martes, 25 de julio de 2017

BURLAR Y HACER BURLAR LA LEY


                        Cuando el esencial cometido de cualquier gobernante de un democrático Estado de Derecho es “cumplir y hacer cumplir” la legalidad, en España sucede todo lo contrario, pues del cerril comportamiento de Puigdemont, anticipando que no acatará una hipotética inhabilitación por parte del TC si convoca el referéndum ilegal y llamando a los catalanes a la rebeldía civil frente al Estado, se evidencia claramente que su esencial cometido, como representante principal del Estado en Cataluña, es “burlar y hacer burlar la Ley”. En efecto, los actuales gobernantes de la Generalitat con Puigdemont a la cabeza, echados al monte del totalitarismo, tras el ultimátum del Gobierno del Estado ordenándoles identificar por su nombre en cuatro días a los interventores encargados de impedir gastos para el ilegal 1-O y advirtiéndoles de su “responsabilidad penal o contable” si mienten, si lo retrasan o si se equivocan conscientemente en su cometido, desafían al Ejecutivo de turno, en este caso al de Rajoy, a que culpe de la ilegal consulta a todo el Govern en pleno, según expresa su portavoz Turull, mientras el independentismo abre dos cuentas bancarias en busca de donativos ciudadanos para costear las posibles sanciones que reciban sus dirigentes insumisos. Entretanto, se genera un cierto estado de alarma en las empresas por semejante desafío secesionista (el 74% de los ejecutivos, según Deloitte, cree que el pulso en Cataluña afecta negativamente a la economía) y escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal: dice Serrat “yo no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría”, añade Eduardo Mendoza “es un proceso descarrilado, el tren corre fuera de las vías” y remata Juan Marsé “la consulta es rigurosamente incompatible con el Estado de Derecho”… y todos ellos son de indudable catalanismo. Pero, erre que erre, Puigdemont, como si dependiera de él, asegura, desafiando al Tribunal Constitucional, que, si se produce, no acatará su inhabilitación e, inhabilitado o no, seguirá siendo el mandamás en Cataluña, mientras planea “elecciones constituyentes” tras la ilegal consulta, pues, si las hiciera coincidir con el 1-O tendría que convocarlas antes del 8 de agosto… aunque, teniendo en cuenta la calaña totalitaria del personaje, se puede esperar cualquier cosa. Mientras tanto, Cataluña urge al Estado 1.760 millones antes de la consulta ilegal para evitar impagos, cuando ya Montoro prestó al Govern otros 1.351 millones para que devolviera deuda pública. Ya ven, la ruina... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

sábado, 22 de julio de 2017

CON LIBERTAD Y SEGURIDAD


                        Mientras el Gobierno de España intenta concentrar la responsabilidad en Junqueras, dando máxima importancia, si llega el caso, a la inhabilitación del Vicepresidente catalán tras haber asumido éste el mando de la ilegal consulta, la Generalitat garantiza que los Mossos no cumplirán la Ley (sorprendente proceder del Govern, institución democrática que ha de ser garante de la legalidad vigente), asegurando cínicamente el nuevo Conseller de Interior que los policías autonómicos permitirán votar en el ilegal referéndum “con libertad y seguridad”, cuando en un Estado de Derecho Democrático es precisamente el Imperio de la Ley y el sometimiento al mismo el que garantiza tanto la libertad como la seguridad de sus ciudadanos. Entretanto, hasta el propio letrado mayor del Parlament de Catalunya tumba la legitimidad del “procés” independentista, censurando que el secesionismo haya contrapuesto “el principio democrático y el principio de legalidad” para “relativizar las reglas del sistema constitucional” y sosteniendo que, ante la falta de una mayoría social el 27-S, el Govern “enfatizó el carácter unilateral del proceso” que ha logrado “escasa receptividad internacional”, con lo que, según el informe, “pretender que el Estado Español mantiene formas autoritarias es un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica”. Por su parte, mientras Colau cae del burro y rechaza ceder espacios para el referéndum, el Gobierno de Rajoy, que evitará de momento tomar el control de los Mossos, decide bloquear los gastos de la Generalitat para la ilegal consulta, por lo que Hacienda, que ya detectó en junio un desvío injustificado para procesos electorales, ya examina las partidas para evitar desvíos al respecto y controlará semanalmente los fondos advirtiendo que cortará la financiación si el Govern destina dichos fondos a sufragar la consulta. Por tanto, Moncloa impone un control semanal y retirará el FLA si se usa para pagar los gastos del referéndum ilegal, mientras, sorprendente e inexplicablemente, el “nueve PSOE” de Sánchez (no sabemos si por decisión directa de sus militantes o de él personalmente) y el PSC (tanto monta, monta tanto) se desmarcan de dicho control del gasto para evitar su mal uso porque “no sirve para resolver el conflicto” (estúpido argumento, ya que lo que se pretende es impedir una concreta ilegalidad inminente). Por su parte el Ejecutivo catalán dice que el Estado se atascará “si se corta el grifo” de la financiación, cuando ello sólo sucedería en caso de que la destinen ilegalmente para garantizar la ilegal consulta, por lo que serían responsables directos de la situación. Y, mientras el independentismo vuelve a caer en los sondeos, el Tribunal de Cuentas da el primer paso para que Artur Mas pague de su bolsillo los gastos del 9-N, en tanto que... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

