dispuestos a ceder locales y colaborar con el ilegal referéndum, en tanto que se pone cerco a... (sigue leyendo en

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