miércoles, 19 de julio de 2017

SOLDADOS DISPUESTOS A TODO


                        Depurados los consejeros dudosos de no ser totalitarios, el Gobierno catalán da una vuelta de tuerca más en su deriva golpista forzando la maquinaria ilegal, con lo que el Parlament celebrará el día 26 un pleno para modificar el reglamento de la Cámara y activar así la votación del ilegal referéndum. Entretanto, según informes jurídicos del Estado, la Ley catalana del Referéndum anula las garantías electorales de los catalanes, pues Junts pel Sí y la CUP se atribuyen todo el control en la jornada de la ilegal consulta. Y para que, como decía Franco, todo quede “atado y bien atado” los totalitarios separatistas se hacen con el control pleno de la Policía, al nombrar la Generalitat al frente de los Mossos a un independentista convencido, previa dimisión de su Director por discrepancias políticas, generando “incertidumbre” en el Cuerpo, cuyos miembros rechazan ser “instrumentos políticos” de Puigdemont y le advierten que están al lado de la ley, mientras los sindicatos de la policía autonómica protestan por el uso partidista del cuerpo y temen ser forzados a ponerse al servicio de la consulta ilegal. Además, sin reparo alguno, tras esta depuración de los Mossos, Junqueras reclama a la sociedad civil que le defienda, en tanto que el PDeCAT (la antigua CDC de Pujol, ¡quién lo diría!), echada definitivamente al monte, dice que sus “soldados” están dispuestos a todo. Por su parte Pere Soler, que así se llama el nuevo Jefe de los Mossos, sostiene en su último tuit, por si alguien tiene duda de quién es el personaje, “votaremos el uno de octubre, no lo podrán evitar”, pues, tras conocer la decisión del PSOE de abstenerse en la investidura de Rajoy, ya dejó bien claro “espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles” (como ven, hombre tolerante y humilde donde los haya); este es el nuevo general de los “soldados” a los que se refiere el PDeCAT. No obstante, como la Fiscalía actuará contra el Govern por prevaricar si compra las urnas, querellándose contra Puigdemont y Junqueras inmediatamente si finalmente firman el decreto para adquirirlas, la Generalitat no se atreve a comprarlas e impone un apagón informativo, alegando ahora el “asedio” del Estado para aplazar la compra y escondiendo sus planes, sin concretar ni cuándo, ni cómo las adquirirá, ni quién firmará el decreto (como ven, indiscutible ejercicio de trasparencia sin lugar a dudas como a los que nos tiene acostumbrados). Y mientras un pueblo tarraconense, Batea, solicita una reunión con la Subdelegación del Gobierno para explorar fórmulas que le permitan dejar de ser catalán y hacerse aragonés, Junts pel Sí y la CUP, en medio de este oscurantismo, preparan un encierro en el Parlament si fracasa el referéndum. Por su parte, mientras los expertos optan por... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)